El senador Ignacio «Nacho» Torres presentó un Proyecto de Ley solicitando la reversión a las jurisdicciones provinciales de las Centrales Hidroeléctricas concesionadas cuyos contratos se vencen próximamente.
En el año 2023 comienzan a vencer los contratos de concesión de las Centrales Hidroeléctricas, es por ello que entendemos que esta es una oportunidad para avanzar en la real concreción de la “Soberanía Energética” y para ello es necesario primero una decisión política y luego resolver los mecanismos de instrumentación que permitan, de acuerdo al marco regulatorio, que el manejo y control de las centrales hidroeléctricas de la norpatagonia, sean revertidos sin cargo a las jurisdicciones provinciales. Y sean estas quienes organicen la explotación de las mismas en un todo de acuerdo con la Ley Nº 24065.
El art. 124° de la Constitución Nacional, “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. A la par de ello, el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica, que abastece de energía eléctrica a todo el país, con la única excepción de Tierra del Fuego. Esto en sí mismo representa la necesidad de una mirada amplia, que reconozca la legitimidad de la propiedad del recurso hídrico a las provincias con la participación y niveles de decisión correspondientes, y que al mismo tiempo no pierda de vista los intereses nacionales en juego.
Propone el Proyecto, que serán las jurisdicciones provinciales con injerencia en el manejo del recurso hídrico, a través de los comités de cuenca, quienes organicen la explotación de los mismos, sin perjuicio de ello, el poder de policía y seguridad de presas será ejercido por el ORSEP de acuerdo a las normas vigentes o que en el futuro se establezcan.
El Estado Nacional ha otorgado concesiones hidroeléctricas en los términos que prevé la Ley, sobre recursos hídricos provinciales tanto antes, como después de la reforma constitucional de 1994, sin que la facultad del Estado Nacional para otorgar dichas concesiones haya sido cuestionada constitucionalmente.
Asimismo, cabe señalar que el uso del agua está regido por los códigos de aguas provinciales, variando en cada caso las prioridades de uso. Hoy, frente a las ingentes necesidades de racionalizaciones del uso del recurso hídrico, se impone un manejo integrado y por quienes detentan el dominio del mismo. Son las provincias quienes deben proceder a la articulación en pos de sus intereses, y quienes efectivamente deben poseer la gestión unificada e integral de sus recursos.
Como patagónicos, creemos importante que se reviertan estas concesiones dado, que solo se pretende reconocer la razonabilidad que el poder jurídico les otorga a las provincias como autoridad de cuenca y de manera estratégica sean las mismas las que con sus recursos contribuyan a la producción de energía, un recurso indispensable para el desarrollo de nuestra región y nuestro país.