Los senadores de Juntos por el Cambio por Chubut, Ignacio Torres y Edith Terenzi, presentaron ayer en Puerto Madryn, ante la secretaría del Consejo de la Magistratura del Chubut, la denuncia formal para que se inicie el proceso de jury de enjuiciamiento contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez.
La magistrada, de perfil polémico, fue acusada por los legisladores por incumplimiento de deberes de funcionario público, atento a una serie de actuaciones, de trascendencia pública, que promovieron la presentación ante el órgano judicial que juzga la conducta de los funcionarios judiciales.
La presentación consta de 32 fojas e incluye recortes periodísticos relacionados con los episodios de resonancia pública protagonizados por la magistrada en cuestión, por ejemplo, un encuentro controvertido con Cristian «Mai» Bustos, condenado a cadena perpetua por el asesinato del policía Leandro «Tito» Roberts, ocurrido en 2009. La presentación, radicada en el Golfo, acompaña justamente las firmas de familiares del uniformado fallecido.
La documental es a raíz de la posible comisión de mal desempeño de funciones previstas en el Artículo 165 de la Constitución del Chubut y 15 inciso a) y c) de la Ley V N.º 80 contra la jueza penal ya mencionada.
En la exposición de motivos, el senador solicita se declare admisible la denuncia y se sortee instructor sumariante del seno del Consejo y se lleve a cabo el sumario contemplado en el Artículo 192 inciso 4 de la Constitución del Chubut y 23 inciso b) de la Ley V 80. Y que de determinarse la comisión d los hechos que se denuncian, se envíen las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento, con el objeto que se lleve a cabo el procedimiento constitucional de destitución de la jueza nombrada con anterioridad.
El escrito contiene un relato minucioso de los hechos endilgados a la jueza, destacando su visita, a fines de diciembre, al Instituto Penitenciario Provincial 1, emplazado sobre Ruta Nacional 3, entre el tramo Trelew-Puerto Madryn para mantener reuniones con el reo Cristian Bustos, condenado por el crimen del policía Roberts; sobre su espalda carga además con otra causa gravosa en que se lo acusa del homicidio de su hijo de 9 meses, en 2005.
LOS HECHOS
La jueza señalada, indica la nota, integró el tribunal de enjuiciamiento que juzgó la conducta de Bustos en el caso Roberts, y a pesar de su condición de magistrada visitó, «en al menos dos ocasiones, al imputado en su lugar de detención y mantuvo prolongados encuentros».
En el texto girado al Consejo de la Magistratura, Torres y Terenzi adjuntan el acta de actuación del oficial inspector y jefe de turno de la División Seguridad Interna del penal, quien detalla puntillosamente los movimientos advertidos por la jueza y el interno. Sobre ese papel, el oficial redactó que ambos implicados «comienzan a mantener contacto físico, como abrazos, besos (en la boca), siendo reiterado este tipo de comportamiento (.) Comparten alimentos y mate, siendo este último un elemento prohibido para compartir en virtud de la pandemia que se cursa».
El extenso escrito incluye además declaraciones de la magistradas ofrecidas a distintos medios de comunicación de alcance nacional.
CONDUCTAS
A la jueza la acusan de incumplimiento del deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal, incumplimiento del deber legar de excusación establecido en el Código Procesal Penal y la Ley de Etica Pública, incumplimiento de deberes impuestos por la Ley de Etica Pública, incumplimiento al deber de impartir justicia con asistencia a las audiencias establecidas por la Oficina Judicial, vulneración de los derechos de la víctima.
En el apartado final, los senadores señalan que la característica de los hechos, su entidad y trascendencia y el cúmulo de normas constitucionales, convencionales y legales vulneradas con su actuación no dejan margen para otra alternativa que no sea su destitución.
«Es un caso que conmueve la estructura misma del sistema judicial y lo somete a la prueba respecto de si es capaz de sacudirse las complicidades y condescendencias corporativas para ser capaz de juzgar la conducta de una de sus integrantes, conducta que socava la confianza que el pueblo debería depositar en los magistrados», esgrimieron.
