Luego de un extenso proceso judicial que incluyó juicios, apelaciones y revisiones, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia confirmó en las últimas horas la condena a 18 años de prisión contra J.P.R.C. por una serie de abusos sexuales y hechos de corrupción de menores cometidos contra víctimas menores de edad, algunos de ellos agravados por la convivencia preexistente.
La resolución, conocida este jueves, declaró improcedente la impugnación extraordinaria presentada por la defensa del acusado y su respectiva queja, ratificando así las sentencias condenatorias dictadas por el tribunal colegiado de debate en noviembre de 2023, y confirmadas en marzo de 2024 por la Cámara en lo Penal local.
Lo condenaron y tardaron casi dos años en meterlo preso
De acuerdo con ADNSUR. El fallo de primera instancia había encontrado a J.P.R.C. culpable de múltiples delitos: abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años y por la convivencia previa; además de abuso sexual contra una menor de 18 años, en concurso con promoción de la corrupción de menores, y otros hechos calificados como delito continuado.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos por los cuales fue condenado J.P.R.C. se produjeron entre el 4 de enero del año 1998 y el 1 de diciembre de 2010, cuando la víctima tenía entre 4 y 16 años, y el imputado era el padrastro de la misma.
PRISIÓN PREVENTIVA ANTE EL RIESGO DE FUGA
Con la sentencia del STJ, que cerró la vía de impugnación, la fiscal Verona Dagotto solicitó este viernes en audiencia la prisión preventiva inmediata del condenado.
La funcionaria judicial argumentó que, ante la confirmación definitiva de la pena de 18 años, se incrementó el peligro de fuga y era necesario asegurar el cumplimiento de la ley penal, por lo que pidió remitir el caso al juez de ejecución.
La defensa, ejercida en esta instancia por Benjamín Sanabria, se opuso al pedido, invocando el principio de inocencia hasta que la condena adquiera firmeza formal, y reclamó que se mantengan las medidas sustitutivas vigentes.
Finalmente, la jueza penal Daniela Arcuri hizo lugar a la solicitud de la fiscal y dispuso que J.P.R.C. quede detenido de forma preventiva hasta que la sentencia alcance la calidad de cosa juzgada. El fundamento central de su decisión fue el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar la ejecución de la pena impuesta.
De esta manera, tras casi dos años desde que se dictó la condena original, el autor de los abusos comenzará a cumplir en prisión la pena que la Justicia provincial consideró probada y proporcional a la gravedad de los hechos cometidos.