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Semanas atrás se hizo público en este medio mediante un artículo de la Dra. Quintana que se había puesto en riesgo un mallín patagónico con una obra donde se iba a perforar un pozo que Ministerio de Ambiente de provincia paró.

Ha trascendido en estos días, que a raíz de hacerse pública esta nota, un grupo de vecinos, entre ellos a una reconocida referente espiritual del pueblo mapuche, han presentado una denuncia penal en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, porque se detectaron una serie de irregularidades que presumiblemente serían delitos que involucran a la consultora ambiental que realizó en informe de impacto ambiental y algunos inspectores de ambiente que habrían mirado para otro lado.

Según fuentes allegadas a este portal, tras conocer el contenido del Expediente donde se llevaba adelante el pozo, se descubrió que la consultora habría minimizado la existencia del mallín cerca del pozo y los inspectores de ambiente que fueron hasta el lugar “no lo habrían visto” o será que no hicieron el esfuerzo que su cargo les imponía?

Recordemos que la palabra “mallín” es de origen Mapuche y en mapzungun significa “suelo inundado” con este término se designa a los humedales patagónicos, esas pocas áreas de color verde intenso que aún sobreviven en las zonas aledañas a la cuenca petrolera del Golfo San Jorge.  Hoy en día en Chubut está PROHIBIDO hacer pozos de petróleo o movimientos de suelo en zona de mallines.

Es importante destacar cómo cuando la gente ejerce el derecho de acceso a la información se descubren cosas y se puede controlar mejor a quienes controlan, en este caso el estado del ambiente.

Según nuestras fuentes, la denuncia sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los inspectores de ambiente, que es un delito previsto en el Art. 248 del CP, que pune con penas de 1 mes a 2 años de prisión a los funcionarios públicos que no cumplen con un deber que les impone una norma. En este caso habrían incumplido el deber de controlar el estado del ambiente, al “no ver” ese humedal en peligro.

Por otra parte la denuncia también se habría instado contra los responsables de la consultora “Consulplan” quienes habrían falseado u ocultado ciertos datos para conseguir que el Ministerio de Ambiente le aprobara la obra a la empresa YPF S.A. que la había contratado. Por lo que se los estaría investigando por falsificación de instrumento público, delito previsto en los Arts. 292 y 296 del CP que prevé penas de para sus autores que van de 1 a 6 de prisión o reclusión.

La investigación ya está en manos del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Es interesante ver como en este caso se ve en pleno el ejercicio de los derechos que reconoce el Convenio Regional de Escazú al cual Argentina adhirió mediante la Ley 27.566, ya que estos denunciantes son vecinos defendiendo derechos humanos ambientales (Art. 9 del Convenio) quienes pueden hacerlo merced a haber accedido a la información pública que fortalece el ejercicio de ciudadanía republicana.

El defensor de uno de los acusados de la violación en Playa Unión dijo que su defendido «es 100 por ciento inocente». Fue absuelto en juicio de marzo de este año, pero la fiscalía y la querella pidieron al Superior Tribunal de Justicia que ordene un nuevo juicio.

El abogado defensor de uno de los acusados por el caso conocido como ‘la manada de Chubut’, Guillermo Iglesias, dijo hoy que su defendido “es 100 por ciento inocente” del delito de violación en grupo del que fue acusado y finalmente absuelto en juicio de marzo de este año, aunque la fiscalía y la querella presentaron este miércoles una serie de argumentos para que el Superior Tribunal de Justicia ordene un nuevo juicio.

Iglesias, que representa a Ezequiel Quintana, refirió en principio que tras la audiencia desarrollada en el Superior Tribunal de Justicia, la querella y la fiscalía presentaron los fundamentos por el que entienden que debe realizarse un nuevo juicio.

En un plazo de 30 días, la corte provincial deberá resolver si hace lugar a ese pedido o si confirma la sentencia anterior, que había sobreseído a los acusados (además de Quintana, Luciano Mallemaci y Leandro del Villar).

El abogado expresó que si bien su representado había aceptado en una etapa anterior un juicio abreviado, por el que había aceptado su responsabilidad en un delito de abuso sexual simple, para acordar una pena menor, decidió someterse finalmente al juicio penal, tras una serie de recursos que cuestionaron aquellos acuerdos.

“La particularidad del juicio abreviado es que no se producen las pruebas, entonces se había acordado un delito menor, con una pena en suspenso. Cuando se rechazó el abreviado, nosotros impugnamos esa resolución pero mi defendido bajo ningún concepto quiso aceptar su responsabilidad en esas condiciones, porque se estaba violentando su buen nombre y honor. Incluso decidió lo contrarió a mi consejo profesional, porque yo entendía que el contexto del juicio era adverso, pero tuvimos la suerte de contar con un tribunal intelectualmente honesto y pasó lo que tenía que pasar”, indicó, en relación a que los imputados resultaron absueltos.

“Nadie dijo haber visto lo que los medios dicen que pasó”

En diálogo con Actualidad 2.0, aseguró que la discusión durante el juicio permitió llegar a la conclusión de que “la víctima no estaba en estado de inconsciencia, porque ella dice que tomó dos vasos de fernet y no recuerda más nada. Además, de las 50 personas que estaba en la fiesta, nadie en el juicio dijo haber visto lo que los medios dicen que pasó”, en referencia al abuso sexual perpetrado en una habitación del lugar donde se realizó la fiesta.

Ante la consulta de si su defendido es inocente de haber participado en una violación grupal contra la víctima, que en ese momento tenía 16 años de edad, respondió. “Cien por ciento, o ciento cincuenta por ciento. Antes reconoció que había participado del abuso sexual simple porque yo le di un consejo profesional errático, por el contexto adverso, porque había un clamor popular en el que los medios instalaron que hubo una violación grupal. Tuvo razón en querer llegar al juicio oral y público”.

En ese marco, dijo que las pruebas más importantes durante el juicio fueron el hecho de que “la víctima no declaró como testigo, con lo cual a la fiscalía puso en jaque su propio caso, pero además porque ningún testigo declaró haber visto lo que supuestamente ocurrió. Porque una cosa es lo que dicen las testigos cuando van a declarar solamente con la fiscalía y otra cosa cuando responden las preguntas, en el juicio, a la fiscalía y a las defensas”.

Finalmente, rechazó la posibilidad de que la víctima, de 16 años al momento de los hechos, pudiera haber sido víctima de una pastilla para provocarle inconsciencia, dijo que “esta conjetura excede al marco del juicio y no se planteó, de ninguna manera”.

Un caso que disparó la polémica a nivel nacional

El caso de “la manada de Chubut” fue objeto de debate a nivel nacional en el año 2020, cuando trascendieron los términos del acuerdo para abreviar el juicio y que los imputados tuvieran una pena menor a la que podían afrontar en caso de una condena formal.

El abuso sexual con acceso carnal y agravado por la participación de dos o más personas prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión, mientras que el delito de abuso sexual simple (tocamientos), por el que se había propuesto el juicio abreviado, establecía una pena de 3 años de prisión en suspenso y el pago de un resarcimiento económico para la víctima.

El juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó el acuerdo, señalando que no se podía limitar el derecho penal al poder adquisitivo de los imputados. Además, el fiscal Fernando Rivarola había justificado la situación en un “desahogo sexual” por parte de los imputados, lo que le valió los lógicos repudios de gran parte de la sociedad y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que finalmente no prosperó.

La Fiscalía presentó la acusación para elevar a juicio oral y público a Leonardo Aquilanti, exministro provincial y actual director del Banco Chubut, por enriquecimiento ilícito.

La Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública pidió la elevación a juicio oral y público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra de Leonardo Aquilanti.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron la pieza acusatoria dando cuenta del excesivo incremento patrimonial de Aquilanti, ex ministro de Agricultura y actual director del Banco Chubut.

“No se condicen los ingresos que tuvo con su patrimonio. No le cierran los números”, indicó Rodríguez en una entrevista radial en Fm El Chubut.

De acuerdo a lo expuesto por los fiscales, Aquilanti incrementó su patrimonio con bienes registrables como vehículos, terrenos, construcciones y también depósitos en pesos y en dólares. También han realizado diversos viajes al exterior, años consecutivos con más de un mes vacacionando en Europa tanto él como su grupo familiar. Todo ello con único ingreso de su salario de funcionario público.

“Hay una casa familiar en Playa Unión que será la prueba principal y que en caso de condena pediremos su decomiso», indicó el fiscal jefe.

El siguiente paso procesal es la realización de la audiencia preliminar donde se decidirá si el caso se eleva a juicio oral.

El Fiscal Jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, inició una investigación de oficio, al tomar conocimiento por publicaciones que daban cuenta de la posible existencia de una maquinaria vial que sería propiedad de la Municipalidad de El Hoyo, hundida en la propiedad de una autoridad municipal. Esa acción habría ocurrido el pasado fin de semana en una chacra.

Según la información que dio pie al pedido de allanamiento, la máquina habría estado trabajando el domingo en esa chacra propiedad del Intendente y habría estado siendo conducida por una persona que no sería un empleado municipal, ni tendría habilitación para conducirla. Se trata de una retroexcavadora que estaría identificada con la marca «LOVOL» y tendría identificación de la Municipalidad de El Hoyo.

Según el pedido de allanamiento presentado por la Fiscalía, sería una de las cinco máquinas viales, que entregó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), siendo un organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Nacional, al Municipio de El Hoyo, el verano pasado.

La retroexcavadora municipal, habría estado realizando tareas en esa zona, en el marco de un plan de trabajo de limpieza de canales acordado entre el municipio de El Hoyo y el Instituto Provincial del Agua, a través de un acta compromiso firmada el 28 de abril de 2022 por el intendente Huisman y el administrador general del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini. Esas tareas, eran definidas y coordinadas por la Dirección de Protección Civil de la localidad.

Lo que llamó la atención de la Fiscalía, es que el accidente en que la máquina cayó en un menuco, ocurrió el domingo y su operación no estaría a cargo de personal habilitado para ello.

Fuente: MPF Chubut

Los jueces que absolvieron a un hombre acusado de abuso infantil subrayaron que la tarea de la Fiscalía era reunir pruebas y completar la hipótesis del caso, lo cual “no presentó ni logró”. Remarcaron que “la acusación no fue completada por la fiscal y resultó nula”.

Los jueces Marcela Pérez, Patricia Reyes y Carlos Villada emitieron un comunicado respecto a la absolución que dictaron este viernes de un hombre acusado de abuso infantil contra una persona de 3 años.

En este sentido, luego de incidentes y que la Fiscalía anunciara la impugnación a la decisión, el tribunal emitió un comunicado en el que cuestionó la tarea de la parte acusadora, considerándola insuficiente para lograr condena.

Enraizaron que “la prueba que se realiza en el debate ante el Tribunal es lo único que habilita a una posible condena”, y en este caso “la prueba ofrecida no fue suficiente y el Ministerio Público Fiscal no logró completar su teoría del caso”.

Sostuvieron que la Fiscalía presentó “datos aislados que no alcanzan para una condena”, y precisaron que el Ministerio Público debe presentar “elementos del relato y otras pruebas –ya que- no es tarea del Tribunal completar esta tarea sino resorte exclusivo del MPF según dicta la Ley y los principios constitucionales que protegen a todas las personas”.

En este contexto, pusieron énfasis en que “no existen duda que la madre actuó diligentemente y sin ningún otro interés que proteger a su hija, su predisposición y acompañamiento es destacable”.

La madre “hace la denuncia y es allí donde resulta imperioso investigar y complementar todas las cuestiones que rodean el hecho porque esto es el inicio -y- el MPF está obligado a investigar para probar en un juicio y para poder dar una respuesta eficaz”.

En este caso, “esto no fue posible porque la acusación no fue completada por la fiscal y resultó nula”.

La denuncia de un empleado de la Cooperativa 16 de Octubre dio pie a una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal por presuntos desvíos de fondos de la mutual Aonikenk para fines no contemplados en el correspondiente estatuto. Este martes se realizaron allanamientos en la entidad con el fin de hacer pericias contables para determinar si hay delito o no. Desde el Consejo de Administración de la Coop 16 señalaron que la institución no está involucrada y la situación no complica la prestación de ningún servicio.

Aclararon además que la denuncia del empleado, quien sería integrante del Sindicato Luz y Fuerza, no es contra la Cooperativa 16 de Octubre ni el Consejo de Administración, sino que es contra la mutual. De todos modos, las autoridades de la entidad se pusieron a disposición para colaborar con los datos que se requieran.
La funcionaria fiscal Cecilia Bagnato dijo que se trata de «una investigación preliminar que la Fiscalía lleva adelante. En este caso hubo una denuncia, con asesoría legal, de parte un integrante del sindicato de la Cooperativa. Lo que hace la Fiscalía es buscar documentación, balances recibos de sueldo».
Explicó que «habría un presunto desvío de fondos entre la mutual y la Cooperativa pero, es todo muy preliminar y se está buscando la evidencia necesaria para determinar si es así o no. Quedan muchas más diligencias pendientes para realizar. Se allanó la Cooperativa 16 de Octubre. Esto es previo a realizar pericias contables para determinar si los hechos que estamos investigando se configuran penalmente como creemos que puede ser».
En este caso la Fiscalía «calificó los hechos preliminarmente como defraudación por administración fraudulenta, que es uno de los tipos penales, y autorización de actos indebidos».
Agregó Bagnato que «cuando se hace una denuncia, nosotros tenemos que investigar. Para llegar a una apertura de investigación en contra de un presunto inculpado o sindicado de haber sido partícipe de la maniobra, para llegar a ese estadío, teneos que tener un poco más de certezas y elementos que nos digan que ello mínimamente ocurrió así y que la conducta escrita es la que podemos endilgar. Por lo pronto no estamos en esa instancia».
Las pericias contables «se van a realizar con el equipo técnico de Rawson. Pedimos asistencia del equipo forense de la Contaduría de la Procuración Fiscal, para que nos acompañen en las diligencias. Todavía no tenemos fecha para esas pericias, tenemos que identificar bien cuáles son los puntos periciales que vamos a requerir», expresó por último.

El gobierno de Putin volvió a rechazar las acusaciones, que surgieron a partir de la publicación de fotos de  AFP de cadáveres esparcidos en las calles de Bucha, y reiteró que pretende una urgente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la negativa del Reino Unido a celebrarla.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llamó a los soldados rusos «asesinos, torturadores, violadores, saqueadores», luego de que decenas de cadáveres fueron encontrados cerca de Kiev, mientras crece la presión para intensificar las sanciones contra Moscú en el día 40 de la invasión a Ucrania.

El gobierno de Vladimir Putin volvió a rechazar las acusaciones, que surgieron a partir de la publicación de fotos de la agencia de noticias francesa AFP de cadáveres esparcidos en las calles de la localidad de Bucha, y reiteró este lunes que pretende una urgente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la negativa del Reino Unido a celebrarla, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, rechazó en términos categóricos la implicación de militares rusos en los asesinatos de civiles en Bucha e insistió en que haya un debate internacional al respecto.

«Rechazamos de plano todas las acusaciones. Es más, consideramos que es necesario debatir este tema al nivel más alto; de aquí, nuestra iniciativa de examinarlo en el Consejo de Seguridad (de la ONU), iniciativa que ha sido bloqueada», dijo Peskov a los periodistas, citó a agencia de noticias Sputnik.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o Reino Unido han adelantado que preparan nuevas sanciones contra Rusia y en las últimas horas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que estas acciones se centren en el sector del petróleo y el carbón, y el de España, Pedro Sánchez, mencionó que lo ocurrido en Bucha podría ser catalogado como «genocidio».

Zelenski fue implacable en su mensaje nocturno por video, en el que afirmó que «la maldad concentrada llegó a nuestra tierra», reseñó AFP.

Calificó a los soldados rusos como «asesinos, torturadores, violadores, saqueadores que se hacen llamar ejército, y que solo merecen la muerte después de lo que hicieron», hablando en ucraniano antes de pasar a ruso.

«Quiero que cada madre de cada soldado ruso vea los cuerpos de la gente muerta en Bucha, en Irpin, en Gostomel», agregó, y anunció la creación de un organismo especial para investigar las matanzas en zonas donde las fuerzas rusas se retiraron de alrededor de la capital.

La escala de las matanzas aún se investiga, pero la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, señaló que se han recuperado los cuerpos de 410 civiles.

Y el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, dijo a AFP que 280 cuerpos fueron llevados a fosas masivas porque era imposible enterrarlos en los cementerios que están al alcance de los disparos.

La firma de imágenes satelitales Maxar presentó fotos que indicó son de una fosa masiva en el predio de una iglesia local.

El trabajador municipal Serhii Kaplychnyi dijo que las fuerzas rusas inicialmente se negaron a permitir a los pobladores enterrar a los muertos en Bucha.

«Dijeron que mientras estuviera frío los dejaran allí», sostuvo.

Eventualmente pudieron recuperar los cuerpos, dijo: «Cavamos una fosa masiva con un tractor y enterramos a todos».

A su vez, el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar el video sobre el supuesto «asesinato de civiles» en Bucha, ya que, según la investigación, se trata de una falsificación y una provocación, reveló este lunes el canal de Telegram de la entidad.

«El presidente del Comité de Investigación de Rusia solicitó analizar la información difundida por el Ministerio de Defensa de Ucrania sobre el asesinato de civiles en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev (…). Según la información disponible, el Ministerio de Defensa ucraniano difundió el video (…) para tergiversar la imagen de los militares rusos», reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados por Kiev «de provocación de turno», ya que, dijo, durante la permanencia de los militares rusos en esta localidad no hubo ningún caso de violencia contra civiles.

Además se subrayó que todas las unidades rusas se retiraron completamente de Bucha el pasado 30 de marzo, y las salidas de la ciudad en dirección norte no se bloquearon, mientras que las afueras del lado sur, incluidos los barrios residenciales, fueron bombardeadas durante todo el día por las tropas ucranianas con proyectiles de artillería de gran calibre y tanques.

Por otra parte, ocho personas murieron y 34 resultaron heridas en bombardeos rusos ocurridos este domingo en dos ciudades del sur de Ucrania, informó el lunes la fiscalía ucraniana.

«Tras los bombardeos del enemigo, siete residentes de Ochakiv murieron y otros 20 resultaron heridos. En la ciudad de Mikolaiv una persona murió y 14 resultaron heridas, entre ellas un niño», dijo la fiscalía en un comunicado.

Según la misma fuente, los disparos de las fuerzas rusas dañaron viviendas e infraestructuras civiles, así como vehículos.

Mikolaiv, con 475.000 habitantes antes de la guerra, ha sido fuertemente atacada por el ejército ruso en su intento de acercarse a Odesa, el mayor puerto de Ucrania.

El puerto de Ochakiv, de 15.000 habitantes, en el mar Negro, fue uno de los primeros objetivos de la invasión rusa el 24 de febrero.

La fiscal Bottini advirtió la falta de perspectiva de género de las juezas que dictaron la absolución en el caso de la “manada” y expresó en que el juicio “se desarrolló de una manera bastante particular”, dando cuenta de cierto “maltrato”. Remarcó que las juezas “cuestionaron que la víctima no haya declarado -señalando que eso- iba a ser revictimizante”, por la manera en la que se desarrolló el debate. Señaló que hubo una interpretación que “instaló la defensa y (las jueza) la tomaron” para desprestigiar el testimonio de las testigos.

A través de Radio 3, María Bottini, integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal conocido como la “manada de Chubut”, expresó su parecer al conocer el fallo completo de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini que absolvieron a los 3 imputados.

Bottini apuntó que hubo cierto “maltrato” hacia las testigos y cuestionó la falta de perspectiva de género de las magistradas a cargo del proceso. También evaluó que las juezas se inclinaron por creer en la hipótesis de los abogados defensores y subrayó que el falló será apelado ante el Superior Tribunal de Justicia en los próximos días.

“La conclusión es que son miradas y formas de abordar la prueba”, expresó la Fiscal, anticipando que se va a apelar el fallo y que “no compartimos el fundamento. Cuestionar que la víctima no haya declarado muestra la falta de perspectiva de género”.

Bottini enfatizó que en este tipo de hechos “la víctima no declara por algunas cuestiones y así lo sugieren profesionales del Derecho y otras áreas”. Además, consideró que hubiera sido revictimizante “teniendo en cuenta cómo se desarrollaba el proceso, que se desarrolló de una manera bastante particular, con testigos que salieron llorando y con abogados que preguntaban de manera agresiva”, dando cuenta así de cierto “maltrato” que sufrieron algunas personas en el juicio.

“Es una víctima que no recordaba en particular el hecho porque estaba bajo los efectos del alcohol y había que evaluar la salud de la víctima en su integralidad. Por cómo se desarrollaba el juicio, si declaraba iba a ser altamente revictimizante y de un impacto negativo en su salud. Entonces, analizar que no haya declarado en la etapa de prueba es perder de vista esto y no tener perspectiva de género”, sentenció.

Precisamente, la Fiscal apuntó que este será uno de los ejes de la apelación al fallo.

En otro tramo, Bottini también se refirió a la valoración que hicieron las magistradas de los testimonios de las testigos, que fueron desprestigiados; a lo que la Fiscal remarcó que “es una interpretación que instaló la defensa y que lo tomaron. Lo que pasó es que pasaron muchos años y cada una contaba lo que recordaba”.

Enfatizó que en el juicio, “cuando declararon contaron lo que cada una se acordaba y hacían mención a lo que había manifestado otra amiga. Estaba claro cuál era el aporte de cada una”, sentenció.

Bottini explicó que ahora desde la Fiscalía, independientemente de la apelación de la Defensa de la sobreviviente; “trabajamos en el recurso de apelación, estamos analizando la sentencia y estamos terminando de hacer una lectura profunda y detenida”.

“En base a eso fundaremos el recurso pero claramente el fallo carece de perspectiva de género -e incluso- hay pasajes alejados de la perspectiva de género”, revelando que una de las magistradas consideró que “‘el Fiscal no puso lo que tenía que poner’, y ¿Qué es lo que puede poner un hombre que no puede poner una mujer?”, lamentó, evaluando que esto “claramente da cuenta del posicionamiento de una de las juezas”.

Cerró precisando que la apelación va directamente al Superior Tribunal de Justicia, “es un recurso extraordinario y es el recurso que tiene la Fiscalía. El fin de semana terminaremos de escribir”.

La Fiscalía de la Comarca solicitó la formalización de una investigación que involucra a la responsable del área municipal a cargo de la tramitación de los permisos y a dos empleados encargados del trámite, en seis hechos de falsificación de documento público. Lo investigado ocurrió en junio de 2020, en el contexto de las restricciones nacionales a la circulación y la tramitación de permisos especiales.

El funcionario Ismael Cerda, pidió que se fije audiencia para dar formal tratamiento al pedido de formalización de la investigación penal preparatoria, vinculando para ello a la responsable del área municipal a cargo de la tramitación de los permisos y a dos empleados encargados del trámite. Las irregularidades fueron detectadas cuando las personas que circulaban con los permisos truchos ingresando a la provincia de Río Negro.

El control policial requirió los permisos de circulación, estos fueron ofrecidos por los conductores de los rodados. Los certificados contaban con membrete del Ministerio de Gobierno y Justicia y firma del Ministro de Gobierno José María Grazzini. Sin embargo, al corroborar en el sistema los datos de las personas, aparecían como NO AUTORIZADOS. Frente a esta situación, los ciudadanos con permisos apócrifos fueron imputados de los delitos previstos en los art. 292 y 296 del Código Penal e impedidos de seguir circulando, en uno de los casos incluso fue temporalmente detenido.

Según surge de la investigación, las personas con permisos truchos habrían realizado el trámite formal para la obtención de la autorización en el municipio, de modo regular y sin ofrecer ni requerírseles ninguna contraprestación por este.

A pedido del intendente, el Concejo Deliberante inició un sumario, formándose una comisión investigadora. Del análisis de la investigación administrativa y de entrevistas tomadas en el marco de los legajos judiciales, se pudo comprobar en principio, que quienes emitieron los permisos de circulación falsos, cortando y pegando los sellos, firmas del Ministro de Gobierno y membretes oficiales, e insertado información falsa en dichos documentos públicos, habrían sido parte del personal de la oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Hoyo. Estas personas recibieron el pedido de los pobladores, tomaron sus datos, recibieron las fotografías y luego desde una computadora de la oficina municipal, labraron los permisos de circulación falsos.

La jefa de la Fiscalía de Trelew, Silvia Pereira, resolvió cerrar las puertas de esa dependencia mañana, por lo cual no se atenderá al público y solo se trabajará en las audiencias que exijan perentoriamente presencia de operadores judiciales que representen al Ministerio Público Fiscal.

La drástica medida obedece a los altos niveles de ausencia de personal afectado por el Covid. Esta situación sanitaria se ha venido evidenciando en las últimas semanas al punto tal que en solo un día -el viernes pasado- se registraron cuatro casos positivos en esa dependencia judicial.

La oportunidad de la suspensión de las actividades este lunes, será aprovechada para desinfectar las oficinas donde el personal realiza sus actividades.