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El pedido es que la Justicia avance en la causa y dicte la prisión preventiva al docente que está acusado como abusador sexual.

Los padres de la escuela de nivel inicial 406 del barrio 9 de Julio anticiparon que hoy a partir de las 10 se concentrarán frente a la fiscalía y realizarán un corte total de la calle.

Desde la fiscalía de Comodoro Rivadavia confirmaron que hay 42 denuncias formales por abuso contra niños y niñas en el jardín del barrio 9 de Julio. Aseguraron que “estamos sensibilizados y al lado de los padres”, mientras que remarcaron que “los tiempos los marca la Ley”.

El jefe de fiscales, Marcelo Crettón, añadió en tanto que “el niño no debe abordar el tema en la casa sino que debemos esperar los momentos judiciales adecuados”.

En cuanto a la situación del docente acusado, explicó que se resolverá mediante “una evaluación que hará la Fiscal conforme las 42 denuncias”, confirmó.

Cerró apuntando que “hablamos con los papás que quisieron pasar -y garantizó que- la asistencia se da a través del Servicio de Asistencia a la Víctima”.

A través de un comunicado en redes sociales le exigen a la Justicia una solución antes de este lunes 14. «Hicimos las cosas por las buenas, ahora decidimos actuar por las malas» indicaron. Algunas escuelas suspendieron las clases en el turno mañana y el Superior Tribunal de Justicia promete «una respuesta eficiente» y apunta todas las culpas a la Fiscalía que no pidió la detención del acusado.

El domingo, luego de los graves hechos ocurridos en el barrio 30 de Octubre, donde entienden que «preservan la integridad del acusado y no así la de niños», los padres de los niños abusados advirtieron que «hicimos las cosas por las buenas, ahora decidimos actuar por las malas».

Padres, familias y allegados del Jardín N°406 lanzaron un ultimátum a la Justicia exigiendo la detención del acusado de haber cometido abuso sexual en perjuicio de los niños de la Escuela de Nivel Inicial del 9 de Julio, que en caso de no cumplirse, llevarían a cabo cortes y manifestaciones en puntos neurálgicos de la ciudad.

Este domingo por la mañana los padres de las presuntas víctimas del Jardín N°406 lanzaron una dura advertencia en caso de que no se materializara la detención del acusado de haber cometido múltiples abusos en el jardín del 9 de Julio.

El comunicado contemplaba el corte total en Ruta 3 y 26 afectando la circulación entre Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia, como también la Playa de Tanques de Km3 que pondría en jaque el abastecimiento de combustible en la región.

El tiempo límite fijado por los padres era este lunes 14 de noviembre, y todo parece indicar que no se cumplirá con los tiempos y las medidas se llevarían a cabo tal como lo estipularon en el escrito.

Ante esto, los colegios Dean Funes, María Auxiliadora y Domingo Savio ya anunciaron que, en pos de conservar la integridad de los miembros de las comunidades educativas, queda suspendido el dictado de clases en el turno mañana. Asimismo, evaluarán hacer lo mismo con el turno tarde en caso de que las medidas perduren.

STJ, promesas y lavado de manos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut emitió este domingo un comunicado en el cual promete «una respuesta eficiente» en la investigación de los más de 40 abusos en la Escuela de Nivel Inicial Nº 406 de Comodoro Rivadavia, y explicó por qué aún no se dispuso la detención del docente acusado.

En primer lugar, el STJ precisó que «se han dispuesto todos los mecanismos de intervención para garantizar una respuesta eficiente en este tipo de casos».

«Desde primera hora del viernes 11 de noviembre (un día después de que se hizo pública la primera denuncia) se han convocado a profesionales de la psicología forense de la Circunscripción Judicial Comodoro y de otras circunscripciones a los fines de atender aquellos casos identificados, de manera poder tomar los testimonios requeridos y brindar contención a las víctimas», indicó.

«Por otra parte, el Cuerpo Interdisciplinario Forense se mantiene en guardia de 24 horas a efectos de concretar todas aquellas pericias que sean requeridas por los investigadores del caso», añadió.

Para finalizar, desde el STJ se detalló que «en virtud de la división de funciones que establece el Código Procesal Penal y las leyes vigentes, hasta el momento no ha intervenido ningún juez o jueza de la Circunscripción ya que para ello se requiere el impulso por parte del Ministerio Público Fiscal de un pedido formal de apertura de investigación y de medidas complementarias para garantizar dicha investigación, como la solicitud de pericias, allanamientos y/o detenciones con prisión preventiva; situación que de momento no ha ocurrido».

Autoridades del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia confirmaron que hay al momento 42 denuncias formales por abuso sexual infantil contra un docente del Jardín Nº 406 del barrio 9 de Julio.

El procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, aseguro que se recibió a los padres en la jornada del jueves y que “fue para coordinar acciones para descomprimir esta situación que nos está afectando a todos”.

“Desde la Fiscalía somos muy sensibles a lo que pasó, estamos sensibilizados y al lado de los padres”, aseguró y garantizó que “se están poniendo los recursos y los medios para avanzar en la investigación”.

“La Fiscal tuvo entrevistas con los padres y las víctimas. A esta altura no tenemos mayor dificultad con los padres, esta dificultad que tenemos se da con otras personas”, añadió.

“Son casos sensibles y no hay mayor información que dar excepto a los padres. Los tiempos los marca la Ley, la Fiscal está trabajando y reuniendo evidencia”, puntualizó.

El jefe de fiscales, Marcelo Crettón, añadió en tanto que “el niño no debe abordar el tema en la casa sino que debemos esperar los momentos judiciales adecuados”.

En cuanto a la situación del docente acusado, explicó que se resolverá mediante “una evaluación que hará la Fiscal conforme las 42 denuncias”, confirmó.

Cerró apuntando que “hablamos con los papás que quisieron pasar -y garantizó que- la asistencia se da a través del Servicio de Asistencia a la Víctima”.

Las familias de los niños y niñas que denunciaron abusos sexuales en el Jardín 406 de Comodoro Rivadavia acamparon frente a la Fiscalía local, cortando de forma intermitente la Ruta Nacional Nº 3, exigiendo el avance de la causa por parte de las autoridades judiciales.

La protesta había comenzado este jueves por la mañana, cuando las familias se movilizaron hasta este sector de la ciudad exigiendo conocer cuál era el avance y las medidas adoptadas por la Justicia.

Luego de una jornada de manifestación, se adoptó acampar en el lugar para visibilizar la situación, pasando así la noche en el lugar a pesar del temporal de lluvia presente en la Ciudad Petrolera.

Los padres del jardín donde se denunciaron abusos infantiles se manifestaron este jueves en la Fiscalía exigiendo que la fiscal a cargo informe sobre lo actuado. Al momento, ni los padres ni los niños y niñas han tenido asistencia psicológica ni de ningún tipo por parte del Estado.

Este jueves los padres del Jardín 406 encabezaron una nueva jornada de protesta, en este caso en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, exigiendo que la fiscal a cargo dé detalles de lo actuado ante el caso.

Es importante señalar que los propios padres han manifestado que no han tenido ningún tipo de asistencia ni contención por parte de los diferentes organismos del Estado, tanto ellos como padres ni los niños y niñas como víctimas.

“Queremos que nos digan y nos dejen transmitir a los medios para que se comparta cuál es la respuesta que está dando la Justicia”, remarcó uno de los padres.

En las inmediaciones de la Fiscalía se encontraba cortada la Ruta Nacional Nº 3 y se dispuso una fuerte presencia de policías para resguardar el sitio.

“No queremos que lo que nos dicen quede en 4 paredes, pedimos que salgan y den la cara, ayer pedimos desde las 8 que salga la directora, no salió y pasó lo que pasó. Ahora estamos pidiendo que salga de forma pacífica la fiscal”, remarcó uno de los padres.

“Abusaron de nuestros hijos y pedimos que salgan a dar la cara”, transmitió el vecino.

Enfatizó en este contexto que “el único apoyo que tuvimos fueron los medios, ninguna autoridad nos ha dado una respuesta”, dando cuenta de la falta de contención ya bordaje psicológico por parte de Salud.

El conductor de televisión Marcelo «Teto» Medina y otros detenidos de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» fueron trasladados la mañana de este viernes desde la comisaría 1 de Berazategui rumbo a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, de esa localidad bonaerense, para ser indagados en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento de rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.

Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y este viernes a las 7.30 algunos de ellos fueron trasladados en móviles policiales hasta la fiscalía que conduce Daniel Ichazo para prestar declaración.

Uno de los trasladados fue el ex integrante del programa VideoMatch, que pasó la noche en la comisaría 1 de Berazategui donde ingresó el jueves a las 15 tras ser detenido por la mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Su abogado Adrián Tenca rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque “es absolutamente inocente».

«Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización», dijo Tenca el jueves a la prensa.

Agregó además que Medina «tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno».

También Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir», dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes en recuperación de adicciones «es absolutamente descabellada».

Biondi dijo que este viernes analizaría el expediente para diagramar la defensa de su cliente, que al igual que Medina pasó la noche detenido en la comisaría 1 de Berazategui.

«Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido», sostuvo el abogado a la prensa.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner  anunció, tras el rechazo a su pedido para ampliar su declaración, que «a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará este martes a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», expresó el lunes la expresidenta en Twitter tras la negativa del tribunal.

En ese marco, anunció que hoy a las 11, «a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».

El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras», previo al veredicto.

Ayer se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.

Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria. El debate se reanudará el 5 de septiembre.

La defensa pidió 15 días o tres años de manera condicional por ser coautor del incendio en la Legislatura ocurrido en 2019.

Esta mañana se realizó en la Oficina Judicial de Rawson la cesura de pena contra del ex dirigente de Atech, Santiago Goodman, en donde Fiscalía pidió la condena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo por los incendios en la Legislatura ocurridos el 17 de septiembre del 2019.

El abogado del imputado, Sergio Miranda, consideró que Goodman, «no colaboró en avivar el fuego», indicó, «que estaba cocinando para los manifestantes».»El contexto y la zona liberada también fueron parte de los atenuantes», detalló su defensor.

El abogado defensor de Santiago Goodman, Sergio Miranda, consideró que Goodman, «no colaboró en avivar el fuego», indicó, «que estaba cocinando para los manifestantes».

«El contexto y la zona liberada también fueron parte de los atenuantes», explicó su defensor.

Mientras se realizaba la misma se llevó a cabo una manifestación frente a la oficina judicial en Rawson, en donde participaron los gremios Atech; Cta, Sadop, Sisap, Utep, Mte y partidos de Izquierda. Los mismos exigen la absolución de Goodman y el «cese de la criminalización de la protesta».

Semanas atrás se hizo público en este medio mediante un artículo de la Dra. Quintana que se había puesto en riesgo un mallín patagónico con una obra donde se iba a perforar un pozo que Ministerio de Ambiente de provincia paró.

Ha trascendido en estos días, que a raíz de hacerse pública esta nota, un grupo de vecinos, entre ellos a una reconocida referente espiritual del pueblo mapuche, han presentado una denuncia penal en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, porque se detectaron una serie de irregularidades que presumiblemente serían delitos que involucran a la consultora ambiental que realizó en informe de impacto ambiental y algunos inspectores de ambiente que habrían mirado para otro lado.

Según fuentes allegadas a este portal, tras conocer el contenido del Expediente donde se llevaba adelante el pozo, se descubrió que la consultora habría minimizado la existencia del mallín cerca del pozo y los inspectores de ambiente que fueron hasta el lugar “no lo habrían visto” o será que no hicieron el esfuerzo que su cargo les imponía?

Recordemos que la palabra “mallín” es de origen Mapuche y en mapzungun significa “suelo inundado” con este término se designa a los humedales patagónicos, esas pocas áreas de color verde intenso que aún sobreviven en las zonas aledañas a la cuenca petrolera del Golfo San Jorge.  Hoy en día en Chubut está PROHIBIDO hacer pozos de petróleo o movimientos de suelo en zona de mallines.

Es importante destacar cómo cuando la gente ejerce el derecho de acceso a la información se descubren cosas y se puede controlar mejor a quienes controlan, en este caso el estado del ambiente.

Según nuestras fuentes, la denuncia sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los inspectores de ambiente, que es un delito previsto en el Art. 248 del CP, que pune con penas de 1 mes a 2 años de prisión a los funcionarios públicos que no cumplen con un deber que les impone una norma. En este caso habrían incumplido el deber de controlar el estado del ambiente, al “no ver” ese humedal en peligro.

Por otra parte la denuncia también se habría instado contra los responsables de la consultora “Consulplan” quienes habrían falseado u ocultado ciertos datos para conseguir que el Ministerio de Ambiente le aprobara la obra a la empresa YPF S.A. que la había contratado. Por lo que se los estaría investigando por falsificación de instrumento público, delito previsto en los Arts. 292 y 296 del CP que prevé penas de para sus autores que van de 1 a 6 de prisión o reclusión.

La investigación ya está en manos del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Es interesante ver como en este caso se ve en pleno el ejercicio de los derechos que reconoce el Convenio Regional de Escazú al cual Argentina adhirió mediante la Ley 27.566, ya que estos denunciantes son vecinos defendiendo derechos humanos ambientales (Art. 9 del Convenio) quienes pueden hacerlo merced a haber accedido a la información pública que fortalece el ejercicio de ciudadanía republicana.

El defensor de uno de los acusados de la violación en Playa Unión dijo que su defendido «es 100 por ciento inocente». Fue absuelto en juicio de marzo de este año, pero la fiscalía y la querella pidieron al Superior Tribunal de Justicia que ordene un nuevo juicio.

El abogado defensor de uno de los acusados por el caso conocido como ‘la manada de Chubut’, Guillermo Iglesias, dijo hoy que su defendido “es 100 por ciento inocente” del delito de violación en grupo del que fue acusado y finalmente absuelto en juicio de marzo de este año, aunque la fiscalía y la querella presentaron este miércoles una serie de argumentos para que el Superior Tribunal de Justicia ordene un nuevo juicio.

Iglesias, que representa a Ezequiel Quintana, refirió en principio que tras la audiencia desarrollada en el Superior Tribunal de Justicia, la querella y la fiscalía presentaron los fundamentos por el que entienden que debe realizarse un nuevo juicio.

En un plazo de 30 días, la corte provincial deberá resolver si hace lugar a ese pedido o si confirma la sentencia anterior, que había sobreseído a los acusados (además de Quintana, Luciano Mallemaci y Leandro del Villar).

El abogado expresó que si bien su representado había aceptado en una etapa anterior un juicio abreviado, por el que había aceptado su responsabilidad en un delito de abuso sexual simple, para acordar una pena menor, decidió someterse finalmente al juicio penal, tras una serie de recursos que cuestionaron aquellos acuerdos.

“La particularidad del juicio abreviado es que no se producen las pruebas, entonces se había acordado un delito menor, con una pena en suspenso. Cuando se rechazó el abreviado, nosotros impugnamos esa resolución pero mi defendido bajo ningún concepto quiso aceptar su responsabilidad en esas condiciones, porque se estaba violentando su buen nombre y honor. Incluso decidió lo contrarió a mi consejo profesional, porque yo entendía que el contexto del juicio era adverso, pero tuvimos la suerte de contar con un tribunal intelectualmente honesto y pasó lo que tenía que pasar”, indicó, en relación a que los imputados resultaron absueltos.

“Nadie dijo haber visto lo que los medios dicen que pasó”

En diálogo con Actualidad 2.0, aseguró que la discusión durante el juicio permitió llegar a la conclusión de que “la víctima no estaba en estado de inconsciencia, porque ella dice que tomó dos vasos de fernet y no recuerda más nada. Además, de las 50 personas que estaba en la fiesta, nadie en el juicio dijo haber visto lo que los medios dicen que pasó”, en referencia al abuso sexual perpetrado en una habitación del lugar donde se realizó la fiesta.

Ante la consulta de si su defendido es inocente de haber participado en una violación grupal contra la víctima, que en ese momento tenía 16 años de edad, respondió. “Cien por ciento, o ciento cincuenta por ciento. Antes reconoció que había participado del abuso sexual simple porque yo le di un consejo profesional errático, por el contexto adverso, porque había un clamor popular en el que los medios instalaron que hubo una violación grupal. Tuvo razón en querer llegar al juicio oral y público”.

En ese marco, dijo que las pruebas más importantes durante el juicio fueron el hecho de que “la víctima no declaró como testigo, con lo cual a la fiscalía puso en jaque su propio caso, pero además porque ningún testigo declaró haber visto lo que supuestamente ocurrió. Porque una cosa es lo que dicen las testigos cuando van a declarar solamente con la fiscalía y otra cosa cuando responden las preguntas, en el juicio, a la fiscalía y a las defensas”.

Finalmente, rechazó la posibilidad de que la víctima, de 16 años al momento de los hechos, pudiera haber sido víctima de una pastilla para provocarle inconsciencia, dijo que “esta conjetura excede al marco del juicio y no se planteó, de ninguna manera”.

Un caso que disparó la polémica a nivel nacional

El caso de “la manada de Chubut” fue objeto de debate a nivel nacional en el año 2020, cuando trascendieron los términos del acuerdo para abreviar el juicio y que los imputados tuvieran una pena menor a la que podían afrontar en caso de una condena formal.

El abuso sexual con acceso carnal y agravado por la participación de dos o más personas prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión, mientras que el delito de abuso sexual simple (tocamientos), por el que se había propuesto el juicio abreviado, establecía una pena de 3 años de prisión en suspenso y el pago de un resarcimiento económico para la víctima.

El juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó el acuerdo, señalando que no se podía limitar el derecho penal al poder adquisitivo de los imputados. Además, el fiscal Fernando Rivarola había justificado la situación en un “desahogo sexual” por parte de los imputados, lo que le valió los lógicos repudios de gran parte de la sociedad y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que finalmente no prosperó.