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La policía le secuestró 14 sándwiches a vendedores ambulantes en Comodoro Rivadavia. Ocurrió durante un control vehicular por parte de personal policial en el centro de la ciudad.

Los efectivos detuvieron la marcha de Chevrolet Corsa con dos ocupantes quienes manifestaron ser vendedores ambulantes. Les pidieron la autorización municipal para la venta, así como el carnet sanitario y toda la documentación que se requiere para la venta de ambulante. Pero los dos hombres, de 18 y 32 años, no contaban con ningún tipo de documentación.

Asimismo, se constató que la mercadería estaba siendo trasladada sin ningún tipo de preservación, poniendo en riesgo la salud de quien pudiera comer dichos productos sin refrigeración.

Ante esta situación, se procedió a decomisarles 14 sándwiches que fueron trasladados a la comisaría. No obstante, la situación no terminaría ahí es que además del secuestro de sus productos, se constató que no tenían carnet de conducir ni toda la documentación completa por lo que se les terminó secuestrando el auto también.

La Renault Duster a la que se habrían subido al menos dos encapuchados que atacaron a cascotazos a la comitiva del Presidente el sábado pasado en la cordillera, en la visita de Alberto Fernández a la zona de los incendios; pertenece a la División de Investigaciones que responde al subjefe de la Policía del Chubut, el oscuro y polémico Néstor “El Tero” Gómez Ocampo.

Un comisario relacionado a un narcotraficante de Puerto Madryn llamado Omar “El Cura” Segundo, quien extrañamente ahora en vez de estar en la cárcel cumple en su casa con prisión domiciliaria, una condena a 9 de prisión por intentar traficar a España más de 100 kilos de cocaína.

El vehículo oficial sin identificaciones de la policía del Chubut está asignado al área “Drogas Peligrosas” de Esquel y se utiliza habitualmente para trasladar a personal policial que no usa uniforme, que trabaja de incognito investigando casos relacionados al narcotráfico en Chubut. A veces realizando seguimientos ilegales o haciendo espionaje a periodistas opositores al Gobierno de Mariano Arcioni.

Si se confirma que los encapuchados que atacaron a cascotazos la combi del Presidente se movilizaban en ese rodado y que actuaron como “infiltrados” para desmadrar la visita del primer mandatario a la zona de los incendios; se estaría ante un gravísimo hecho de alcances pocas veces visto en la provincia y el país, en el que terminaría involucrado hasta el mismísimo ministro de Seguridad Federico Massoni, quien horas después de lo acontecido en la cordillera, muy suelto de cuerpo, salió desde una conferencia de prensa en Rawson a “lavarse las manos” del atentado al vehículo que transportaba a Fernández, la primera dama y el resto de la comitiva.

A la Renault Duster gris, con vidrios laminados oscuros, chapa patente NZX 682 la intento detener un grupo de vecinos después que observaran a los agresores que se subían a ese rodado, pero su conductor al verse rodeado por los testigos salió a gran velocidad –como se ve en un video filmado con un celular—y casi los atropella.

Ahora, es extraño que conociendo que venía el Presidente de la Nación a la cordillera el ministro Massoni y toda la cúpula de la policía se hayan quedado en Rawson. ¿O sabían de antemano lo que iba a ocurrir y para “no quedar pegados”, directamente optaron por no ir?

El sábado 13 de marzo el presidente Alberto Fernández visitó la zona de la Comarca Andina afectada por incendios de bosques desde el martes pasado y donde aún hoy continúan focos activos. Donde cerca de 500 viviendas fueron destruidas por completo o tuvieron daños parciales en Lago Puelo y El Hoyo.

Y donde al día de hoy se cobró la vida de dos personas: el peón rural Sixto Garcés y de una mujer de 51 años de Las Golondrinas, que se encontraba internada en Bariloche.

Alberto Fernández en su visita anunció la entrega de ayuda por $773 millones de pesos para las zonas de incendios. Pero las imágenes y la noticia fueron los incidentes que se sucedieron a la salida del centro cultural donde el presidente hizo los anuncios y la conferencia de prensa.

Rápidamente los medios nacionales y provinciales, miembros del Gobierno nacional y provincial y de la oposición acusaron a los activistas ambientales por los hechos y lanzaron una campaña de estigmatización contra quienes en la provincia defienden el agua y se oponen a la megaminería. Así el Diario Jornada en su editorial del domingo acusa al «ambientalismo, la izquierda y un antiperonismo siempre latente».

Ante esta campaña las organizaciones ambientalistas salieron rápidamente a denunciar que los que provocaron los incidentes, los que arrojaron las piedras contra la camioneta donde viajaba el presidente fueron dos policías de la provincia de Chubut que estaban infiltrados en la concentración y que abordaron para escaparse una camioneta Duster patente NZX 682 que pertenece a la División de Investigaciones de la provincia según consta en el Boletín oficial del municipio de Lago Puelo número 27/20, publicado el 17 de diciembre de 2020.

Un coctel explosivo: la visita del presidente, la crisis provincial, el crimen ambiental, la megaminería y las divisiones en el PJ

Como reflejan este domingo diarios y portales de la provincia y también nacionales, la provincia de Chubut concentra una grave crisis económica desde hace 3 años, que el gobernador Arcioni viene descargando sobre los trabajadores y el pueblo, cuya manifestación más clara es el atraso del pago en los salarios a los trabajadores provinciales desde el 2019. Ejemplo de ese ajuste es que le adeudan dos meses de salario a las brigadas de lucha contra el fuego.

A su vez, el gobernador y todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial (24 de 27 legisladores son de distintos sectores del peronismo, todos aliados o integrantes del Frente de Todos) son promineras.

Alberto Fernández -que este sábado intentó despegarse del gobernador- se reunió en enero con Arcioni para apoyar la iniciativa de zonificación minera que habilita la explotación del 70% del territorio a manos de Pan American Silver y otras multinacionales.

En ese marco, la visita presidencial llegó en un momento en donde la bronca social es importante. Los incendios que arrasaron con miles de hectáreas de bosques, cientos de casas y con la vida de dos habitantes de la Comarca, por responsabilidad de los gobiernos que no ejecutan los presupuestos para el plan nacional de combate al fuego y ajustan este sector, son una fuente de enorme malestar.

¿Una provocación de Arcioni y Massoni?

Las imágenes de la patente del auto, el Boletín Oficial de Lago Puelo y la identificación de los policías por las organizaciones ambientalistas -además de que el gobernador llegó al encuentro del presidente Fernández con un micro completo en el que viabaja una patota de la UOCRA- podría abrir una nueva crisis en el gobierno provincial.

Que se trate de una provocación política montada por el oficialismo provincial no es algo a descartar. Al Gobierno de Arcioni le serviría para continuar su línea de criminalización y persecución a los ambientalistas que se organizan en la Unión de Asambleas de la Comunidad de Chubut y que se oponen desde hace 18 años a la megaminería. Se trata de una línea que se puede verificar en los ataques y acusaciones contra las comunidades mapuches por ser los promotores del incendio y así podemos seguir una larga lista de ataques del gobernador y su ministro de Seguridad contra los que luchan y los pueblos originarios.

Estos hechos tienen como marco que el Gobierno quiere aprobar la zonificación minera el 16 de marzo, luego de haber fracasado en su intento del 4 de marzo pasado donde decenas de miles se movilizaron en la provincia, se cortaron rutas y se ganaron las calles al grito de #NoEsNo.

En los próximos días veremos cómo se sigue desarrollando esta crisis política en la provincia. Pero ante estos incidentes crece la idea -como ante los incendios, la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa la provincia- es que «Arcioni es responsable».

El pasado 26 de marzo de 2020, aproximadamente las 14 horas, en la vereda de la casa de Teniente Coronel de Roa 2202 de Playa Unión, el empleado policial Elías Perfecto Saavedra, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones, disparó con su arma de fuego reglamentaria y mató a una perra mestiza con rasgos de pitbull de nombre Tita, perteneciente a los moradores de ese domicilio. El policía aseguró que la perra lo habría mordido en su pierna izquierda.

Según la Fiscalía, el efectivo policial excedió el marco de sus funciones y cometió un acto de brutalidad contra el perro; y pidieron la elevación de la causa a juicio, por considerar que todos los testimonios, sumado a las pericias se deben esclarecer en juicio oral y público.

Tras escuchar a todas las partes, el juez Fabio Monti, en audiencia preliminar realizada en la oficina judicial de la ciudad de Rawson por sistema de videoconferencia, finalmente resolvió elevar la causa a juicio oral y público.

La calificación escogida por el fiscal Osvaldo Heiber fue la de “infracción al art. 3° inc. 7° de la Ley de Protección Animal N° 14.346, Daño (art. 183 CP), el delito de Abuso de autoridad (art. 248 CP), todos ellos en concurso ideal (art. 54 CP) en carácter de autor de dichos ilícitos (art. 45 del Código Penal), en virtud de este marco punitivo esta Fiscalía entiende que la pena prevista será de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por dos años.

Los argumentos

La querella, a cargo del doctor Damián Dantonio, estuvo presente junto a la dueña de la perra Tita, coincidió con los argumentos acusatorios realizados por la fiscalía de Rawson, y pidió que la causa sea elevada a juicio donde se podrá probar todo y si existen contradicciones o no eso se deberá verificar en el juicio. También refirió al gran número de vecinos que presenciaron el incidente y el accionar del único responsable, “quienes además le dan consistencia a nuestra querella”, índicó Dantonio.

Pidió dos años de prisión condicional, por abuso de autoridad, refirió a la acción desmedida, sorpresiva y abusiva del imputado.
Por su parte, la defensa fue ejercida por los doctores Rodrigo Miquelarena y Martin Castro, ambos indicaron que el testigo, también empleado policial, Adrián Pala vio como el can había atacado al policía, y que sus dueños no pudieron detenerlo; y tras el segundo ataque, el policía había realizado el disparo.

Asimismo, el perito Enhes ratificó que el disparo fue de arriba para abajo, en consonancia con los testigos.

Estos testigos por parte de la defensa, ambos policías, señalaron que se bajaron del auto, uno de ellos ingresó al terreno, quedando Saavedra en el medio de la calle, lugar donde fue atacado, indicó Castro y afirmó: “No existe seriedad para elevar la causa a juicio”. De esta forma, se opuso a la elevación a juicio y solicitó el sobreseimiento de Saavedra, considerando que su accionar fue en defensa propia.

Fuente: Diario Web

Se trata de un hecho inédito en la provincia. El efectivo policial mató a «Tita» cuando patrullaba las calles en marzo del 2020. Ahora deberá enfrentar un juicio por crueldad animal.

El caso de «Tita» , una cachorra de un año, asesinada por un policía con su arma reglamentaria en Playa Unión. Se convertirá en el primer caso donde un policía en Chubut irá a juicio por crueldad animal. El agente la mató de un disparo el 26 de marzo de 2020 cuando patrullaba por las calles de Playa Unión.

Elías Saavedra, es el policía, que deberá enfrentar un juicio oral y público por crueldad animal. Durante una de las audiencias , declaró que la perra lo mordió en su pierna izquierda, mientras recorría las calles, luego ingresó al patio donde vivía la perra con su familia y le disparó un balazo con su arma reglamentaria de 9 milímetros. La justicia definió que vaya a juicio oral y público bajo la calificación dispuesta por la Ley Contra el Maltrato Animal y en abuso de autoridad.

La bala ingresó al cuello y salió por la región ventral. Provocó una hemorragia pulmonar aguda que determinó la necesidad de sacrificarlo, no obstante llevarla inmediatamente a una clínica veterinaria para salvarlo, indicó Diario Jornada.

Marion Castillo, la dueña de Tita, aseguró que “esta decisión es importantísima, ya que sienta un precedente en la defensa por los derechos del animal y tratar de hacer caer los paradigmas sobre como está tipificado el animal, como se lo trata como un objeto y como que no son parte de la familia, sino una propiedad», señaló.

Y reconoció que «sin dudas estamos instalando un precedente con Tita y velamos que la Justicia pueda involucrar los sentimientos que una familia tiene hacia sus animales con los cuales se relaciona y vive diariamente”.

Mientras el país se debate en una crisis social que dejó varios muertos, heridos y detenidos en diversas regiones, la imagen de una religiosa arrodillada con sus brazos abiertos frente a los efectivos armados se volvió viral en las últimas horas.

La monja Ann Rose Nu Twang se volvió viral en Myanmar por una imagen fuerte, en la que se la ve arrodillada frente a un grupo de policías, con los brazos extendidos en cruz, en medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado. Según dijo, les pidió que «no dispararan porque había chicos en la zona».

Lo cierto es que dos policías hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Myitkyina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, el pasado 1 de febrero.

El acto de valentía de Nu Twang fue muy compartido en las redes sociales del país, mayoritariamente budista y no era la primera vez que lo realizaba. El 28 de febrero, la religiosa de 45 años ya se había distinguido al ponerse de rodillas frente a las fuerzas de seguridad en lo que muchos definieron como un “momento Tiananmen”, en alusión al hombre que detuvo un tanque en la Plaza Tiananmen durante la protesta de los estudiantes chinos en Pekín en 1989.

Cabe destacar, que el lunes 8 de marzo, al menos tres manifestantes murieron en la zona. No se sabe con certeza de dónde procedían los tiros, pero la policía y el ejército no dudaron en usar munición real desde que empezó la insurrección pacífica contra el golpe.

La policía y el ejército lanzaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud, que levantó barricadas con chapas. En medio de los incidentes, sor Ann Rose se acercó a las fuerzas de seguridad.

“Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije: ustedes váyanse primero. Les supliqué que no dispararan contra los niños, que en lugar de ello me mataran a mí. Levanté las manos en señal de perdón”, contó la monja a la agencia de noticias AFP.

“Fue un momento de pánico. Estaba en medio y no podía hacer nada”, explicó, aunque aseguró que ella “no tenía miedo”.

Otras dos monjas llegaron para apoyarla. “Paren, están torturando y matando a gente. Es por eso que la gente está enojada y se manifiesta”, lanzó una de ellas.

Pero, no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar, recordó. Unas imágenes divulgadas por redes sociales muestran a manifestantes inmóviles y cubiertos de sangre, uno de ellos con la cabeza medio arrancada.

Al menos 60 civiles murieron desde el golpe y más de 1.800 fueron detenidos, según la Asociación de asistencia a los presos políticos. Los medios del estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles, y aseguran que las fuerzas de seguridad deben “contener los disturbios tal y como dicta la ley”.

Los bares y otros negocios trabajaron durante la madrugada. Hubo nuevas protestas y cacerolazos en contra de la decisión de volver a fase 1. No se registraron clausuras pero el municipio labró actas.

Tras la masiva manifestación en la capital formoseña en contra de las restricciones impuestas por el gobernador Gildo Insfrán, que terminó en incidentes y represión, los comerciantes desafiaron las medidas y abrieron los locales el viernes por la noche. Además, hubo un cacerolazo multitudinario a última hora.

La orden de que la ciudad regresara a la fase 1 de cuarentena terminó por enfurecer a empresarios, comerciantes y ciudadanos en general que llevan un año tolerando fuertes restricciones. Y salieron a la calle, desobedeciendo la orden directa.

Aunque las protestas comenzaron la noche del jueves, los incidentes se produjeron el viernes, cuando la policía reprimió a los manifestantes. El desalojo dejó varios heridos y, al menos, 93 detenidos. Pese a los balazos de goma y los gases lacrimógenos vencidos que lanzaron los uniformados, a la noche los vecinos volvieron a la vía pública con bocinazos: “La provincia se despertó”, resumió uno de los manifestantes.

“No teníamos piedras y la policía nos reprimió. Ahora siento alegría, mucha emoción. Nunca conocí otro gobernador. Hoy cambió Formosa, ya no tengo miedo”, expresó una mujer a TN en medio de los cacerolazos y bocinazos de la noche.

La marcha del viernes canalizó el reclamo de miles de comerciantes y pequeños emprendedores formoseños que gritaron, a coro, “queremos trabajar”, y sirvió de impulso para que reactiven su actividad, en un acto de rebeldía frente a las autoridades de Formosa.

Ante los hechos, la reacción del Gobierno -a través de la Secretaría de DDHH- fue desafiante. El organismo que dirige Horacio Pietragalla culpó a “los medios hegemónicos” y a la oposición de la violencia.

A través de un comunicado publicado en Twitter, criticó “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes -que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial-, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”.

También repudió “la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la Gobernación”.

En la misma línea, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a TN.com.ar que Sabina Frederic pidió que “se tomen las medidas que correspondan para identificar las responsabilidades de la policía de Formosa”. También le solicitó al gobierno provincial “que cumpla con los protocolos de uso racional de la fuerza en contexto de protesta social, que este Ministerio aprobó y recomienda”.

Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Según explicaron los voceros consultados, en horas de la madrugada, personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad que cumplía funciones en las cercanías de Echeverría y Washington, en Belgrano, se acercó a las tres mujeres, quiénes le preguntaron dónde era el domicilio de Zulemita Menem para hacerle entrega del anillo que le fue sustraído al expresidente de la Nación.

Lo devolvió la madre, la tía y la prima del enfermero que está prófugo de la Justicia acusado del robo.

“Eran las 2.45 y no era normal la situación. Entones un oficial que estaba en un garita en las cercanías donde caminaban las mujeres se acercó y le preguntó qué hacían. Entones, ellas respondieron que buscaban la casa de Zulemita para hacerle entrega del anillo sustraído”, explicó una de las fuentes consultadas.

El cuestionado funcionario cada vez que lidera esos operativos callejeros en los que se hace fotografiar y filmar, incurre en conductas delictivas cuando revisa bolsos a transeúntes, interroga a personas demoradas o al ingresar a viviendas que están siendo allanadas por la policía, sin tener autorización para hacerlo. Él, no es juez ni fiscal: es un ministro, una autoridad política que muchas veces confunde su rol, creyéndose también un jefe policial.

No debería andar pidiendo documentos haciéndose el policía en un control, ni tampoco revisando vehículos o controlando si el que maneja ha bebido alcohol o no.

Massoni no tiene “estado policial” por más que sea el ministro de Seguridad de la provincia y eso pareciera que no lo entiende, entonces se extralimita, se excede; cae en el atropello, en la violación a la Constitución. A las leyes.

Todo lo hace impunemente, porque se siente protegido por Miquelarena y sus fiscales; de lo contrario debería tener ya un rosario de causas penales abiertas.

El otro día, en Comodoro, encabezó una seguidilla de allanamientos por el robo de las vacunas contra el COVID del hospital regional, en los que los del GEOP les rompieron las viviendas a varios empleados del nosocomio que aparentemente nada tuvieron que ver con el ilícito. Sin embargo, no se lo vio a Massoni en el allanamiento que se hizo por el mismo tema en la sede de “Camioneros” de la ciudad petrolera. Allí, la policía de Massoni cuidó de no destruir nada. Todo es así en las actitudes de este polémico personaje.

 

 

En el marco del Acto oficial por el 120° Aniversario de Comodoro Rivadavia, trabajadores estatales y docentes fueron reprimidos por la Policía, mientras se manifestaban reclamando los salarios adeudados por el Gobierno Provincial.

Este mediodía, trabajadores estatales se concentraron en Km 5 a fin de reclamar el pago de los salarios adeudados.

Ante esta situación, intervino la Policía forcejeando de esta manera con los docentes.

Fuente: El Comodorense.