El dictado del decreto Nº 196 del pasado 29 de Marzo, que suspende los efectos de las medida cautelares, sentencias y medidas de ejecución que ordenen al Estado provincial al pago de los haberes adeudados, merece el repudio del Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, al considerar a dicha medida como burdamente inconstitucional.
La falta de pago en tiempo y forma de los salarios y haberes jubilatorios en la provincia del Chubut ha llevado a que empleados provinciales y jubilados del Instituto de Seguridad Social y Seguros, ejerciendo sus derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades, acceder a la justicia y en defensa de la propiedad privada, iniciaran diversas acciones judiciales en las cuales la justicia ha reconocido la legitimidad de los reclamos e intimado al gobierno provincial o entidades autárquicas al pago de las sumas devengadas y no abonadas, como al pago en término de las que se devenguen en el futuro.
El decreto cuestionado no respeta la forma republicana de gobierno, desnaturaliza el principio de administración de justicia, pretendiendo impedir que poder judicial ejerza las funciones que le son propias, y sólo tiene por objetivo evitar cumplir con una de las principales obligaciones del Estado como es el pago de los salarios adeudados en razón de la crisis provincial, que no tiene otro origen que la impericia de los que tienen a su cargo la gestión pública.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ratificada recientemente por la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, ha sostenido que la emergencia económica invocada por el gobierno provincial no es de aplicación a estas cuestiones de carácter alimentario, en tanto las relaciones entre acreedores y deudores son de la exclusiva competencia del Congreso Nacional y el ejercicio de la jurisdicción originaria no puede ser limitada ni restringida por normas provinciales.
Por último, señalaron los representantes de los abogados madrynenses, el dictado de esta norma cuestionada coloca al gobernador Mariano Arcioni ante la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal y a los ministros que han suscripto el decreto como partícipes necesarios de la conducta ilícita.