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Se realizó la audiencia en la que la Fiscalía de Lago Puelo formalizó la investigación que se lleva adelante en relación al suceso en que Alejandro John perdió la vida en mayo del año pasado. Fueron admitidas las querellas y la presentación de la Secretaría de DDHH de Nación como Amicus Curiae.

El juez Martín O’Connor admitió la apertura formal del proceso, indicando que comienza a correr el plazo de seis meses para la investigación que corre por cuenta del fiscal Carlos Díaz Mayer.

El Patagónico publicó que el hecho ocurrió el 27 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en el interior de la finca sita en Callejón Puch del Barrio Las Golondrinas de Lago Puelo, en la oportunidad de cumplimentarse el procedimiento judicial de registro del inmueble, autorizado por el juez penal Ricardo Raúl Rolón.

La medida se ordenó para el registro del inmueble propiedad de Alejandro «Tino» John, con el objeto de secuestrar armas de fuego, con intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut (GEOP) que entonces dependía del jefe policial Miguel Gómez. El ministro de Seguridad era Federico Massoni.

En momentos en que personal del grupo especial irrumpió en la vivienda de la familia John, quien en vida fuera «Tino» John habría efectuado disparos con un arma de fuego hacia los uniformados, situación que habría sido repelida por personal policial.

En dichas circunstancias, el sargento primero Luis Moggiano, en su calidad de funcionario público como integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut, habría actuado abusando de su función o cargo, al provocarle la muerte a John, quien por entonces padecería algún trastorno psíquico.

El funcionario policial efectuó un disparo de su arma reglamentaria, el que impactó en la región frontal izquierda del cráneo de la víctima. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo grave de cráneo secundario a lesión por proyectil de arma de fuego.

En la mañana del miércoles se desarrolló la audiencia de apertura formal del proceso de investigación.

Se realizó la audiencia en la que la Fiscalía de Lago Puelo representada por el Fiscal Jefe, Carlos Díaz Mayer, formalizó la investigación que se lleva adelante en relación al suceso en que Alvino John perdió la vida. Fueron admitidas las querellas y la presentación de la Secretaría de DDHH de Nación como Amicus Curiae. El juez Martín O’Connor admitió la apertura formal del proceso, indicando que comienza a correr el plazo de seis meses para la investigación.

El hecho habría ocurrido el 27 de mayo de 2021, en horas de la mañana (antes de las 11:00 horas), en el interior de la finca sita en Callejón Puch del Barrio Las Golondrinas de Lago Puelo, en la oportunidad de cumplimentarse el procedimiento judicial de registro del inmueble, autorizado por el juez penal Ricardo Raúl Rolón.

La medida se ordenó para el registro del inmueble propiedad de Alvino John, con el objeto de secuestrar armas de fuego, con intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut (GEOP).

En momentos en que personal del grupo especial, irrumpió en la vivienda de la familia John, quien en vida fuera Martín Alejandro John, habría efectuado disparos, con un arma de fuego, hacia los uniformados, situación que habría sido repelida por personal policial. En dichas circunstancias, el Sargento Primero Luis Moggiano, en su calidad de funcionario público, como integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de Chubut, habría actuado abusando de su función o cargo, al provocarle la muerte a Martín Alejandro John, quien fuera el morador de la vivienda y podía haber estado sufriendo algún trastorno psíquico, violencia y alcoholismo (a quien debían neutralizar y quitarle las armas que tuviese en su poder o custodia). El funcionario policial, efectuó un disparo de su arma reglamentaria, el que impactó en la región frontal izquierda del cráneo de la víctima.

La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo grave de cráneo secundario a lesión por proyectil de arma de fuego.

Durante la jornada del lunes 14 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew en la que la jueza María Tolomei elevó a juicio oral una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según la acusación del ministerio público fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez los hechos ocurrieron el 2 y 3 de abril de 2021, cuando el imputado utilizando su correo electrónico personal, a cuya cuenta tiene asociado la línea telefónica a su nombre y utilizando un servicio de internet en el domicilio donde su pareja es titular de un comercio en Trelew y por otro proveedor de servicios de internet en el domicilio del acusado , procedió a reenviarse a esa misma casilla de correo electrónico, archivos de video en los que se observa material de abuso sexual infantil (MASI).

El teléfono móvil tenía vinculada la cuenta de correo electrónico del imputado, desde la cual se registró el tráfico de MASI contenido en el reporte que dio origen al caso. Además, durante el allanamiento en el domicilio particular del acusado se encontró una computadora portátil vinculada la cuenta de correo del imputado y además tenía instalada una aplicación denominada TOR que suele ser utilizada que suele ser utilizada para poder acceder al material sobre abuso sexual infantil garantizando el anonimato de los usuarios.

Planteo de la defensa

La defensa representada por el abogado particular Fabián Gabalachis había solicitado una pericia técnica sobre el teléfono celular secuestrado a su representado, pero adelantó que no fue posible por recomendación del cuerpo de peritos técnicos de la fiscalía. El defensor había planteado que esa prueba ubicaría a su representado en mejor posición en cuanto al delito imputado. Agregó que para que esa pericia pudiera ser practicada era necesario una orden judicial para que la prestadora del servicio de telefonía móvil restablezca la línea telefónica que fue bloqueada. Así dejó planteado ese requerimiento ya que de esa manera se podrá demostrar que la conducta de su representado no tuvo dolo alguno sino más bien negligencia.

Delito imputado

El delito imputado por la fiscalía es tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor.

Finalmente, la magistrada resolvió declarar admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal respecto del imputado y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal.

Así lo afirmó este lunes Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial de Chubut, en referencia al reclamo que mantienen con el Gobierno Provincial por mejoras salariales.

Cabe mencionar que por estos momentos, un grupo de policías se manifiestan en la rotonda que une las rutas 3 y 39, a la espera de respuestas. Lo hacen pacíficamente y sin cortar el tránsito.

“No estamos conformes con las propuestas del Gobierno y lamentablemente el ministro Ayala se fue y nos dejó plantados, pero queremos que se arregle la situación porque se viene fea la mano”, comentó el propio Moreira en diálogo con El Comodorense Radio.

En este marco, agregó que “tampoco vamos a permitir que nos den migajas y estamos esperando para ver si hay posibilidades de un nuevo encuentro, pero si no hay respuestas es posible que el personal tome la decisión de acuartelarse”.

Este lunes, a partir de las 16 horas, el Gobierno de Chubut mantuvo una reunión con el Consejo de Bienestar Policial tras el rechazo a la última oferta de un aumento del 8% al básico más una suma no remunerativa para el personal de policía provincial.

«La idea es esperar los resultados, aparentemente, por lo que nos comunicó uno de nuestros representantes, el Ministro Ayala se había retirado de la reunión y no hubo acuerdo por el momento», indicó el agente Federico Maldonado.

Los policías concentrados en ruta 3 intersección con rotonda 39, esperan que sus representantes “traten de negociar nuevamente con el ministro, para que continúe la reunión” y desde Comodoro “no tienen pormenores de qué ocurrió dentro del encuentro de negociación, y los motivos de por qué no hubo acuerdo”, informó Maldonado.

“Vamos a esperar el próximo llamado de los representantes del Consejo de Bienestar Policial para ver qué medidas van a tomar”, aseguró.

En la reunión anterior, «la propuesta del Gobierno fue otorgarnos un 8% a partir de noviembre y $25000 como remunerativo no bonificable a partir del 01 de diciembre. Después de un ‘cuarto intermedio’, rechazamos de plano esa oferta porque entendemos que la forma en que se aplican los $ 25000 afectan y perjudican a los retirados y pensionados», alertó.

Piden reducir los plazos, “que se cobre este mes (noviembre), para llegar por lo menos con una diferencia favorable para el mes de diciembre”, señaló el policía.

El Consejo de Bienestar Policial reanudará hoy la discusión paritaria, con la expectativa de tratar de cerrar un acuerdo salarial a poco de culminar el 2022. El Gobierno tiene la obligación de responder a dos propuestas efectuadas por los representantes policiales en la reunión realizada el jueves de la semana pasada.

La negociación se retomará desde las 16 -según lo firmado en acta- en el camping de Seros en Rawson. Será un escenario distinto. Es que ya hubo planteos, a través de las redes sociales, de posibles movilizaciones en distintos puntos de la provincia. En Esquel se convocó a la familia policial a manifestarse en la Plaza San Martín, desde las 16. Y en Comodoro Rivadavia habría reclamos en las rutas 3 y 39; mientras en Rawson los representantes uniformados intentarán acordar la pauta salarial para lo que resta del presente año.

El Gobierno, la última vez, propuso abonar un 8% en noviembre junto a un remunerativo no bonificable de 25 mil pesos, desde diciembre. Los consejeros policiales rechazaron esa oferta. Y solicitaron al ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, que mejore esa oferta.

«Como pedía empatía para llegar al consenso, los representantes policiales presentamos dos propuestas: crear un ítem o código que refleje el 100% del sueldo básico de un sargento de Policía, que en la actualidad es de 40 mil pesos. Y que se anexe al sueldo básico.

La otra opción es la conformación de un punto que establezca que los 25 mil pesos de carácter remunerativo ingresen al 70% del sueldo de un agente para que cada vez que aumente el básico, lo hagan el resto de los ítems.

A José Crettón, de 18 años, “le metieron dos tiros en la cabeza y le cortaron el cuello”, decía uno de los audios revelados durante la última audiencia por la desaparición del joven en la localidad de El Maitén, el pasado 11 de agosto.

Lucas Crettón, tío del joven, manifestó que en el audio queda expuesto que Carlos Paiñepil y Daniel Napal (ex marido de la actual pareja de José) asesinaron a su sobrino. “Para él fue un trabajo, y Napal lo estafó porque le pagó la mitad”, aseguró sobre el acuerdo económico de por medio para llevar adelante el crimen.

Y precisó que los asesinos de su sobrino se vistieron de policías para despistar para sacarlo de su casa y luego matarlo. Los uniformes se los habrían facilitado desde Bariloche, Río Negro, agregó.

En la escucha, Paiñepil cuenta que por las madrugadas se despierta y cuando va a lavarse la cara lo ve al chico, lo que significa que “tiene un cargo de conciencia”.

Tras el secuestro de una pala y una campera con mucha tierra de uno de los detenidos, la hipótesis es que a José luego de asesinarlo lo enterraron en algún pozo. “Se aprovecharon de un chico de 18 años, que jamás peleó, que no era de la calle, trabajaba y tenía una miopía importante, incluso el día de su desaparición Marcela González, que era su pareja, por la mañana había llevado a José al hospital de El Maitén, por una hernia testicular, que le dificultaba el caminar”.

Por lo que cuando lo asesinaron, estaba tirado en la cama y “tres o cuatro hombres se aprovecharon ejecutándolo de esa forma”, manifestó y cuestionó que Paiñepil se encuentre con prisión domiciliaria por problemas de salud. «Se tendría que estar muriendo tras las rejas, no en su casa”, afirmó a Cadena Tiempo.

“Ya sabemos que está muerto y ahora necesitamos el cuerpo, para cerrar esta dolorosa etapa, porque así no se puede continuar”, expresó el tío del joven.

Autoridades del Gobierno se reunieron con el Consejo de Bienestar Policial (Copipol) a fines de intentar acordar un acuerdo de incremento salarial. Sin embargo, las partes no pudieron avanzar porque las autoridades propusieron el pago de una suma fija de 14 mil pesos, mientras que los representantes policiales pretendían un aumento que lleve el básico a 150 mil pesos.

La reunión se concretó el jueves por la tarde en Rawson y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 2 de noviembre ya que no hubo acuerdo entre las partes.
En la ocasión el Ministro de Gobierno, Cristian Ayala, ofreció un incremento por suma fija (remunerativo no bonificarle) de 14 mil pesos.

Por su parte, desde el Cobipol se planteó un aumento del 45% para el básico del agente Comando ingresante, para que el haber del policía recién recibido llegue a los 150 mil pesos.

En este contexto, Provincia expresó la «imposibilidad» de otorgar el aumento planteado y se comprometió a realizar una nueva oferta en la reunión de la semana próxima.

El hecho se registró esta mañana a la altura del barrio Malvinas. Una vecina alertó a los efectivos policiales sobre la situación luego e escuchar los gritos de la joven.

En la mañana de este martes, se registró una preocupante situación en el sector de vías, en barrio Malvinas.

Se trata de un intento de abuso a una joven de 17 años, por parte de un hombre que no pudo ser encontrado aun por los efectivos policiales.

La situación se registró cerca de las 10 de la mañana, cuando la menor se dirigía al gimnasio, caminando por el sector de vías, a la altura del barrio Malvinas.

En ese momento, fue abordada por un hombre que, le bajó el pantalón e intentó abusar de ella.

Una vecina del lugar, escuchó gritos y, al percatarse de la situación, llamó de inmediato a la Policía.

El sujeto logró huir del lugar. Varios efectivos policiales recorrieron el lugar en patrulleros, motos y a pie, para intentar dar con el mismo.

 

Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Santiago Goodman en la causa en la que fue condenado a tres años de prisión en suspenso, en diálogo con Crónica se refirió a la pena que recibió el sindicalista por los incidentes que se dieron en inmediaciones a la Legislatura en Rawson el 17 de septiembre del 2019. El letrado hizo un crudo y crítico análisis sobre el accionar de la policía y volvió a denunciar un operativo ilegal por parte de la fuerza, al resaltar que fue la propia policía la que admitió durante el juicio haber filmado la manifestación de los docentes ese día en las afueras de la Legislatura, algo que está prohibido e incluso penado por la ley. “Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, aseguró.

El pasado miércoles 17 de agosto, la jueza María Tolomei condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión en suspenso por los incendios ocurridos en la Legislatura en Rawson durante el 17 y 18 de septiembre de 2019, durante las protestas que llevaban a cabo los docentes por reclamos salariales. El fallo fue apelado por Juan Manuel Salgado, abogado defensor de Goodman, quien en una entrevista con este diario se refirió a la condena del ex secretario general de ATECh.

“Santiago tuvo una condena en suspenso de tres años de prisión, él ahora tiene que cumplir ciertas condiciones que puso la jueza, y si llega a tener otra imputación, ahí sí podría ir preso, en el caso de que esta condena quede firme. Para que esta condena quede firme, tiene que ser confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente, por la corte. Nosotros hemos apelado, justamente, para que no quede firme”, señaló el letrado.

Un dispositivo ilegal y delictivo

“El problema con esta causa, que es algo muy grave, es que aparece un dispositivo ilegal, de carácter delictivo, que la policía de nuestra provincia viene utilizando desde hace varios años. Hay una ley de inteligencia interna que prohíbe expresamente hacer lo que ellos hicieron, que es filmar las manifestaciones. Esa ley, lógicamente, establece penas, y esas penas son tan grandes como la que se le imputa a Goodman, pero es más grave porque, en este caso, lo hace el Estado, con los fondos de todos los chubutenses. Durante el juicio, uno de los policías, con toda naturalidad, dijo que ellos siempre hacen esto, que lo venían haciendo desde antes y que lo siguen haciendo, incluso se refirió al conflicto que en ese momento tenía el gremio de la pesca, en donde ellos también filmaban las manifestaciones de protesta social, como si eso fuera algo normal”, planteó Salgado.

En esta línea, el abogado fue sumamente crítico al afirmar que la fuerza policial de esta provincia, constantemente viola la privacidad de las personas al investigar redes sociales personales, algo que está prohibido para los funcionarios del Estado. “No hablamos de algo que hacen por su cuenta, es parte de la organización, porque los propios comisarios les dijeron en su momento cómo hacerlo. Se movilizaban en vehículos no identificables, en lugares estratégicos, y desde esos lugares filmaban.

Incluso, contaron que empezaron a filmar horas antes de que sucediera algo. Es decir, antes de que pase algo, ya contaban con filmaciones para identificar a las personas que van a las manifestaciones populares. Esto es algo que está expresamente prohibido y castigado como delito. Esto es lo que se tiene que discutir realmente, que la policía actúa como una banda de delincuentes” afirmó.

El entrevistado puntualizó además en que no solo hay una ley en el país que prohíbe expresamente la filmación de las manifestaciones populares, sino que también es algo que está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Han adoptado un dispositivo que tiene por objetivo perseguir a los ciudadanos, porque filmarlos y registrar en dónde están es una forma de persecución, y eso es un delito, y esto no es algo que solo compromete al policía que admitió esto durante el juicio, sino que además compromete a la cúpula de la institución, que fue la que dio la orden para que se cometiera el espionaje ilegal. Esto es algo gravísimo, y no va a quedar acá. Vamos a ir a todas las instancias internacionales posibles”, subrayó Salgado.