En una denuncia penal que presentaran en la fiscalía en los próximos días lo involucran en maniobras con las cuales se violaba la intimidad de las personas, accediéndose a datos confidenciales. Con esas prácticas, Massoni conocía hasta lo que comían, lo que consumían, hacían o dejaban de hacer aquellos ciudadanos que debían tramitar un permiso para circular y que eran gran parte de la población.
Estos delitos, que por lo general se cometen utilizando la informática, estarían enmarcados en el Artículo 157 bis del Código Penal y tienen penas severas para aquellos funcionarios que los comenten.
El que un funcionario –solapadamente– haga espionaje sobre los ciudadanos y en democracia es muy grave; y más lo es si se suma la utilización de la policía para ir en contra de los derechos de las personas como ocurrió en Trelew y otras ciudades de la provincia con detenciones ilegales, apremios o vejaciones, tal como se lo puso en evidencia en su momento, en esas cuarenta denuncias que todavía no tienen ninguna definición en la Justicia.
Pese a la lentitud que están demostrando los fiscales, el polémico ministro de Seguridad de la provincia debería irse preparando para afrontar más de un proceso penal en su contra y más de un pedido de juicio político buscando su destitución. Revelan en el Poder Judicial que ya se estarían preparando algunas cedulas de notificaciones al respecto.
