Semanas atrás se hizo público en este medio mediante un artículo de la Dra. Quintana que se había puesto en riesgo un mallín patagónico con una obra donde se iba a perforar un pozo que Ministerio de Ambiente de provincia paró.
Ha trascendido en estos días, que a raíz de hacerse pública esta nota, un grupo de vecinos, entre ellos a una reconocida referente espiritual del pueblo mapuche, han presentado una denuncia penal en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, porque se detectaron una serie de irregularidades que presumiblemente serían delitos que involucran a la consultora ambiental que realizó en informe de impacto ambiental y algunos inspectores de ambiente que habrían mirado para otro lado.
Según fuentes allegadas a este portal, tras conocer el contenido del Expediente donde se llevaba adelante el pozo, se descubrió que la consultora habría minimizado la existencia del mallín cerca del pozo y los inspectores de ambiente que fueron hasta el lugar “no lo habrían visto” o será que no hicieron el esfuerzo que su cargo les imponía?
Recordemos que la palabra “mallín” es de origen Mapuche y en mapzungun significa “suelo inundado” con este término se designa a los humedales patagónicos, esas pocas áreas de color verde intenso que aún sobreviven en las zonas aledañas a la cuenca petrolera del Golfo San Jorge. Hoy en día en Chubut está PROHIBIDO hacer pozos de petróleo o movimientos de suelo en zona de mallines.
Es importante destacar cómo cuando la gente ejerce el derecho de acceso a la información se descubren cosas y se puede controlar mejor a quienes controlan, en este caso el estado del ambiente.
Según nuestras fuentes, la denuncia sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los inspectores de ambiente, que es un delito previsto en el Art. 248 del CP, que pune con penas de 1 mes a 2 años de prisión a los funcionarios públicos que no cumplen con un deber que les impone una norma. En este caso habrían incumplido el deber de controlar el estado del ambiente, al “no ver” ese humedal en peligro.
Por otra parte la denuncia también se habría instado contra los responsables de la consultora “Consulplan” quienes habrían falseado u ocultado ciertos datos para conseguir que el Ministerio de Ambiente le aprobara la obra a la empresa YPF S.A. que la había contratado. Por lo que se los estaría investigando por falsificación de instrumento público, delito previsto en los Arts. 292 y 296 del CP que prevé penas de para sus autores que van de 1 a 6 de prisión o reclusión.
La investigación ya está en manos del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Es interesante ver como en este caso se ve en pleno el ejercicio de los derechos que reconoce el Convenio Regional de Escazú al cual Argentina adhirió mediante la Ley 27.566, ya que estos denunciantes son vecinos defendiendo derechos humanos ambientales (Art. 9 del Convenio) quienes pueden hacerlo merced a haber accedido a la información pública que fortalece el ejercicio de ciudadanía republicana.