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En las últimas horas se difundió que probablemente la causa que se conoce como el abuso de «la manada de Chubut» y que tuvo como víctima a una chica de 16 años en una vivienda de Playa Unión en setiembre de 2012 estaría a punto de sufrir una postergación en el inicio del juicio.

Al respecto, la diputada nacional por el Frente de Todos, Estela Hernández mostró su descontento con esta situación y al respecto dijo que “nunca comprenderé la frialdad con la que se manejan quienes están a cargo de esta causa. Hay una joven que pide a gritos justicia y un pueblo que necesita un mensaje distinto del que se viene dando. Avalar a los imputados es burlarse de quien fue abusada y en sí mismo de todas las personas que han pasado por circunstancias similares a la de ella”.

«No importa el apellido que tengas, ni la clase social a la que pertenezcas. Todo hecho delictivo debe ser juzgado, la víctima escuchada sin revictimización y la Justicia actuar con perspectiva de género».

En junio de 2020, Hernández presentó un proyecto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para repudiar el accionar del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola por el cambio de carátula que señalaba al acceso carnal como un desahogo sexual grupal, como si esa acción se tratase de un impulso irracional o inconsciente cuando en realidad fue todo lo contrario.

“Este tipo de acciones perversas son las que van deteriorando las causas hasta que llegan a un punto en donde todo pretende cajonearse y aquí no ha pasado nada”, señaló Hernández en relación al accionar y a lo dicho por Rivarola.

En dicho documento legislativo se subraya que “La utilización del titular del Ministerio Público Fiscal del concepto de “desahogo sexual” para caracterizar el accionar de este grupo de abusadores es completamente inaceptable, implica una afrenta a todas las mujeres, disidencias e incluso hombres que han comprendido en estos tiempos el derecho de todo el colectivo a una vida libre de violencias. El concepto es, además, contrario a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Nacional”.

En tanto, la legisladora hizo hincapié en la necesidad de exigir y corroborar que efectivamente se hagan constantes capacitaciones de la Ley Micaela (N° 27.499) y leyes anexas dentro del Poder Judicial para empezar a generar cambios significativos y fallos que resulten ejemplares y no vergonzantes como muchos de los que ya se han expedido en la materia.

Por último, la diputada que el próximo viernes participará de la movilización en las calles de Puerto Madryn para pedir justicia en esta causa, hizo un llamamiento al pueblo del Chubut para que estén sumamente atentos a lo que ocurra con este caso y que sin importar banderías políticas ni ideologías se replique por todos los medios posibles lo que la Justicia pretende esconde

Gabriel Fernández tenía 8 años y murió en 2013 en Estados Unidos. Su historia llegó a Netflix.

El cruel asesinato del pequeño Lucio Dupuy por parte de su madre y la novia de ésta en La Pampa trajo a la memoria el filicidio Gabriel Daniel Fernández, un niño de 8 años de Palmdale, California, Estados Unidos, que murió el 24 de mayo de 2013.

El pequeño fue alimentado con comida para gatos, golpeado y torturado hasta la muerte. Los responsables de estos abusos fueron su mamá, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre.

Un caso estremecedor
Un llamado al 911 puso en alerta a las autoridades. Era el 22 de mayo de 2013. Una mujer llamó diciendo que su hijo no respiraba. Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos advirtieron que tenía múltiples huesos rotos, entre ellos, el cráneo y las costillas. Además, estaba cortado, quemado, lastimado y había sufrido todo tipo de abusos.

Gabriel murió dos días después como resultado de estas heridas.

El niño había sufrido este flagelo durante un lapso de ocho meses. Además de los golpes, lo habían quemado con cigarrillos, lo habían encerrado en un ropero y lo habían obligado a ingerir alimento para gatos.

Estas semejanzas lo vinculan al caso de Lucio Dupuy. El pequeño que vivía en La Pampa recibió torturas físicas y abusos por parte de su madre y su pareja durante dos años. Además, en ninguno de los casos hubo un seguimiento oficial de la situación que ambos menores vivían en sus casas.

Su historia fue relatada en «Justicia para el pequeño Gabriel», un documental de Netflix que se estrenó en marzo 2020. El menor había sido criado por la familia materna porque ella no estaba interesada en hacerse cargo de él.

Pero en 2012 la historia cambió: su madre y su padrastro, se lo llevaron con ellos para recibir la ayuda social del estado.

En su nuevo colegio, por ejemplo, el pequeño habló con Jennifer García, una maestra, a quien le confesó que lo castigaban pegándole con un cinturón. La docente denunció el caso en múltiples oportunidades porque veía que la situación se agravaba, pero servicios sociales nunca acudió en ayuda del pequeño.

En la serie documental de la plataforma se muestran los padecimientos que sufrió Gabriel de parte de Fernández y Aguirre, quienes en un principio negaron las acusaciones y armaron un relato completamente falso.

La muerte del niño y, luego, la detención de su madre y el novio no llamaron la atención de los medios sino hasta que una fuente anónima publicó en Internet datos confidenciales del Departamento para Niños y Familias de Los Ángeles.

Esta denuncia reveló documentos que demostraban que a pesar de las múltiples notificaciones de familiares y maestros, el abuso del pequeño Gabriel había sido ignorado por los trabajadores sociales.

Por ello, cuatro trabajadores sociales también fueron acusados de abuso infantil y falsificación de archivos públicos.

En una de las audiencias del juicio, una testigo dio duros detalles del macabro estado en el que vio el cuerpo del pequeño. “Recuerdo que parecía que le habían quemado la garganta. Además, tenía moretones y cortes por toda la cara”, relató.

Aguirre, el novio de la madre, recibió la pena de muerte aunque aún no tiene fecha para la ejecución. Pearl Fernández fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de liberación anticipada.

Brian Knappenberger, el director de la serie sobre la vida de este niño, sostuvo en una entrevista con Time: «Nadie escuchó a Gabriel cuando estaba vivo. Mucha gente le falló y hay muchas razones por las que esto pasó. Pero cuando llegas al final, la pregunta es: ¿cómo quieres tratar a los niños?».

La dramática historia de Lucio Dupuy
El asesinato de Lucio Dupuy conmociona a la Argentina. La muerte del pequeño de 5 años ocurrió el viernes 26 de noviembre por la noche y se debió a los golpes que recibió por parte de su madre y la novia de ella.

La autopsia reveló que el niño de La Pampa fue maltratado en reiteradas ocasiones e, incluso, también fue víctima de abuso sexual. Los ataques fueron recientes, pero además de «larga data», indicaron los forenses en el informe.

Fue la mañana de este lunes frente al edificio de tribunales en Trelew.

Los familiares se movilizaron sobre la calle 9 de Julio reclamando a la justicia que el acusado del abuso sexual, quede preso.

Así lo expuso un familiar de la víctima en diálogo con el móvil de la Radio, quien explicó que al momento de ocurrir los hechos de abuso sexual, la menor tenía 11 años, y hoy ya cuenta con 14.

El imputado del horrendo hecho, es un familiar de la víctima.

La mujer explicó que no brinda su nombre por temor a las represalias, al explicar que desde que se denunció el hecho la familia de la víctima ha sufrido de permanentes hostigamientos.

Y pidieron a la justicia que el sujeto quede detenido, ya que no toleran cruzárselo en las calles ya que vive cerca de la casa de la víctima.

Se trata de delitos agravados por ser el autor abuelo de las víctimas. Los jueces además enmarcaron los hechos en la Ley de Violencia de Género. Fiscalía pidió una condena de 25 años de prisión y la defensa 8 años.

Los jueces penales Gustavo Daniel Castro, Mirta del Valle Moreno y Daniel Camilo Pérez dictaron hoy un veredicto condenatorio respecto a un hombre acusado por hechos de abuso sexual en perjuicio de tres menores de edad, episodios agravados por el vínculo de parentesco entre el abusador y sus víctimas.

Se trata de hechos ocurridos entre los años 2007 y 2014 en la ciudad de Trelew y dentro del ámbito de convivencia que en ocasiones compartían las víctimas y el acusado.

Tras la lectura del veredicto, se desarrolló la audiencia de cesura de pena en la cual la fiscal general, Silvia Pereira, requirió una pena de 25 años de prisión, en tanto que el defensor público, Lisandro Benítez, planteó una condena de 8 años de prisión para su defendido.

Al mismo tiempo los jueces decidieron cambiar la modalidad de prisión preventiva que venía cumpliendo el acusado en arresto domiciliario y ordenaron su traslado a un establecimiento carcelario.

El condenado, un hombre de 78 años y jubilado, fue hallado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en calidad de autor en la modalidad de delito continuado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en calidad de autor en la modalidad de delito continuado, en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo -cuatro hechos- en calidad de autor, todo ello enmarcado en la Ley de Violencia de Género N° 26.845.

La resolución respecto a la pena se dará a conocer el próximo viernes 23 de abril de 2021.

Bajo el slogan “Sin justicia no hay prevención”, este jueves se dejó inaugurado en la plaza Centenario, con el objetivo principal de poder concientizar sobre este flagelo.

Este jueves en la Plaza Centenario de Trelew se dejó inaugurado un «Banco Blanco» de concientización acerca del abuso sexual contra la infancia, actividad promovida desde la Asociación civil Adultos por los Derechos de la Infancia de la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Trelew, así como concejales de la ciudad, y miembros de distintas organizaciones sociales y religiosas.

Bajo el slogan “Sin justicia no hay prevención” el municipio de la ciudad participó de la iniciativa, con la convicción del interés que representa esta noble y urgente causa colectiva, además como promotor de los derechos de la infancia.

Los abusos y la explotación a los niños, niñas y adolescentes son un problema alarmante que no distingue país, raza, cultura o condición social. Por tal motivo se ha hecho cada vez más indispensable pronunciarse frente a este tema y tomar las medidas que sean necesarias a nivel familiar, local, nacional o internacional.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Federico Ruffa; la edil Lorena Alcalá, entre otros concejales, el párroco Juan Nota; los pastores Paola y Martín Saliero; Daniela Guicha del foro IR Rawson; Miriam Vázquez, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Trata; y Priscila Llancafil, Directora del Área de la Mujer.

“Difícil no destacar que elementos de la iglesia, como el padre y los pastores, poniéndose al frente de esta iniciativa, con la valentía de pedir perdón por aquellas atrocidades que se han cometido, es para resaltar. Y es valorable que se pongan al frente de una lucha tan importante y tan necesaria para que aquellos que están más desprotegidos, estén en un lugar de privilegio”, subrayó Federico Ruffa, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew.

Vía telefónica desde Buenos Aires, también participó Silvia Tissera, co-fundadora de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. “Como sobreviviente adulta del delito de abuso y que en su momento tuve que asumir que me había casado, había tenido una hija, y me había casado con un abusador. Por lo que tuve que defender a mi hija de ese abusador y me encontré con un poder judicial que defendía al agresor y en ningún momento defendió a mi hija”, relató.

“Estar compartiendo esta clase de eventos y hacer pública una imagen que recuerde de que el abuso contra la infancia existe me parece algo muy esperanzador y me llena de alegría. Y espero que estos bancos que hoy se inauguran en Chubut se multipliquen en todo el país”, resumió para finalizar.

Una grave denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura contra el jefe de los fiscales de Puerto Madryn Daniel Báez en la que se lo acusa de haberse negado investigar un caso de abuso sexual de un menor podría complicarse la candidatura a ministro de Superior Tribunal de Justicia de Chubut para la que viene trabajando desde el último año con el apoyo explícito del gobernador Mariano Arcioni.

Trelew (Agencia) justo el consejo empieza hoy sus reuniones y uno de los temas a tratar sería la admisibilidad o no de esa denuncia que impulsa entre otros por la asociación “Madres víctimas de Trata”.

A Báez ya lo han denunciado varias veces por “mal desempeño de sus funciones”, en todas esas presentaciones las denuncias han sido desestimadas de cuajo. Ni siquiera han llegado a ser investigadas, lo que siempre dejó entrever una suerte de “protección corporativa” hacia el Fiscal.

En la investigación del asesinato del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa, ocurrida la noche del 30 de enero de 2013 en Puerto Madryn le endilgaron por ejemplo, que por su culpa el caso quedó impune que apelando algunas llamativas maniobras que hizo en la causa beneficio al que se tenía individualizado como el presunto autor del homicidio: al que le disparó a “Cacho» Espinosa afuera de su casa y adelante de su mujer y a sus cómplices.

La denuncia fue impulsada por los abogados de la querella que se representaron la viuda y nunca prosperó la rechazaron automáticamente en el Consejo de Magistratura sin quisiera mirarla.

Campaña al superior tribunal de justicia

Ahora, ayudado por algunos comunicadores amigos, Báez ha empezado su campaña cómo miras a llegar a ser ministro de la Corte Provincial dicen que cuenta con el respaldo del gobierno de Mariano Arcioni, pero si prospera la denuncia que le hicieron por negarse a investigar el caso de abuso sexual de Puerto pirámides su ambición podría diluirse.

Hoy se sabrá qué decisión tomará el Consejo de la Magistratura. Capaz deciden protegerlo como ya lo han hecho otras veces.

Según algunas publicaciones que en su momento tuvieron poca trascendencia pero que ahora ha tomado mucha fuerza la asociación “Madre Víctimas de Trata” presentó al pedido (de investigación ante el consejo) debido a la inacción del Ministerio Público fiscal de Puerto Madryn a cargo Báez en causa de abuso sexual infantil.

El caso que involucra a Báez

“El hecho se explica en esas publicaciones que tratan el tema ocurrió en Puerto Pirámides en el 2016. En 2019 hubo dos sentencias de distintos tribunales que consideraron culpables a la madre del menor víctima a la pareja las condenas ratificadas por la cámara penal fueron de 16 y 14 años de prisión respectivamente.

Y el próximo 30 de marzo el superior tribunal de justicia de Chubut fijo la audiencia para tratar la apelación que hizo la defensa de los condenados pasaron 7 meses para que se haga una revisión debido a la recusación que realizó la defensa sobre el Ministro del Superior Tribunal Alejandro Javier Panizzi”.

Una denuncia sobre abuso sexual infantil radicada en Puerto Madryn en noviembre del 2016, derivó en la condena a una pareja residente en Puerto Pirámides. En cámara Gesell la víctima relató haber sido abusado por su madre la pareja de ella y allegados al entorno familiar, según se detalla.

Se realizó la apertura de investigación solicitada por la jueza Estela Eizmendi y el plazo fijado fue de 6 meses antes de llegar a ese plazo de tiempo la fiscalía de Puerto Madryn cuyo jefe es Daniel Báez pidió sobre y miento de la pareja.

Pese a ello y tras cumplirse los 6 meses de investigación ante el impulso de la parte querellante la Jueza Eizmendi decidió extender los plazos hasta completar el año para continuar con la causa y la recolección de pruebas se consigna.

“Fue allí cuando la fiscalía “se corrió” aduciendo que ya se había expedido en la materia transcurrir el tiempo con la con más elementos a su disposición, la jueza determinó elevar la causa de juicio cuando corría el año 2018 el juicio finalmente y sin presentación de la fiscalía se realizó en abril del 2019 en donde el tribunal decidió condenar por abuso agravado por el vínculo a la pareja imputada 16 años para la mujer y 14 para el hombre.

La sanción fue ratificada por el por la Cámara Penal I de la ciudad”, se aclara en la publicación.

“El caso Pirámides” tuvo variados ribetes porque entre los denunciados había funcionarios el municipio de Puerto Pirámides y hasta un legislador ese momento provincial.

Hubo personas que atestiguaron en la causa que debieron abandonar su residencia al sentirse amenazados por su parte la cobertura mediática de los medios tradicionales sostuvieron la postura de allegados a la pareja que sostienen que existió una falsa denuncia de abuso.

El hecho tendrá pues dos importantes definiciones Durante este mes la propia de la audiencia de revisión de las condenas en el superior tribunal de justicia y la admisibilidad o no de la denuncia en contra del jefe de fiscales de Puerto Madryn Daniel Báez ante el Consejo de Magistratura se anticipa.

El miércoles 23 de diciembre la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn resolverá si ratifica el fallo de primera instancia o no, respecto a la condena de ocho años de prisión para Juan Luis Ale, ex comisario de la Policía del Chubut, por abuso de dos menores de edad al momento de los hechos, los cuales se dieron entre 1998 y 2001.

No obstante, este último dato es el que sería clave para definir la libertad o no del también ex diputado provincial. Lo que sucede es que, al igual que lo que ocurrió en primera instancia, la estrategia de la defensa es solicitar la prescripción de los hechos.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn podría hacer lugar al planteo de la defensa, que se sostiene en la cantidad de tiempo que pasó antes de que se radique una denuncia. En el caso de que esto ocurriera, se acabaría el proceso penal y Ale quedaría en libertad.

El dato a resaltar es que el Tribunal de primera instancia no hizo lugar a este pedido, aunque la instancia de revisión podría tener una postura diferente y sí fallar en sintonía con lo que solicita el abogado defensor. No obstante, hasta el momento son solo especulaciones respecto de lo que podría suceder, ya que esto se definirá recién el 23 de diciembre en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

En tanto que el Tribunal de revisión no solo se encargará de analizar este supuesto, sino que también tendrá que definirse respecto a las pruebas presentadas por la defensa, desde donde se argumentó que hasta el momento no se han valorado como debían. Por último, se analizará la pena privativa de libertad, en caso de que esto ocurriera, que tendrá que purgar el ex comisario de la Policía del Chubut, quien fue encontrado culpable en primera instancia de los delitos de abuso deshonesto y de abuso sexual gravemente ultrajante hacia dos menores.

Este lunes 30 de noviembre se realizará en Comodoro la “Marcha de la Gorra”, una convocatoria a nivel nacional en contra de la violencia institucional.

En Comodoro el encuentro está previsto para este lunes a las 10 horas en la Plaza Kompuchewe (Escuela 83) y está organizado por la Juventud del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

A nivel local se trata de la segunda movilización que se hace bajo este nombre y lleva como lema la consigna “Ya dijimos nunca más”.

Entre otras cuestiones, repudian el gatillo fácil, “la doctrina Chocobar”, la desaparición forzada de personas, la detención “por portación de rostro» y la persecución policial a los trabajadores de la vía pública.

Principalmente en la convocatoria nacional se criticó el accionar de las fuerzas de seguridad en casos de detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y los desalojos a personas sin techo, además de señalar que durante el Aislamiento social, preventivo y obligatorio se registraron en Argentina ocho casos de “gatillo fácil”, es decir muertes por parte de agentes de las fuerzas.

Fuente: ADNSur

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio sostiene que el Gobierno es quien «debe garantizar que los debates y las expresiones pacíficas de los ciudadanos sean respetadas», en el marco de un nuevo conflicto, esta vez por la explotación de la minería que el gobierno chubutense vuelve a impulsar, y enfrenta un marcado rechazo ciudadano. Por lo menos, eso es lo que se viene observando en los últimos días en las principales ciudades de la provincia, donde en forma masiva la ciudadanía se ha volcado a las calles para ratificar el NO a la explotación minera en Chubut.

«Hoy se discute nuevamente sobre la posibilidad de zonificar y permitir la actividad minera en zonas de nuestra provincia, y en este debate son libre de expresarse quienes están a favor o en contra» señala el documento emitido por el bloque de diputados de JxC.

En ese marco los legisladores señalan que «hemos recibido denuncias de distintas personas que habrían sido maltratadas por personal de seguridad de la Provincia». En ese sentido, los diputados María Andrea Aguilera, Sebastián López y Manuel Pagliaroni exigen a las autoridades provinciales «evitar cualquier tipo de abuso de autoridad o acción que menoscabe los derechos garantizados por nuestra Constitución Provincial, Constitución Nacional y leyes en general».

Por último el comunicado del bloque de JxC sostiene que «cada chubutense tiene derecho a expresar su opinión en un marco de respeto y sin violencia», y afirma que «es responsabilidad del Gobierno Provincial garantizar plenamente la libre expresión ciudadana».

Fuente: Politica Chubut

 

Un comodorense que integra la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano denunció al ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni de “abuso de poder” entendiendo que “desde un cargo público se creen juez y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense”.

Mansilla goza de prestigio en Comodoro Rivadavia, por lo menos así lo reejan los comentarios que ha recibido en las redes sociales, con motivo de otras presentaciones judiciales.

Él sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense reriéndose a Massoni y a Gómez, a quienes en un dialogo que mantuvo con Crónica trató de “cuatros de copa”.

“Este scal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo señalando al scal Héctor Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia, pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado.

“Me presenté por una invitación que me hizo el scal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” de Massoni y Gómez, y que “estaba entongado con el Gobierno”, indicó.

“Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo, a la que pretendió desacreditar”, contó Mansilla, reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el scal Iturrioz.

Más adelante, sospechando quizás que “no va a pasar nada” con su denuncia, contó que le dijo al fiscal: “Cuando alguien no quiere investigar puede pasar dos cosas, está entongado o es u cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba a él.

Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario, al pretender lmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia.

“Esta gente está acostumbrada a atemorizar y conmigo no lo van a lograr; yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano y vamos a hacer la persecución hasta donde tengamos que hacerla”, prometió.

“Yo le pedí abiertamente (al scal Iturrioz) que se apartara de la causa” añadió, “y que si no va a investigar que no investigue, a mí no me importa. Ya estamos acostumbrados a que estos funcionarios se ganen el sueldo sin trabajar”, se quejó Mansilla.

“Hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráco. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado.

Finalmente, dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que “saliera a la calle, pero en un estado de Derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes” sostuvo, “o pegándole al policía que está cumpliendo con sus funciones.

Yo echaría a todos estos policías por no defender su salario, por no defender el pan de sus hijos o a su familia porque ellos no están cubriendo las espaldas a estos nabos que son unos “cuatro de copas”, a los que4 me voy a llevar ouestos pero con la ley en mano” aseguró Mansilla.

Fuente: Diario Crónica