Desde aquel entonces hasta el presente, el Poder Ejecutivo «ha adoptado una serie de medidas que redujeron de manera significativa el gasto público a fin de garantizar el equilibrio fiscal, y que tuvieron como principal efecto una creciente estabilización de las variables macroeconómicas».
Eso, sumado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitirá fortalecer las reservas del BCRA, posibilitó que «se minimice la intervención del Estado Nacional en la dinámica de la oferta y la demanda y se abandonen los mecanismos artificiales de incentivos establecidos para intermediar entre un segmento y otro de la economía», en este caso el «dólar blend».
Ante ese contexto, manifestaron que es «imperativo» dejar «sin efecto» a todas aquellas restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como también todo régimen normativo «que distorsione los precios de mercado o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda, a través del pleno restablecimiento del régimen previsto en el Decreto N° 609/19 y sus normas modificatorias y concordantes».
Debido a lo expuesto, el Gobierno consideró necesario derogar el Decreto N° 28/23 «por la naturaleza de la medida involucrada, para evitar el fuerte impacto negativo que de otro modo podría traer consigo en el escenario económico presente». Y para garantizar su eficacia considerando que «es necesario que ella se adopte e implemente de manera inmediata y no pre-anunciada».
