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La audiencia de debate que comenzó esta mañana y que tuvo un cuarto intermedio hasta las tres de la tarde, se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson. En la segunda parte de la audiencia, los testigos declararon por videoconferencia por encontrarse dentro de la población de riesgo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Una de los testigos fue Anita Picón, ex directora general de Administración, Crédito Público de Chubut, el otro el contador Luis E. Tarrío.

A las 16:40 horas finalizó audiencia de debate que continuará mañana por la mañana con más testigos por la fiscalía.

Fuente: Canal12

Esta mañana, personal del Hospital Regional se hizo presente en Fiscalía para declarar, tras denunciar al personal policial por los hechos violentos que sufrió en los allanamientos.

Trabajadores estatales acompañaron y se manifestaron por los hechos de público conocimiento en la investigación. La causa fue elevada a la justicia Federal. Trabajadores esperan que se resuelva lo más pronto posible el robo de vacunas.

Según Gerardo Coronado de la CTA “estamos reclamando porque al personal de Salud que allanaron los trataron como delincuentes. Creemos que era más fácil llamarlos al Juzgado y por eso nosotros estamos defendiendo a los trabajadores. Pedimos públicamente la renuncia y la separación del cargo de Miriam Monasterolo”.

Por su parte, Armando Vargas desde ATE señaló “Nuestra compañera está declarando y yo le dije que denuncie a la policía por apremios ilegales. Nos apena que esta causa pase al Juzgado Federal. Pronto vamos a estar repudiando esta causa que nos apena a todos”.

A poco de conocerse los resultados de las presidenciales en Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció un «golpe de Estado» por el pedido de la Fiscalía General de retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer «una pericia», lo que su candidato y ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, calificó como «una grosera violación de la ley» para dilatar el balotaje.

«Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial», tuiteó el exmandatario.

Poco después, Arauz exigió al «Tribunal Contencioso Electoral que actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso ante esta intromisión e interferencia en el proceso electoral ecuatoriano» y llamó a «la comunidad internacional a permanecer vigilante y alerta porque no se ha desactivado aún este intento de interferencia de intromisión de la Fiscalía».

En una conferencia de prensa, el candidato correísta, que ganó la primera vuelta con 3.033.753 votos (32,72%) y peleará con el empresario Guillermo Lasso el balotaje, denunció a la Fiscalía General del Estado de intentar «que se posponga o se cancele la segunda vuelta» presidencial.

«Los ecuatorianos no aguantamos más este Gobierno y no vamos a aceptar que se extienda el mandato del señor (presidente) Lenin Moreno y la segunda vuelta electoral debe realizarse el 11 de abril sin falta. No queremos que el señor Lenin Moreno siga en el Gobierno después del 24 de mayo. Ese día debe asumir el nuevo Gobierno democráticamente electo», afirmó el economista y exministro de 36 años, en la conferencia difundida por sus redes sociales.

Esta madrugada y tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el CNE proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que la segunda vuelta será entre el candidato de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del exintendente Jaime Nebot.

«El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activa participación en la jornada de votación», afirmó el ente electoral responsable de todo el proceso en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik y candidato que quedó tercero muy cerca de Lasso, Yaku Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abre un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local y apoyó tanto Arauz como Lasso.

Pérez, quien denunció varios intentos de fraude electoral «de la derecha» en los últimos días, había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, la provincia costera donde se encuentra Guayaquil, el corazón económico del país, y el 50% de otras 16 provincias.

Tras un acuerdo con Lasso, éste había presentado un pedido similar, aunque en vez del 50% de 16 provincias, solo lo pidió en 6.

El CNE también votó en contra de este pedido -al igual de otros de otros partidos minoritarios- y solo aceptó un pedido de revisión de apenas 26 actas en Guayas y Los Rios hecho por el partido indígena Pachakutik.

Pero lejos de reducir la tensión electoral y los temores de una crisis poselectoral, este anuncio se vio opacado por otro de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado difundido en sus redes, la institución ordenó la «recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral» con el objetivo de «preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha» y «generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas».

Según denunció Arauz, si el material informático es retirado del CNE y «pasa a ser custodiado por la Policía, esto podría impedir la segunda vuelta presidencial».

«Si quieren hacer una revisión de la información, no hay por qué retirar el material informático del CNE. El CNE compartió con todos y en detalle el conteo no solo a través de su página web, sino también en plataformas dedicadas a las fuerzas políticas», aseguró el ganador de la primera vuelta presidencia.

Y no fue el único en cuestionar la decisión de la Fiscalía.Lasso también consideró al pedido de la Fiscalía como un «hecho que debería alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador» y advirtió: «No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares.»

En medio de este clima de incertidumbre y denuncias, Arauz hizo otro pedido concreto para evitar una potencial crisis electoral.

«Nos sorprende que, a pesar de que han transcurrido 14 días desde las elecciones generales, la misión de observación de la OEA aún no publica su informe preliminar, lo que tradicionalmente suele ocurrir tres o cuatro días después de los comicios», advirtió para luego reclamar: «Queremos exigir que la misión de observación se pronuncie inmediatamente y publique su informe preliminar para que en ecuador haya paz social y no se generen dudas en estos momentos.»

Griselda Morel declaró en la Fiscalía General de San Isidro sobre lo que ocurría en la casa donde Maradona pasó sus últimos meses de vida.

Este jueves salió a la luz, parte de la declaración que hizo Griselda Morel en el marco de la causa que investiga las circunstancias que llevaron a la muerte a Diego Maradona.

La profesional es psicomotricista de Dieguito Fernando y era quien acompañaba al menor en cada una de las visitas que le hacía a su padre, por lo que fue testigo directo de lo que ocurría dentro de la casa. Entre todas las cosas que declaró, aseguró que si el ex futbolista despertaba por la mañana y pedía un vaso de cerveza ‘se lo daban’ pese a que por su tratamiento no podría consumir alcohol.

Morel dijo además que si bien jamás vio a Maradona consumir marihuana, sí estuvo presente el día en que él encontró esa sustancia en su casa de Brandsen. También contó que había ocasiones en las que el ex futbolista ‘se hacía pis encima’.

Además aclaró que si Monona, la cocinera, no estaba presente ‘la casa era un desastre’. En los próximos días habrá más novedades en base a este tema que mantiene en vilo al mundo entero.

Fuente: Pronto.

Los fiscales citaron a las 11:30 a una de las personas que estaba en la casa cuando Diego murió luego de que señalara públicamente el accionar del médico Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Los fiscales que investigan la causa de la muerte de Diego Maradona citaron para este miércoles a testigos clave de la investigación entre los cuales se encuentra Romina Milagros Monona Rodríguez, la cocinera que vivía en la misma casa en la murió Diego Armando Maradona, para que amplíe su declaración inicial a partir de sus manifestaciones en una entrevista de TV que brindó el 31 de enero, en la que señaló el accionar del médico Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Los cuatro citados por la Justicia son la ya mencionada Monona, la psicopedagoga de Dieguito Fernando, Griselda Vanesa Morel, quien supervisaba los encuentros entre Diego Maradona y su hijo con Verónica Ojeda, el acompañante terapéutico Carlos Cotar y el exdirector del Instituto Cardiovascular Sacre Coeur, Carlos Álvarez, allí donde el exfutbolista estuvo internado tras su recordada descompensación en Punta del Este, en el año 2000.

Además se peritarán los dos dos teléfonos que estaban en la habitación donde Maradona murió el pasado 25 de noviembre para determinar con más detalle el rol de cada una de las personas que tuvo acceso directo o indirecto al astro y su tratamiento.

Hasta el momento son cinco los imputados en la causa, entre ellos el médico Leopoldo Luque, por “homicidio culposo”, y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusan de falsificar un certificado sobre su salud mental.

El equipo de fiscales de San Isidro a cargo de la investigación, integrado por Laura Capra, Patricio Ferrari, John Broyad y Cosme Iribarren, también imputaron en el expediente al psicólogo y a los últimos dos enfermeros que cuidaron a Maradona tras su alta de la Clínica Olivos.

La testigo clave que habló en TV
Romina Milagros Monona Rodríguez, la cocinera que vivía en la misma casa que Diego Armando Maradona y fue testigo de su muerte el pasado 25 de noviembre, afirmó el pasado 31 de enero que Leopoldo Luque era el único médico al que recibía el Diez y al recordar los intentos de reanimación negó que la otra profesional investigada, la psiquiatra Agustina Cosachov, haya hecho tareas de RCP.

La mujer recordó que la última vez que habló con Maradona fue la noche previa a su muerte, cuando ella le fue a preguntar qué quería cenar y negó que el exDT de Gimnasia no hubiera cenado nada la noche previa a su muerte, como dijeron los integrantes del cuerpo médico que lo trataron.

Rodríguez contó también que Maradona le dijo que quería “dormir” y que incluso por ese motivo no se cambió la remera que llevaba puesta.

“Quiero dormir decía. No estaba enojado, quería estar solo, quería descansar. Él decía que quería descansar y quería estar solo. No quería escuchar ruidos, nada, quería estar solo, tranquilo”, comentó la mujer.

Acerca de Luque, el neurocirujano investigado en el expediente por su responsabilidad en un eventual “homicidio culposo”, la empleada confirmó que hubo una pelea los días previos, aunque al respecto aclaró: “Eso lo hacían jodiendo, tenían una relación en chiste digamos”.

Al ser consultada sobre si Luque era el responsable médico de Maradona, Rodríguez respondió que “sí”, que Diego “siempre” le hacía caso y confirmó que no quería que lo visitaran otros médicos.

El equipo de fiscales de San Isidro a cargo de la investigación, integrado por Laura Capra, Patricio Ferrari, John Broyad y Cosme Iribarren, también imputaron en el expediente al psicólogo y a los últimos dos enfermeros que cuidaron a Maradona tras su alta de la Clínica Olivos.

Sobre el momento del fallecimiento, el 25 de noviembre al mediodía, Monona dijo que “ese día fue mucha locura” y que cuando ella lo vio “ya estaba”, dando a entender que le pareció que estaba muerto y que cree que no hubo manera de reanimarlo. Afirmó que lo que más le impactó fue “que no despertaba” y relató que hasta lo “retaba” y le decía “despertate, vamos Diego levantate”.

“Lo único que me acuerdo es el conteo el ‘1, 2, 3, vamos Monona’”, dijo en relación a las tareas de reanimación que, según aclaró, hicieron la enfermera y el empleado de seguridad, y que negó que hayan sido encabezadas por la psiquiatra Cosachov.

“Nos metíamos todos. Estábamos todos tratando de revivirlo. Estaba la enfermera con el seguridad haciendo RCP. Es mentira que la psiquiatra le hacía RCP, si no sabía ni cómo se hacía”, señaló la mujer que ya declaró en al menos dos oportunidades en el expediente.

Luego explicó que cuando ellos “no podían más”, pedían la colaboración de los otros presentes, y que a ella le indicaron que haga respiración boca a boca y a Cosachov las compresiones.

“Dale Monona hacelo cuando yo te digo 1, 2, 3, 4, 5 va, va… Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días”, recordó la cocinera.

Respecto al momento en que declararon el fallecimiento de Maradona, Monona dijo que se las agarró “con todos”, que pidió que “sigan intentando” porque Diego “no se va dejar morir” y que no lo podían creer.

Cuando le preguntaron si por su trato diario notó que Maradona ya no quería vivir, la cocinera contestó: “Para mí él dijo ‘basta de todo’. Porque viste que él hace milagros y por ahí estaría vivo, pero no, para mí que se dejó. Estaba cansado ya”.

Los principales dichos de Monona que alertaron a la Justicia (*)

“Lo último que hablé con Diego fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”.

“Ese día no… fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían ‘1, 2, 3, vamos’. Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP” (sobre el 25 de noviembre, día de la muerte de Diego Maradona).

“Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo”.

El abogado Gastón Bordier a través de su red social Facebook hizo referencia a la apelación contra la cautelar que frena el tratamiento de minería en Chubut.

Como verán es de aplicación el art.200 del código procesal civil y comercial y por supuesto el intento del impresentable del fiscal de estado Andrés Giacomone en donde pide se suspenda la medida cautelar mientras tramita el recurso solo demuestra el absoluto desconocimiento del derecho por su parte. Ahora… ¿se puede ser tan burro y a la vez ser profesor en la universidad? ¿Ahora se acuerda que es fiscal de estado? Mientras Massoni dictaba resoluciones para toda la población ahí nuevamente demostró no conocer el derecho e incumplir con su función de defender la constitución. O sea… estamos frente a un abogado que desconoce su profesión y no le hace nada bien al cargo que ostenta. Los chubutenses seguimos pagando inútiles.

El Secretario de Obras Públicas de Esquel Marcelo Macayo denunció en la fiscalía local a la empresa que realizó la obra de pavimento en el Barrio Los Sauces, en contacto con FM DEL LAGO confirmó “hice la denuncia porque me encontré con este problema, sabía que había problemas pero no conocía los detalles, la semana pasada me reuní con los vecinos y ahí vi en qué consistía el problema, sentí la obligación como Secretario de Obras Públicas de hacer la denuncia ante fiscalía porque es una irregularidad muy grande, es una obra pública que se abandonó y que según lo que pude ver el hormigón es de baja calidad, son 6 cuadras de pavimento, ese hormigón no cumple con las especificaciones técnicas, hice la recomendación de un perito para que determine si ese hormigón sirve o no sirve, si cumple con las especificaciones técnicas, es un perito de la Universidad de la Patagonia”

Sobre las condiciones del pavimento que denuncian los vecinos del barrio, el funcionario indicó “habría que levantar todo el hormigón, para mi es de baja calidad, hay que ver si el perito coincide con mi apreciación, los vecinos muchos han pagado, otros no han pagado porque desconfiaban de que la obra se hiciera, otros porque no tenían dinero, creo que sí es una obra pública hay que terminarla, si está mal hecha habar que demolerla y hacerla de nuevo, no conozco quien inspeccionó, hay un contrato y hay especificaciones técnicas que seguir, si no se cumplen el inspector es el encargado de verlo, han transcurrido dos años y nadie hizo nada y es una falencia muy grande, no quiero cargar tintas sobre los colegas, eso deberá decidirlo la justicia”

“si es necesario voy a pedir una reunión con la empresa, la denuncia en fiscalía dice que hay deseo de conciliar, los vecinos y el municipio están dispuestos a llegar a un arreglo con la empresa, pero tendremos que ver si hay voluntad, la obra la hizo la empresa Patagonia Vial SRL, propiedad de Simeoni Juliano” comento Macayo.

Barrio Güemes

Otra de las obras de pavimento en Esquel se realiza en el Barrio Güemes, Macayo también se reunió con los vecinos consorcistas por algunas observaciones en la obra, al respecto indicó “estuve reunido con los vecinos, esa obra la hizo Yiyo Simeoni, hay algunas fisuras y me dijo que va a arreglar y la va a terminar antes del invierno, estuve reunida con los vecinos pero con la diferencia que ahí el pavimento está bien, la calidad del pavimento se nota que es buena”

Se vienen los inspectores de obras a la calle

Tras la falta de inspecciones en obras que se ejecutan en la ciudad de Esquel y la necesidad de intensificar los controles, Macayo confirmó que trabajan en el tema “voy a designar inspección de obras en los pluviales y en todas las obras municipales, son quienes ven el avance de las obras y esta semana vamos a definir quién me va a acompañar, que haya un ingeniero y un arquitecto son trabajos complementarios, las obras tienen que estar controladas y supervisadas, todavía estoy empapándome en todo pero en general he estado recorriendo, el personal está trabajando bien, note predisposición y los conozco, una recepción interesante”

Por último la empresa Vialtec trabajaba en una calle adoquinada en Esquel, apilo los adoquines y hace unos días fueron a buscar los adoquines y no están, casualidad están puestos en la casa de un vecino particular “la empresa es la que tiene que reclamar, es un ilícito contra la empresa y la municipalidad, la empresa es responsable de cuidar sus pertenencias y sus materiales, ellos tienen que dejar todo como estaba en la calle”.

 

Se trata de las diferentes presentaciones realizadas ante la Justicia en torno al proyecto para habilitar la megaminería que presentó el Gobierno en la Legislatura. Por un lado se investiga lo referido al informe del CONICET, por el otro por las denuncias y el video del diputado López y finalmente por el audio de Lloyd Jones y las más de 10 solicitudes de vindicación que realizaron diputados provinciales.

Este miércoles, la Procuración General detalló e informó que las diferentes presentaciones judiciales realidad en relación al proyecto de “Zonificación” para habilitar la megaminería en Chubut se han dividido en 3 investigaciones.

En primer término, la Fiscalía de Rawson estará a cargo de avanzar en lo referido a la presunta falsificación de un informe del CONICET, desvirtuándolo y utilizándolo como argumento en favor del proyecto presentado por el Ejecutivo.

En tanto, la Fiscalía de Puerto Madryn será la encargada de investigar el video del diputado Sebastián López, la denuncia por extorsión que hizo el legislador y la presentación del Pro Chubut.

Finalmente, la restante investigación está relacionada al audio de la diputada Leila Lloyd Jones y las 14 solicitudes de vindicación que realizaron legisladores provinciales a partir de dicho audio. Ésta, estará a cargo de la Unidad Especial en Delitos Contra la Administración Pública.

En detalle, en lo que refiere a la denuncia por adulteración de un informe del CONICET, la Procuración repasó que se solicitó a la Legislatura copia del documento presentado como “Desarrollo Minero e Índice de Calidad de Vida”, a Canal 12 se solicitó una copia de un programa de opinión emitido y se realizará una entrevista con el investigador del CONICET Guillermo Velázquez.

Esta investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Rawson, a cargo del fiscal Fernando Rivarola.

En lo que respecta al video del diputado provincial Sebastián López, se informó que se recepcionaron dos denuncias, una de ellas la realizada por el Pro Chubut; y éstas se suman a la denuncia realizada por extorsión por el propio López.

Esta investigación se remitió a la Fiscalía de Puerto Madryn, a cargo del fiscal Daniel Báez.

Finalmente, en lo referido al audio de la legisladora provincial Leila Lloyd Jones, se repasó que se ha solicitado que concurra a la Fiscalía (como lo confirmó la propia Diputada) y a partir de la difusión del audio hubo 14 presentaciones solicitando la vindicación por parte de otros legisladores.

Estos fueron Andrea Aguilera, Manuel Ivan Pagliaroni, Xenia Adriana Gabella, Zulema Margarita Andén, María Magdalena Cativa, Graciela Palmira Cigudosa, Gabriela Elizabeth De Lucía, Carlos Gómez, Roddy Ernesto Igram, Antonio Sebastián López, Emiliano José Mongilardi, Pablo Sebastián Nouveau, Juan Horacio Pais y Claudia Mariela Williams.

Para esta investigación, se le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública (UFE DAP), a cargo del fiscal Omar José Rodríguez y los integrantes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios, investigadores, contadores, técnicos y otros expertos.

“Por el momento no es posible brindar más información al público ni a los medios, dado el estado preliminar de los trámites. Lo que sí afirmamos de modo contundente es que el Ministerio Público Fiscal investigará con absoluta seriedad e independencia funcional, todo cuanto sea pertinente investigar, en el marco de los hechos y situaciones denunciadas”, señaló la Procuración.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

 

El juez de garantías Sergio Piñeda, resolvió abrir la investigación preparatoria por el plazo de seis meses, en el caso de las presuntas irregularidades en torno a la venta de terrenos municipales en la villa balnearia de Playa Unión.

En una audiencia realizada en parte de manera presencial y en parte por el sistema de video conferencia, el fiscal general Omar Rodriguez relató los hechos investigados, las imputaciones que pesan sobre Fernando Vosesky, Carlos Guastavino, Jorge Davies, Alejandro Yaniez y Felipe García Melano.

La audiencia fue coordinada por la Oficina Judicial de Rawson, los imputados designaron formalmente a sus abogados defensores en el caso de Fernando Vosesky fue asistido por los abogados Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, el abogado Gustavo Uad asistió a García Melano, Davies y Guastavino. A Yañiez lo defiende el abogado penalista de Trelew Fabián Gabalachis.

Conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias expuestas por Rodriguez, Vosesky, aparece como autor del delito de negociaciones Incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 265, 248, 45, 54 del Código Penal.

Por su parte Davies, Guastavino, Yañiez y Garcia Melano, sus conductas se adecuan a la figura de negociación incompatible con la función pública, en carácter de partícipes, al carecer los nombrados de la calidad de funcionario público, art. 265, 45 del Código.

Hipótesis fiscal del caso.

En el período comprendido desde la formación del expediente administrativo que tenía por objeto la venta de las tierras fiscales, esto fue, el 28/4/20, cuando Fernando Vosesky, quien ocupaba el cargo de Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rawson, reuniendo el carácter de funcionario público, con pleno conocimiento que detrás de la operación de venta del macizo se encontraban Davies, Guastavino y Yañiez, insertó un interés de parte con el fin de favorecer que los nombrados se quedasen con el negocio inmobiliario. Fue así que desde un primer momento coordinó con quien resultó tasador, Jorge Davies llevar adelante la tasación del macizo. Para ello tuvieron distintas reuniones previas con el tasador, en distintos lugares. Se encargó de manera personal de ingresar las tasaciones al expediente administrativo sin que las mismas pasaran por mesa de entradas, en clara violación a lo normado en la ley de procedimiento administrativo. Esta situación permitió ir corrigiendo los errores que presentaban las tasaciones, extrayéndolas del expediente y mandarlas a corregir, como ocurrió con la tasación de Fratello, la cual había sido agregada a fs. 12, como así también la de Davies, que había sido agregada en el expediente administrativo en la foja número 14. Asimismo, a partir de que Genila SA., quedó como un único oferente el funcionario, quien integraba la comisión de Pre-adjudicación, asumió un rol proactivo en cuanto a completar el trámite administrativo tendiente a materializar la adjudicación en favor de la firma aludida. En este contexto, tuvo fluida comunicación con Jorge Davies, de quien se tomó como base su tasación para el ofrecimiento público, a quien le solicitaba la documentación de Genila SA., lo instruía respecto en donde pedir los antecedentes penales, sobre la inhibiciones respecto de la ley de contrataciones públicas, lo alertaba sobre la ausencia de firma de la socia en Genila en el Acta del Directorio. Así mismo Vosecky les advertía que faltaba una nota de Guastavino que acreditase su relación con la SA., porque el nombrado no tenía relación con Genila, como así también brindó información para rehacer una nota que se encontraba agregada al expediente a fs. 82, tal como se explicara más arriba. Por otra parte el funcionario le requería a Davies de manera presurosa que trajera el papel, así podían juntarse y armar el proyecto de ordenanza a fin de mandarla al consejo deliberante. En todo este contexto, mantenía comunicación con Davies destacando lo buena que había resultado la reunión, como así también le manifestó que una inquilina suya quería comprar un terreno de los que estaban vendiendo. Por otra parte, el nombrado le envió un pdf conteniendo las tasaciones de la gestión anterior, y asesoraba a Guillermo Guastavino de cómo le debía presentar las notas para agregar al expediente municipal, respecto de los trámites en Inspección General de Justicia.

Lo dicho resulta abiertamente contrario a los deberes que debió observar el funcionario público, contenido en la ley de ética pública LEY I- Nº 231 (Antes Ley 4816), lealtad, imparcialidad, objetividad, responsabilidad, etc., como así también omitió la observancia de la ley de procedimiento administrativo al no dejar registro de los documentos que ingresan al Municipio. El secretario de la cartera municipal asumió una conducta por encima del interés general, sabiendo que actuaba en una operación de contenido económico, en su carácter de funcionario, con clara tendencia beneficiante respecto de intereses particulares, violándose así el deber de actuar en interés exclusivo de la administración pública, sobre todo cuando el nombrado era uno de los funcionarios que integraba la comisión de preadjudicación que debía fiscalizar y realizar todas las observaciones pertinentes respecto del trámite de venta, el cual omitió.

Vosesky se interesó en miras de beneficiar al grupo de Davies, y lo hizo activamente, afectando el deber de imparcialidad, en cuanto fue quien buscó los tasadores, propuso al Intendente el precio de venta del ofrecimiento, fue quien personalmente se encargó de corregir el expediente administrativo, y firmar el dictamen aconsejando se adjudique a la firma Genila SA, con pleno conocimiento que dicha firma era utilizada como pantalla para ocultar al tasador, y sus socios, Yañiez y Guastavino. Este interesarse es la traducción de una manifestación de voluntad orientada al aprovechamiento de la función pública para beneficio, en este caso, de terceros, con quien el funcionario tenía relación.

Por otra parte, respecto de los particulares, cada uno realizó aportes necesarios respecto del plan pergeñado. Davies llevó a cabo la tasación del macizo, y fue quien tenía una relación activa con el funcionario para ir completando el trámite administrativo de adjudicación. Guastavino fue quien asumió el rol como socio mayoritario cuando comenzaron los cuestionamientos. Además, tuvo un rol preponderante en la venta de los lotes con anterioridad a la presentación de la oferta. Por su parte Yañiez fue el encargado de hacer el contacto con Felipe Garcia Melano para conseguir una sociedad y ocultarse detrás de ella, como así también intervino en la venta de los lotes. El propio Melano, con pleno conocimiento de la maniobra aportó una Sociedad de nombre Genila SA., que había constituido el año anterior, junto a su pareja, a fin de utilizarla en el ofrecimiento público, con el objeto de evitar se detecten los verdaderos interesados. Procedió a completar los libros para darle un marco de coherencia y legalidad al trámite del ofrecimiento público. Fue así suscribió el Acta de Directorio de fecha 27 de abril del 2020 donde se lo autorizaba a realizar el ofrecimiento público del macizó de Playa Unión, a su vez, completó el libro de cesiones de acciones en favor de Guillermo Guastavino donde le cedió el 90 % de las acciones, le otorgó un poder general de administración en favor de Alejandro Yañiez, firmó el ofrecimiento público, firmó el pagaré como garantía del ofrecimiento, suscribió las notas que fueron agregadas en el marco del trámite administrativo, presentados en la Municipalidad Rawson.

Por lo expuesto, las conductas descriptas precedentemente afectaron el bien jurídico protegido por la norma el cual se trata del fiel y debido cumplimiento de las funciones de la administración pública, el cual se fue consumando en los momentos en que el funcionario iba insertando un interés con tendencia beneficiante, independientemente del logro del beneficio buscado o el eventual perjuicio a la administración municipal, en connivencia con los particulares, quienes realizaron aportes necesarios, descriptos más arriba, para completar la maniobra tendiente a lograr el resultado que era quedarse con las tierras fiscales.