Gobierno negociación Lijo y Mansilla. A poco de cumplirse un año del anuncio de la postulación del jurista Manuel García Mansilla y del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema, la principal apuesta política del Gobierno en el ámbito de la Justicia enfrenta horas cruciales y un dilema de imprevisibles consecuencias: o abre una negociación en el Senado o enfrenta una inoportuna derrota.
En la discusión sobre el futuro de las dos vacantes del máximo tribunal hay hechos y certezas, versiones y especulaciones, y las frías imposiciones que se derivan de la Constitución y las leyes y de la fría aritmética parlamentaria. Y dos datos insoslayables: García Mansilla ya juró y empezó a ejercer como juez de la Corte nombrado por Milei en comisión, al igual que Lijo, quien no siguió sus pasos porque los magistrados del alto tribunal le exigieron que antes renuncie a su cargo de juez federal.
Lo cierto es que el Gobierno deberá abordar la última curva de esta larga carrera, con menos fortaleza, debido a episodios desafortunados, errores no forzados y daños autoinfligidos (caso $Libra), que mellaron la imagen del oficialismo.
Entre los hechos que rodean a esta polémica hay que destacar que el kirchnerismo -en coincidencia circunstancial con el radical Martín Lousteau y la larretista Guadalupe Tagliaferri- firmó en la Comisión de Acuerdos el dictamen para discutir el pliego de García Mansilla en el pleno del Senado. Después de eso y con seis firmas de los dos bloques de Unión por la Patria, pidió una sesión especial para el jueves, a las 12, con el objetivo deliberado de rechazar la postulación de García Mansilla y Lijo.
Antes y después de esa ofensiva relámpago de Unión por la Patria, pudo confirmar que tres senadores “dialoguistas” y uno de La Libertad Avanza le hicieron llegar a la Casa Rosada un pedido entre reservado y secreto: retirar los pliegos para evitar una derrota política de imprevisibles consecuencias.
Sería, además, una derrota inoportuna, porque se inscribiría detrás de los últimos traspiés, mientras el gobierno nacional discute la aprobación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario, en un test político que está siendo observado con lupa por inversores extranjeros y el círculo rojo. Lo monitorean como una prueba de gobernabilidad de corto y mediano plazo.
Aunque este medio tiene los nombres de los otros tres senadores del interior del país, el único que públicamente reveló que había hecho llegar esa sugerencia a la Casa Rosada de retirar el pliego fue el ex presidente del bloque PRO en el Senado y que ahora juega “suelto” en la Cámara alta, el cordobés Luis Juez.
En una entrevista exclusiva con Infobae publicada este domingo, el dirigente reveló: “Le he sugerido al gobierno que retiren el pliego de García Mansilla. Si ya García Mansilla es ministro de la Corte en comisión hasta diciembre, ¿cuál sería el motivo de mantener un pliego acá si quieren llevarlo al recinto para voltearlo?»
“Vamos a entrar en una cuestión de conflicto institucional, porque les guste o no les guste, García Mansilla ya es ministro de la Corte. Le tomaron juramento y su forma de entrar fue por el otro camino que establece la Constitución a través de un decreto simple”, agregó.
Además, planteó una pregunta clave: “¿Qué pasaría si el Senado decidiera rechazar el pliego a García Mansilla después que la Corte le tomó juramento por otra vía tan constitucional como esa? Entraríamos en un conflicto de poderes y también se generaría una situación de incertidumbre jurídica. ¿Qué pasaría con las sentencias y las resoluciones que firme García Mansilla?».
Negociación o derrota
Lo cierto es que, más allá de las sugerencias y la disponibilidad o no de la Casa Rosada para retirar uno o los dos pliegos, si el oficialismo decidiera dar ese paso, requerirá de una votación igualmente. Es que así lo establecen las normas de funcionamiento del Senado: para retirar una propuesta enviada por el Ejecutivo, los legisladores, con mayoría, deben aprobarlo.
Así, el kirchnerismo sigue teniendo la llave para juntar los 37 de 72 bancas, como así también los 25 para no habilitar los dos tercios que se requieren para la aprobación con dos tercios. “Se necesita negociar para dejar los pliegos y aprobarlos, como también para retirarlos”, admitieron en el oficialismo.
Hay en este contexto una protagonista que es clave y tiene un margen pequeño, pero decisivo, para demorar o apurar los tiempos: es Victoria Villarruel, la vicepresidente que se viene llevando pésimo con casi todo el gobierno, de Javier y Karina Milei para abajo.
Hasta ahora, nadie del gobierno nacional se comunicó con ella y se mantiene invariable la gélida terapia de la indiferencia.
De todos modos, en la Casa Rosada dieron por hecho que la titular de la Cámara alta va a resistir la ofensiva kirchnerista, pero saben, como pasó con la sesión en la que se rechazó el decreto 70/23, hace exactamente un año, que esa dilación no puede ser infinita. El 14 de marzo del año pasado, después de algunos remilgos, el Senado rechazó ese DNU desregulador con una mayoría de votos en contra del kirchnerismo.
Para evitar repetir esa historia -en la que Villarruel selló su expulsión definitiva del oficialismo- en La Libertad Avanza empiezan a explorar la posibilidad de tejer algún acuerdo. Con la certeza de no contar con los votos para aprobar ninguno de los dos pliegos, está la posibilidad de abrir una negociación con el kirchnerismo o aceptar una derrota tan inoportuna como peligrosa.
En la más estricta reserva, en el oficialismo hay algunos con voluntad de abrir una instancia de diálogo. Pero dependerá de un aval último, que no es solo la predisposición de Milei, sino que existan chances de éxito. Hay una cuenta regresiva o, como dijo Cristina Kirchner se dio vuelta el reloj de arena.
