Brasil restringió hoy los mecanismos que tenían las mujeres violadas para poder interrumpir el embarazo no deseado, al emitir una resolución por la cual los médicos deben notificar el aborto a la Policía y ofrecer a las víctimas la opción de realizarse una ecografía para ver al feto o al embrión.
Así lo determina una resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión de este viernes por el ministro de Salud de Brasil, general Eduardo Pazuello, que forma parte del reclamo del ala evangélica comandada por la ministra de Mujeres, Derechos Humanos y Familia, la pastora Damares Alves.
En Brasil está permitido el aborto a las mujeres víctimas de violación, con embarazos con riesgo de vida para la madre o con fetos con anancefalia, pero el gobierno de Jair Bolsonaro cambió la normativa impuesta en 2005, por la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que liberaba a los médicos de avisar a la policía del procedimiento.
La nueva resolución dice que se pretende «garantizar a los profesionales de la salud seguridad jurídica para realizar el procedimiento», y obliga a las mujeres a firmar un consentimiento sobre los riesgos y molestias que pueda generar la intervención.
La resolución ocurre dos semanas después de un escándalo a nivel nacional con el aborto realizado en Recife, Pernambuco, a una niña de 10 años que desde los 6 era violada por su tío, con el que vivía.
Grupos bolsonaristas fueron al hospital a amenazar a los médicos y se enfrentaron, sin violencia, con entidades feministas que defendían la interrumpción del embarazo.
Las entidades de defensa de los derechos de la mujer fustigaron la resolución del ministerio.
«El servicio público del aborto legal ahora se transforma en una comisaría de la policía, crea una serie de barreras e ideologiza la ciencia buscando amedentrar a las mujeres que buscan el aborto», afirmó Debora Diniz, del Instituto Anis Bioética, uno de los mas respetados de Brasil.
