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La institución consiguió el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Aseveran que es imposible garantizar el servicio de justicia por el atraso salarial que en algunos momentos llegó hasta tres meses.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn envió una nota con fuerte acompañamiento de instituciones provinciales y nacionales, solicitando la intervención de la Organización de las Naciones Unidas ante la falta de pago de los haberes y la crisis que eso genera el Poder Judicial de Chubut.

Frente a la gravísima crisis institucional que atraviesa la Provincia del Chubut, con trabajadores estatales y jubilados que perciben sus haberes con notables retrasos y que al reclamarlos por las vías legales correspondientes no tienen una respuesta acorde del Poder Judicial, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, con el apoyo del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, planteó esta situación critica a la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), entidad que nuclea a todos los Colegios de Abogados del país.

“Es así, que con fecha 26 de febrero de 2021, la Mesa Directiva de FACA emitió su resolución, acompañando la petición de nuestro Colegio, expresando su preocupación por la crisis institucional que atraviesa nuestra Provincia y solicitando la intervención del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y asegurando la observación de los artículos 7, 8 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, sostiene el escrito al que tuvo acceso Metadata Noticias.

En el escrito, la FACA advierte “la preocupación” existente “por la grave crisis institucional que atraviesa el Poder provincial” y por esto “exhortan a que se arbitre los medios necesarios para garantizar el debido acceso a la justicia”.

“En vistas de los recurrentes atrasos salariales que sufren los funcionarios públicos, entre ellos los Magistrados del Poder Judicial del Chubut, se han iniciado distintas acciones judiciales para procurar garantizar el cobro en legal tiempo y forma de los haberes”, puntualiza el comunicado al que tuvo acceso este portal.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados remarca que “esto pone en evidencia una clara denegación de justicia, resultando atentatoria de la independencia de poderes y más aún contra la tutela judicial efectiva y oportuna”.

Con el fin de conocer los aspectos más relevantes del ejercicio de la abogacía, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) publica el informe “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”, realizada en el marco del Proyecto “Improving Access to Civil Justice in Latin America”, en conjunto con Global Affairs Canada (GAC).

El informe es resultado de una investigación empírica centrada en el diagnóstico de dos de los aspectos más cruciales en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas: la formación académica universitaria que reciben los y las estudiantes de Derecho y las modalidades de control existentes sobre el ejercicio privado de la profesión.

El documento constituye una primera aproximación de CEJA en la materia y tiene como fin generar un foco de discusión sobre las responsabilidades de los colectivos profesionales, universidades y los Estados en la determinación de cuáles son los estándares que deben demandarse de quienes ejercen la abogacía, y qué tipo de profesionales requiere la sociedad para la concreción de sus legítimas aspiraciones.

El prólogo del informe está a cargo de Alberto Binder, quien elabora una propuesta de investigación empírica en la materia y establece las áreas más críticas a considerar en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

“Fuera de los tópicos comunes, tales como el impacto de la tecnología —o ahora de la pandemia— la hipótesis es que no tenemos una práctica de proyección de las necesidades jurídicas de la sociedad y, por ende, poco podemos saber sobre el tipo de abogado que necesitará esa sociedad”, señala Binder.

Al respecto, Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA, señala que el rol de abogados y abogadas no sólo debe contribuir al mantenimiento de la paz social, promoviendo el uso de los mecanismos adecuados para la solución de los conflictos, sino también a un ejercicio ético y responsable de las acciones judiciales al interior del sistema de justicia.

“Esa idea tan extendida de que los intereses de los abogados y abogadas se contraponen a los anhelos de la sociedad, es sumamente dañina y problemática. El ejercicio de la abogacía se fundamenta en la necesidad de limitar los excesos del poder y en la protección de los grupos sociales desfavorecidos a través del cumplimiento efectivo de la ley”, adelanta Fandiño.

Contenidos del estudio realizado por CEJA

El documento, aborda entre otras importantes temáticas, el ingreso de la mujer a la carrera jurídica universitaria, como una de las más trascendentales transformaciones que experimenta la educación universitaria y jurídica, así como el ejercicio de la abogacía en la región, a lo largo del siglo XX.

También, se analiza cómo se ha incorporado la problemática de género en la formación jurídica. La investigación de CEJA (2020) respecto de una muestra acotada de universidades en Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México, da cuenta de la escasa presencia de iniciativas orientadas a la incorporación de la temática de género en la formación jurídica, así como una mínima presencia en las mallas curriculares de cursos referidos a diversos grupos vulnerabilizados.

Control profesional

Respecto al control de la profesión, CEJA (2020) ha identificado tres escenarios en relación con el ejercicio de la abogacía. En Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, se ha optado por delegar la regulación de la profesión a los colegios profesionales, que cuenta con texto legal en virtud del cual se justifica la obligatoriedad de la colegiación.

En Bolivia, en tanto, se ha optado por no delegar tal control, regulando aspectos importantes del ejercicio por medio de ley y una entidad gubernamental creada al efecto, dependiente del Ministerio de Justicia. Situación similar ocurre en Chile, con la importante diferencia que en este país no se ha dictado ninguna regulación normativa relativa a la abogacía, perpetuándose la aplicación de códigos y procedimientos disciplinarios transitorios. Por su parte, México no cuenta con regulación.

Fuente: CEJA

El dictado del decreto Nº 196 del pasado 29 de Marzo, que suspende los efectos de las medida cautelares, sentencias y medidas de ejecución que ordenen al Estado provincial al pago de los haberes adeudados, merece el repudio del Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, al considerar a dicha medida como burdamente inconstitucional.

La falta de pago en tiempo y forma de los salarios y haberes jubilatorios en la provincia del Chubut ha llevado a que empleados provinciales y jubilados del Instituto de Seguridad Social y Seguros, ejerciendo sus derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades, acceder a la justicia y en defensa de la propiedad privada, iniciaran diversas acciones judiciales en las cuales la justicia ha reconocido la legitimidad de los reclamos e intimado al gobierno provincial o entidades autárquicas al pago de las sumas devengadas y no abonadas, como al pago en término de las que se devenguen en el futuro.

El decreto cuestionado no respeta la forma republicana de gobierno, desnaturaliza el principio de administración de justicia, pretendiendo impedir que poder judicial ejerza las funciones que le son propias, y sólo tiene por objetivo evitar cumplir con una de las principales obligaciones del Estado como es el pago de los salarios adeudados en razón de la crisis provincial, que no tiene otro origen que la impericia de los que tienen a su cargo la gestión pública.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ratificada recientemente por la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, ha sostenido que la emergencia económica invocada por el gobierno provincial no es de aplicación a estas cuestiones de carácter alimentario, en tanto las relaciones entre acreedores y deudores son de la exclusiva competencia del Congreso Nacional y el ejercicio de la jurisdicción originaria no puede ser limitada ni restringida por normas provinciales.

Por último, señalaron los representantes de los abogados madrynenses, el dictado de esta norma cuestionada coloca al gobernador Mariano Arcioni ante la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal y a los ministros que han suscripto el decreto como partícipes necesarios de la conducta ilícita.

Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el 18 de enero pasado en Villa Gesell, pidieron que nueve de los rugbiersvayan a juicio por el crimen. Para uno de ellos, la fiscal del caso había solicitado el sobreseimiento, y los abogados pidieron que sea juzgado junto a los otros ocho acusados por su muerte.

Según consignó Télam con información de fuentes judiciales, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la querella, solicitaron a David Mancinelli, juez de Garantías de la localidad balnearia que Alejo Milanesi, de 19 años, también vaya a juicio oral por el crimen.

Actualmente el joven se encuentra en libertad y es uno de los dos imputados para los que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, había pedido el sobreseimiento al requerir la elevación a juicio. Milanesi está acusado como partícipe necesario, al igual que Juan Pedro Guarino (19), y la fiscal había pedido el sobreseimiento de ambos.

Los abogados de la familia de Fernando, mediante una presentación en el Juzgado, compartieron lo expuesto por Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pero consideraron que en el caso de Milanesi el pedido de sobreseimiento es «prematuro», y que no se puede «descartar la participación» en el crimen ocurrido esa madrugada frente al boliche Le Brique.

«Si bien no hay videos en los que se lo muestre pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte», indicaron los letrados.

Apuntaron a que, si bien esa circunstancia fue la que generó que no se su prisión preventiva, “de ninguna forma alcanza para beneficiarlo con una medida de carácter definitivo». En ese marco, consideraron que la situación de Milanesi «corresponde sea evaluada con la amplitud del debate oral», junto a la de los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

Por otro lado, los abogados de los padres de Fernando señalaron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo. Pidieron que el joven, quien no fue imputado por la fiscal, sea indagado antes de que se resuelva la elevación a juicio.

La noche del crimen

Los abogados consideraron probado durante la instrucción que «entre las 4.41 y las 5» del 18 de enero, Fernando fue asesinado a golpes frente al boliche ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, en línea con lo que estableció la fiscal.

Los rugbiers que aún están detenidos, detallaron, «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, «para lo cual previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles luego de que minutos antes, al encontrarse en el interior de Le Brique tuvieran un altercado» con Fernando, quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos.

Luego de que personal de seguridad del local expulsara a ambos grupos del lugar, los acusados «abordan por detrás a Fernando, aprovechándose de que estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera, actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo».

Al quedar Báez Sosa inconsciente, «con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo».

Asimismo, detallaron que agredieron a los amigos de Fernando, «posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho e impidiendo de ésa forma que pudiese defenderse por sí solo e incluso recibir defensa» de ellos.

Fuente: Perfil

“No lo puedo creer, lo veo y no lo puedo creer… Estoy arruinado”. Las lágrimas de Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, son las de una persona que acaba de perder a un amigo que era casi un hermano. Histórico utilero y masajista de la Selección Argentina, compartió momentos inolvidables con Diego Maradona y a pesar del paso del tiempo su entrañable relación nunca se rompió.

Galíndez estuvo invitado el sábado pasado a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, y recordó historias con el astro del fútbol. El ex utilero se emocionó al hablar de su gran amigo, aseguró que en el último tiempo era difícil acceder a él y arremetió contra su entorno: “Lo dejaron morir”.

Contó que se enteró de la noticia el miércoles cerca de las “diez o las once de la mañana”, cuando lo llamaron de una radio y se la comunicaron al aire. “Fue una bomba, como pasó en el ’94. Dije ‘bueno, chau’ y rápido empezamos con los muchachos a llamarnos unos a otros y después fuimos a velarlo”.

Respecto al velatorio del Diez, reveló que estuvo presente en la despedida íntima junto a los más cercanos al astro del fútbol: “Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos…”

Muy emocionado, con lágrimas en los ojos, Galíndez arremetió contra el “círculo íntimo” de Maradona durante este último tiempo y contó: “Hubo un contorno (sic), que nadie se le podía acercar (a Diego). Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie se podía acercar o mandarle algo”.

“Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo. Por eso a Claudia le dije: ‘Ahora empezá a mandar vos, eh’. Es un contorno (sic) que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, Arévalo”, le dijo el ex utilero al periodista Diego Díaz, también presente en el programa.

Mirando a cámara, con mucha bronca, se dirigió directamente al entorno de Diego y se refirió específicamente a las últimas horas del Diez: “¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla”.

“El contorno (sic) que estuvo con él… Escúchenme bien: ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh”, aseguró, amenazante y con lágrimas en los ojos.

Los abogados de la madre de Facundo Astudillo Castro, quien fue hallado muerto el 15 de agosto en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, denunciaron hostigamiento por parte de la policía bonaerense, luego de que uno de ellos recibiera una carta documento de un comisario retirado para que deje de vincular a la policía con el caso y a otro le estacionaran una patrulla a metros de su domicilio.

“No creo más en las casualidades. Vamos a pedir una medida de protección federal. Le asignamos a esto una gravedad inaudita y estamos preparando la presentación para tener protección”, dijo el querellante Luciano Peretto al referirse a la presencia de una patrulla policial a metros de su domicilio, en Pedro Luro.

Ese episodio fue denunciado públicamente en las últimas horas por la mamá de Facundo, Cristina Castro, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Muy harta de tanto acoso, les gusta perseguirnos, pararse en nuestras entradas, no saben que no tenemos miedo, hoy le tocó a Luciano, mi abogado, la bonaerense esperando que salga de su casa. Seguiremos denunciando, lástima antes por lo menos les tenía respeto, hoy ni eso”.

Por su parte, el otro querellante, Leandro Aparicio, informó que en las últimas horas recibió una carta documento del comisario inspector retirado de la policía bonaerense Miguel Ángel Reynoso para que se “abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes hacia los integrantes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires” en relación al caso Facundo Astudillo Castro.

El remitente de la carta, quien integra la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Apropoba), le advierte además que “de continuar con su inadmisible proceder” acudirá a la Justicia.

El letrado agregó que en las próximas horas presentarán un hábeas corpus, no solo por los últimos episodios en los que, según dijo, fueron víctimas, sino también a raíz de reiteradas amenazas que sufrieron “al menos cuatro testigos que declararon en el marco del expediente”.

“Hay al menos cuatro testigos amenazados, pero también existe una intensa persecución por parte de la policía que están padeciendo los chicos que integran el Semillero Cultural de Luro, al cual pertenecía Facundo”, explicó Aparicio.

Facundo (22) fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por la Covid-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su exnovia y su cadáver fue hallado el 15 de agosto pasado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Los querellantes, al igual que la madre de Facundo, sostienen desde el inicio que la policía bonaerense fue la responsable de la muerte del joven y de montar un operativo posterior de encubrimiento.

A instancias de estas sospechas, la causa por la desaparición del joven pasó a ser investigada por la Justicia Federal como desaparición forzada y si bien por el momento no hay efectivos de la fuerza bonaerense detenidos, sí se llevan a cabo diligencias sobre los movimientos y hallazgos en patrullas de la fuerza, comunicaciones telefónicas entre policías y análisis de documentación y testimonios recolectados en la causa.

Fuente: Télam

¿Qué está pasando en el Poder Judicial de Chubut que hace ya seis meses que dan vueltas y vueltas para no avanzar en la producción de pruebas, que permitan habilitar la apertura de causas penales por los casos de excesos y violencia de la policía de Massoni?

No son pocos los que notan que hay “una bajada de línea”, para que las denuncias se cajoneen y con el paso del tiempo terminen archivándose.

Para hacer un reconocimiento en rueda de policías por un caso de violencia institucional que hubo en las Mil Viviendas de Trelew, por ejemplo, hace casi cuatro meses que están a las vueltas, con la actuación “pisada” y de posposición en posposición.

Ahora le dijeron a la victima que “posiblemente” el 10 de setiembre se haga, pero mediante una comunicación informal, de la que no hay nada oficial de parte de la fiscalía. Mientras tanto, el abogado que es de la Defensa Pública y que debería representar al denunciante parece que está más del lado de los policías que de la víctima.

La sensación que tienen en el cercano entorno del joven que fue salvajemente agredido por al menos una decena de policías; es que están tratando de desalentarlos, de desgastarlos, de complicarles las cosas para que desistan y de esa manera lograr que el caso nunca llegue a juicio.

Juegan al “teléfono descompuesto” para que se mantengan alejados, no controlen y no se interesen por los procedimientos judiciales.

El caso es el de una decena de policías que se introdujeron a un departamento de la Mil Viviendas sin orden de allanamiento; de manera ilegal, presuntamente para darle un escarmiento a alguien que los había visto desde una ventana correr a tiros a unos usurpadores.

Al pibe, que tiene 18 años le pegaron, lo amenazaron y hasta uno de los agresores le puso su arma reglamentaria en la cabeza, obligándolo a arrodillarse delante de él y de sus compañeros para que les pidiera perdón. A causa de los golpes que recibió en sus genitales ahora tiene problemas y parece que van a tener que operarlo.

Desde el Gobierno nunca se pusieron en contacto con él para saber cómo estaba o si necesitaba algo. Menos lo hicieron Massoni y los hermanos Gómez, los dueños de la policía del Chubut.

Tampoco se les escuchó decir públicamente –en alguno de esos medios amigos que tienen—que se comprometían a investigar la responsabilidad de los policías y a bregar para que no quede impune el caso, todo lo contrario; hicieron silencio de radio, no le dieron importancia y eso también habla muy mal de ellos, casi convirtiéndose en cómplices o encubridores de la mala acción de unos empleados policiales que ya no deberían estar en la fuerza.

Dos abogados comodorenses preparan una “pesada” denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni y otros integrantes del gabinete del gobernador Mariano Arcioni. Los delitos que denunciarían tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de una jueza Penal de Trelew.

Los denunciantes piensan hacer la presentación en los próximos días ante la Fiscalía Anticorrupción en Rawson, pero Crónica pudo acceder anticipadamente a algunos pormenores de la misma.

La denuncia penal contra el polémico ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni involucra también a su “mano derecha”; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani. Al ministro de Salud Fabián Puratich, a la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos y al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini.

Los motivos por los que los denunciantes entienden que se habría incurrido en una sucesión de graves delitos, cometidos por funcionarios del Gobierno de Chubut, con la presunta “complicidad” del gobernador Mariano Arcioni; van desde haber contradicho el decreto del Presidente de la Nación respecto de la pandemia del Covid 19, hasta haber desobedecido una disposición de una jueza Penal.

A Grazzini, por ejemplo, le endilgan «no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid 19″ –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno—y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.

La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.

De concretarse la apertura de una investigación penal Massoni, Pérez Mariani y Grazzini serían los más complicados, por el grado de compromiso que se les atribuye en la denuncia. Los delitos que se pide que sean investigados en cabeza de los nombrados son «usurpación de autoridad, abuso de autoridad, (eventualmente) violación de los deberes de funcionario público, y requerimiento ilegal de la fuerza pública», se detalla en la parte del escrito que este diario pudo ver.

Los abogados denunciantes piden en el mismo requerimiento que el procurador General de la provincia Jorge Miquelarena asigne a un fiscal para que lleve adelante la causa. Piensan presentarla en los próximos días.

Abogados

Abogados de EE.UU. han lanzado una acción legal histórica para demandar a China por billones de dólares, en la que acusan a sus líderes de negligencia por permitir que estallara el brote de coronavirus, y luego encubrirlo.

La demanda colectiva, que involucra a miles de demandantes de 40 países, incluidos Reino Unido y EE.UU., se presentó en Florida el mes pasado.

La reclamación legal fue lanzada por Berman Law Group, una firma que emplea como asesor a Frank Biden, hermano del candidato presidencial demócrata Joe Biden. El estratega jefe de la empresa, Jeremy Alters, aseguró que «los líderes de China deben rendir cuentas por sus acciones«. «Nuestro objetivo es exponer la verdad», aseveró, citado por Daily Mail.

Los abogados argumentan que, aunque las naciones tienen inmunidad legal, la ley de EE.UU. contempla excepciones para daños personales o de propiedad y para acciones en el extranjero que impactan a las empresas estadounidenses.

China luchará con uñas y dientes

Un segundo caso, presentado este mes en nombre de los trabajadores de salud, acusa a China de atesorar suministros médicos necesarios para salvar vidas.

El segundo caso lo lleva Shurat HaDin, un centro legal israelí que ha representado a víctimas del terrorismo en todo el mundo. Su representante, Aviel Leitner, sostiene que también lanzará su acción legal en EE.UU. ya que «la mayoría de los demás países temerían el peso económico y la venganza de China».

Los abogados argumentarán que la negligencia y el comportamiento imprudente de Pekín fueron tan graves que, al igual que en un caso del terrorismo, el Estado no puede esconderse detrás de la inmunidad soberana. «China luchará con uñas y dientes. Si se demuestra negligencia, sería una catástrofe para ellos», advirtió Leitner.

El deber de decir la verdad

Entretanto, Geoffrey Robertson, destacado abogado británico de derechos humanos, ha pedido a las Naciones Unidas que abran una investigación sobre los orígenes del covid-19, haciendo hincapié en las graves consecuencias de no abordar el virus en una etapa temprana y en la supuesta distorsión de los hechos por parte del gigante asiático.

«Nuestro bienestar internacional exige un informe independiente y objetivo de este desastre, no para culpar sino para escribir su historia veraz y aprender lecciones», señaló el abogado, agregando que Pekín «sufriría hostilidad internacional y quizás sanciones económicas si se negara a explicar todo lo que ha sucedido». Según el abogado, el país asiático «tiene el deber de decir la verdad a un mundo que ha sufrido tanto».

Pekín no admite encubrimientos

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, ha rechazado las acusaciones respecto a que el Gobierno de su país haya encubierto información sobre el brote del nuevo coronavirus como el número de muertes.

Al respecto, este viernes durante una sesión informativa, Zhao Lijian dijo que en ningún momento se ocultó información sobre el brote y que Pekín «nunca» permite encubrimientos.

Fuente: RT en español

El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn envió una nota al Dr. Mario Luis Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia, para que disponga, a partir del día 13 de Abril, el urgente restablecimiento del Servicio de Justicia, sin poner en riesgo la salud pública, ni la de los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, abogados y demás auxiliares de Justicia, considerando que la actividad judicial se encuentra dentro de los servicios esenciales que debe prestar el Estado provincial. La abogacía y la sociedad requieren que la Justicia vuelva a funcionar en todas sus dependencias, sin restricciones.

En la nota se expresó que, como abogados y defensores acérrimos del Estado de Derecho, se procura la integridad de la abogacía como pilar esencial de la Justicia, a fin de garantizar la pacífica convivencia social y asegurar el goce de los derechos humanos, sociales y económicos de toda la comunidad y la posibilidad de los profesionales de ejercer una actividad lícita y fuente del sustento familiar, que hoy se encuentra gravemente afectada, en particular en los noveles abogados y abogadas, indicó El Chubut.

Las soluciones transitorias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia que dispusieron declarar inhábiles los plazos hasta el día 12 de Abril, no resultan sustentables en el tiempo. “Los días transcurren y, además de la parálisis económica que supone para la sociedad toda el aislamiento dispuesto por las autoridades, el Servicio de Justicia es inexistente y por cierto que, tal como lo hemos expresado en numerosas oportunidades ante la calamitosa situación económica de nuestra Provincia, no puede dejar de prestarse ni mantenerse en un limbo de inoperancia” se sostuvo desde la institución.

Se hicieron llegar a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia aportes y propuestas para que pueda restablecerse, a partir del próximo 13 de abril, un adecuado funcionamiento del servicio de justicia. Entre otras iniciativas, se solicitó:

a) la instauración plena de la presentación de escritos en forma digital o con firma electrónica, en forma remota, como así también la realización de audiencias por sistema de teleconferencia en aquellas causas que por su tipo admitan esa modalidad.

b) que se ponga en funcionamiento la Firma Digital en los términos de la Ley Nacional 25.506 y la Acordada Nº 3249 del Superior Tribunal de Justicia, la que permitirá no sólo la presentación de escritos judiciales, sino también el diligenciamiento de oficios y demás comunicaciones oficiales asegurando la autoría y autenticidad de los documentos.

c) que se ordene a todos los juzgados a disponer la apertura de una mesa de entradas virtual (con una casilla de correo electrónico oficial) a los fines de recibir presentaciones judiciales de trámite en los expedientes.

d) se encomiende a la Administración General del Poder Judicial que extreme la adopción de todas las medidas pertinentes a los fines de asegurar las condiciones de higiene y salubridad de los espacios afectados al funcionamiento del Poder Judicial.
e) Se avance en forma acelerada y decidida en el cumplimiento de la Ley XIII – 21 para la presentación y gestión electrónica en el servicio de administración de Justicia, cuya demora ha colocado a la provincia en inferioridad de condiciones respecto del resto del país.

Se destacó que para implementar estas iniciativas no será inconveniente la cuestión económica, pues el Superior Tribunal de Justicia puede afectar los recursos provenientes de intereses por las cuantiosas sumas de dinero impuestas a plazo fijo, para invertirlos en el Servicio de Justicia.