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En la mañana de este lunes se realizó una audiencia de control de detención a dos hombres acusados de abusar de una adolescente de 16 años de Puerto Madryn.

Producto de la violación la joven cursa un embarazo.

La causa tuvo su inicio a partir de la denuncia formulada por una médica, quien atendió a la menor y sospechó que el embarazo era producto de un abuso.

Por el caso hay dos detenidos y una tercera persona del entorno familiar de la adolescente está siendo investigada.

La jueza Stella Eizmendi dio curso a la investigación que encabeza la fiscal María Eugenia Vottero.

Se formalizó la investigación por un hecho inusual. La titular de la Comisaría de la Mujer de José de San Martín, es investigada en relación a una detención realizada el 13 de marzo de este año. La persona detenida fue llevada a audiencia de control y en base a las actuaciones policiales esa detención fue declarada legal. Sin embargo, con posterioridad, surgieron elementos que ponen en duda la veracidad del contenido del acta de aprehensión.

Entre otros elementos reunidos, la Fiscalía cuenta con una filmación del procedimiento en el que un hombre fue notificado de una exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, dispuesta por el juez de paz. Del procedimiento participaron dos empleados policiales y la titular de la Comisaría de la Mujer. De los tres intervinientes, el acta solo cuenta con la firma de la imputada, los otros dos empleados se habrían negado a rubricarla por no reflejar fielmente lo sucedido en el lugar.

El procurador Carlos Cavallo y la fiscal María Bottini, calificaron los hechos como constitutivos de detención ilegal, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documento público.

La imputada participó de la audiencia vía telefónica desde la comisaría en la que presta servicios, patrocinada por la defensa pública. El juez de la carpeta es Jorge Criado.

Los hechos imputados

Fiscalía formalizó la investigación por dos hechos. El primero ocurrió el 13 de marzo de este año a las 19.05hs. aproximadamente, en el domicilio de un vecino de la localidad. La imputada fue al lugar acompañada de dos empleados policiales, en el móvil RI–1116, con la finalidad de notificar una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento dictada por el Sr. Juez de paz de José de San Martin. En este contexto, la denunciada, en ejercicio de sus funciones, procedió, en claro abuso de sus atribuciones, sobrepasando el límite para lo que estaba autorizada, a ingresar a la vivienda del denunciante, manifestando que lo hace “por orden del juez de paz”. El hombre permitió el ingreso y una vez adentro la oficial lo hizo poner de pie y lo detuvo por “desobediencia, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, colocándole las esposas y procedió a su detención, sin mediar ninguna de las situaciones contempladas por el Código Procesal Penal para proceder de este modo. El detenido fue trasladado a la Comisaria Dtto. José de San Martin, y permaneció allí hasta el día siguiente cuando se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación.

El segundo hecho, tuvo lugar el 14 de marzo, a las 18.57hs. aproximadamente, en circunstancias que la titular de Comisaria de la Mujer de la localidad de José de San Martin, confeccionó un acta por la detención llevada a cabo el día anterior y la suscribió, luego de plasmar en ella que al querer notificarlo, el hombre “comienza a exigir que nos fuéramos del lugar ya que él no se notificaría de nada, a lo cual se le solicita que se tranquilice… responde de manera negativa refiriendo que no firmaría ningún papel, y que no se iría, ya que esa era su casa… yo no me voy a ir de acá y por su bien le recomiendo que se vayan o van a tener problemas… nuevamente le doy la orden que se retirara del lugar, haciendo caso omiso  a la directiva impartida, para luego tomarme por sorpresa de ambos brazos (a la altura de las axilas) y con fuerza tirarme hacia atrás. Esto provocó que golpeara con mi cuerpo con la pared (sin revoque fino) logrando apoyarme con los codos para no perder el equilibrio, ante esta agresión, procedo de forma inmediata a la aprehensión, resistiéndose a la misma, llevando sus manos hacia arriba para evitar que se le colocaran las esposas de seguridad, luego se aferró a una silla por lo que utilizando la fuerza mínima se procedió a su demora…” Sostiene el escrito fiscal que todo lo encomillado es un extracto de la extensa acta, no se condice, con lo realmente ocurrido y que fuera comprobado por este MPF.

El contenido del acta y sus dichos hicieron incurrir en error a un funcionario judicial y se procedió a detener de forma ilegal al hombre. Finaliza la descripción de los hechos realizada por los acusadores públicos indicando que, a efectos de dar legalidad a dicho acto, imparte la orden de suscribir la mencionada acta, por los dos empleados policiales que la acompañaban, pero, ante la falta de exactitud en lo allí insertado y considerando que era una orden ilegal, se negaron.

Fuente: Red43

Familiares de los niños y niñas del Jardín N°406 “Peumayén” de Comodoro preveían marchar este viernes por el centro de la ciudad para pedir justicia por las denuncias de casos de abuso y reclamar por el modo en el que se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, a raíz de la baja concurrencia, la marcha no se realizó. La primera denuncia por presunto abuso infantil contra un profesor de la institución se presentó hace tres meses.

Iban a marchar a las 20 pero las personas que se concentraron en la plaza de la Escuela 83 fueron muy pocas, alrededor de 10. Por eso se decidió suspender la marcha, en la que iban a reclamar celeridad en la causa que investiga el presunto abuso de niños del Jardín 406 por parte de un docente de música. 

“En principio, nosotros organizamos la marcha porque ya se cumplieron tres meses en los cuales no teníamos respuestas; sabemos que hubo una feria judicial, pero quedaron fiscales de turno que en ningún momento nos dieron ninguna novedad», dijo una de las mamás y vocera de las familias que denunciaron abuso infantil, Yamila Oviedo.

Y agregó en diálogo con Crónica: «Esperamos un tiempo para ver si teníamos respuestas. Como no se dieron, organizamos la marcha y justo la fiscal sale a decir que de 37 nenes ninguno dijo nada”.

“Hay más de 70 denuncias y sólo trabajaron con 37. En mi caso, fui a ver el informe de la psicóloga forense Belén Scotto y dejé asentado mi disconformidad porque mi nene sí habló, yo lo escuché, yo tuve una charla con ella en donde aceptó, tengo captura del chat de Whatsapp a donde le reclamé lo que no puso, porque mi nene le dijo que lo tocó, que lo golpeó y ella puso en el informe que mi hijo no dijo nada, como también sucedió en varios informes más”, cuestionó.

La mujer aseguró: “Nosotros tenemos dibujos que han realizado los nenes, que la verdad son bastante feos y la fiscal nos había pedido que no los hagamos públicos porque eran pruebas pero resulta que ahora no hay nada de pruebas según ella. Entonces no va a quedar otra que empezar a exponer los dibujos, exponer los vídeos donde los nenes cuentan”, advirtió.

La vocera relató que “hay muchos nenes que expresan que no quieren volver porque piensan que va a estar esta persona”.

Movilización a Buenos Aires y cortes de ruta

Según indicó Yamila, están «dividiendo grupos de papás para que se puedan movilizar en Buenos Aires y seguir tomando otras medidas, porque obviamente no puede quedar así un caso con más de 70 denuncias, porque como siempre se dice un nene no miente”.

“Si no nos dan soluciones volveremos con los cortes de ruta, se volverá a estar afuera de fiscalía, se hará lo que sea necesario para que nos den una respuesta, porque esta persona sigue libre”, alertó la vocera, quien recalcó que los abusos que denunciaron “no son mentiras ni delirios nuestros”.

“Pedimos el acompañamiento de los ciudadanos de Comodoro, porque sé que hasta que no le pasa a uno no te sentís parte, pero esta persona sigue libre -reclamó- y no sabemos si en algún momento va a volver a ejercer, eso nos da miedo porque nuestros nenes ya tienen el trauma, pero no sabemos qué puede llegar a pasar con el resto de los nenes”.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que «el hecho de que los niños por el momento no hayan podido expresarse o ratificar los hechos que fueran denunciados por sus progenitores, no implica que éstos no hayan ocurrido».

El pasado 9 de noviembre de 2022, un grupo de padres de la Escuela de Nivel Inicial N° 406, ubicado en el barrio 9 de Julio, se manifestó afuera del establecimiento escolar ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia, para denunciar a un profesor por supuestos abusos de alumnos dentro del jardín.

El reclamo se trasladó luego a las puertas de la fiscalía y con algunos cortes de ruta en los días posteriores, pero ninguna de las manifestaciones sirvió para acelerar los tiempos del sistema judicial.

En relación a los avances de la investigación, desde el área de Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público Fiscal, se informó este jueves que de todas las denuncias recibidas -en el marco de los presuntos abusos acontecidos en el Jardín 406-, se dio trámite a aquellas en las cuales se hacía referencia a conductas que pudieran configurar algún delito contra la integridad sexual.

Esos casos, sumaron un total de 37 denuncias, a las que se le dio intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense, para que las psicólogas especializadas entrevisten a los niños y niñas a fin de recabar los relatos de las experiencias vividas, y de que informen si se encontraban en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell (única modalidad de tomar declaración a víctimas menores de edad).

Habiendo finalizado esa instancia de la investigación, y analizados los informes remitidos por las psicólogas forenses, se concluye que por el momento ninguno de los menores entrevistados se encuentra en condiciones de prestar declaración.

Según señalaron desde el Ministerio Público Fiscal, “es importante resaltar que el hecho de que lo/as niño/as por el momento no hayan podido expresarse o ratificar los hechos que fueran denunciados por sus progenitores, no implica que éstos no hayan ocurrido”.

Y explicaron que, en este tipo de casos, donde la prueba principal para atribuir a una persona un delito de esta naturaleza es el relato de las víctimas, es fundamental respetar los tiempos de lo/as niño/as hasta que puedan develar en su caso los hechos vivenciados.

En Playa Unión le hicieron tomar una copa de vino, que le quitó toda capacidad de reacción. Dos hombres la violaron, estando la menor conciente pero sin posibilidad de defensa.

La fiscal de Rawson, Florencia Gomez solicitó ante la jueza de garantías Karina Breckle, se otorgue la elevación a juicio de la investigación por el abuso sexual contra una menor.

De esta forma, apunta a “respetar el derecho de la víctima a un proceso justo y el derecho de esa niña a ser oída, evitando la impunidad de este tipo de delitos”.

Así se hizo tras una audiencia preliminar realizada el día lunes 5 de diciembre, que fuera presenciada por la víctima, quien fue acompañada por el Servicio de Asistencia a la Víctima de la ciudad de Rawson.

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, relato los hechos ocurridos en el invierno del año 2009, sin precisar día exacto, en horas de la madrugada, en la villa balnearia de Playa Unión.

De acuerdo con el relato, dos hombres, “sabiendo muy bien lo que hacían, conociendo la significación que su conducta poseía, abusaron sexualmente de la menor de 17 años de edad”.

“En circunstancias en la que la menor se apersonó a dicho domicilio invitada a una reunión de amigos, consumió un vaso con vino, minutos después, la menor pierde el control de su cuerpo sin perder la conciencia, y es conducida a una de las habitaciones en el segundo piso de la propiedad”, se describió.

Además, indicó que “aprovechándose de esa situación, primero L. L. y posteriormente L. R., ambos penetran a la menor vía vaginal, introduciendo su pene, ingresando a la habitación donde se encontraba la víctima sobre la cama y en un estado consiente, pero sin ninguna posibilidad de reacción y de poder consentir libremente la acción”.

La defensa Penal privada de L L no planteo oposiciones a la acusación Fiscal, según se indicó, aunque la defensa pública en cambio, planteo la prescripción del delito que se está imputando, atento al transcurso del tiempo, y la oposición de la elevación a Juicio de la investigación.

La Fiscal General Florencia Gomez, expresó que “Una niña víctima de abuso sexual, es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado Argentino le debe obligatoriamente deberes especiales de protección. Su voz no pude ser neutralizada por la normativa interna, cuando la niña menoscabada en su dignidad, acude ante la autoridad para recibir una respuesta respecto a algo que le sucedió y no tuvo posibilidad de expresar. Las niñas víctimas, no siempre pueden hablar en los tiempos y formas que determina la justicia. El deber de investigar los hechos denunciados, la protección de los niños, los derechos que les asisten, existían al momento de la denuncia, en función los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino».

A poco más de una semana, está latente el caso de la Escuela de Nivel Inicial Nº 406 que conmocionó a la ciudad y llegó a estar en los medios nacionales. Luego de las denuncias de abuso contra el docente de música, los padres del jardín reclaman justicia a través de manifestaciones, marchas y cortes de ruta.

Ante este panorama, el tema se visibilizó en el Concejo Deliberante durante la hora de preferencia de la sesión ordinaria del jueves y algunos ediles expresaron su postura.

La concejal Alejandra Robledo fue quien comenzó a hablar sobre el tema. Con un cartel sobre su escritorio en el que figuraba un lazo de color verde, un dibujo que reflejaba ser dibujado por un niño y la referencia “Padres ENI 406”. “Tuve la oportunidad de charlar con los papás, poder contenerlos, porque más allá de lo que se le pueda decir, lo que más necesitaban era contención” expresó la edil.

Y agregó: “Quiero traer el tema acá para que la justicia trabaje, hay más de 40 denuncias de este caso pero si se mira hacia atrás, vienen muchos casos de abuso, donde nuestros niños están desprotegidos por la Justicia. Por eso entiendo a los papás que no quieren despegarse de la protesta que están haciendo en ruta, porque lamentablemente si hay un lugar en que los niños no tienen justicia, es en Comodoro”.

Respecto a esto, la concejal criticó los tiempos lentos de los procesos judiciales ante un caso de abuso infantil. “Hay muchos casos en fiscalía que terminan archivados, el abusador sigue caminando por la ciudad como si nada y nadie se hace cargo, el daño que dejan en las criaturas, en las familias, es tremendo”, y agregó que “mientras no esté preso, el abusador sigue haciendo de las suyas y acá en Comodoro hacemos la vista para cualquier lado, sea el fiscal que sea, porque la fiscalía sigue fallando en casos de abuso hace muchos años”.

En este sentido, se solidarizó con los padres que hoy viven una situación muy compleja, expresando su apoyo. “Esta gente siente que nadie los acompaña, hoy están todos de campaña política, suben videos, se hacen los que recorren pero no vi a ninguno hablando con esta gente. Por lo menos para ir para darle una palabra de apoyo”, cerró.

Por su parte, la concejal Viviana Navarro también se tomó un tiempo para hablar sobre el tema y explicó que ella junto a otros funcionarios legislativos recibieron a los papás en el Concejo Deliberante y se pusieron a disposición.

“Vamos a hacer todo lo que sea necesario y acompañarlos para poder ayudarlos a enfrentar esta situación que es más que difícil. La Justicia tiene tiempos que ellos no entienden y que no quieren esperar” señaló la edil.

Continuó diciendo que “esto para ellos es una pesadilla, pero la Justicia es la que tiene que empezar a proceder más rápido que ese procedimiento tan pausado”.

A su vez, se refirió a la justicia por mano propia como un método para afrontar la situación. “No solamente lincharlo y que deje de existir es la justicia, sino también ver de qué manera podemos hacer que esos chicos y familias vuelvan de algún modo a estar enteros” expresó.

También, la concejal Natalia Guerreiro se refirió al panorama actual del sistema judicial y a la falta de presupuesto como de recurso humano en el área de Servicio de Protección de Derechos. “Lamentablemente los niños del 406 no son los primeros niños con sus derechos vulnerados”, dijo.

“Una de las cuestiones importantes es que el servicio de protección de derechos funcione como tiene que funcionar. Especialmente en el caso de la Provincia que por convención deberían aportar 30 profesionales y hoy sólo aporta 4” afirmó, y agregó que “más allá del caso del jardín, tenemos 170 casos de distintos abusos de niños que no estamos pudiendo atender”.

Siguiendo por esta línea, la edil Digna Hernando dijo que “las instituciones no están funcionando correctamente y eso hace no solo que se produzcan hechos que no debieran producirse sino que las consecuencias de esos hechos sean esta necesidad de un reclamo permanente en las calles para que las cosas transiten de la forma que deben hacerlo.”

Por último, Tomás Buffa se refirió a la falta de protocolos que hay en los diferentes sistemas y establecimientos para afrontar este tipo de situaciones como así también falta de capacitaciones para encarar este tipo de delitos. “Las víctimas no sólo están en una situación desesperante, sino que necesitan de una contención psicológica porque más allá de la condena, son familias que van a tener que acompañar a sus niños en este proceso de contención”.

Asimismo, el concejal de la oposición reconoció: “quiero felicitar al Municipio que se puso a disposición con los cuerpos psicológicos para acompañar a las familias. También sé que Provincia estuvo en diálogo por esta situación. Obviamente que llegamos tarde, pero creo que es importante tener fe de que esto se va a resolver de la mejor manera posible, dejar que el proceso avance”.

En conclusión y respondiendo a los dichos de la concejal Navarro en relación a la justicia por mano propia, dijo que “matarlo y tomar cartas en el asunto por mano propia no es la solución, todo lo contrario, va a traer más problemas. Entonces tenemos que entender eso y que las familias en su dolor y sufrimiento tengan un momento de contención para que se den cuenta que la justicia por mano propia nunca va a ser la salida”, finalizó.

Elizabeth Yapura, abogada de algunos de los padres del jardín 406, hablo en ”Nuestras Mañanas” y detalló cómo esta trabajando con los padres que representa, sobre la responsabilidad de la directora del Jardín 406 y la posibilidad de fuga del presunto abusador.

”La directora debería haber hecho un informe, no darle la licencia al profesor y haberlo suspendido. La directora es responsable por el cuidado personal de los niños que estaban bajo su cargo por su rol en la institución” enfatizó la doctora Yapura.

La doctora Yapura al ser consultada por los tiempos legales dijo: ‘‘Se están agilizando las entrevistas con los psicólogos forenses para que las madres vayan dando su testimonio. Ellas están conformes con las preguntas que tuvieron con los profesionales y el próximo paso es la Cámara Gessel con los niños.”

”Puede haber un entorpecimiento de la causa al existir la posibilidad de fuga del presunto abusador. En la segunda denuncia ya tendría que estar detenido y es lo que mas preocupa. No podemos hacer nada hasta que los chicos hablen en la Cámara Gesell” afirmó la representante de los padres.

La Justicia:

”Hay poco personal y me consta que la Justicia está trabajando. Lo que me gustaría es que los abogados que se jubilaron en pandemia, vengan a colaborar porque hay un cuello de botella en la Justicia. Yo no recomendé que los padres cortaran la ruta. Es mentira” Respondió Yapura a la hora de ser consultada por el faltante de personal en la Justicia.

”La directora debería haber hecho un informe, no darle la licencia al profesor y haberlo suspendido. La directora es responsable por el cuidado personal de los niños que estaban bajo su cargo por su rol en la institución. Pediremos una medida cautelar que inhabilite a la directora del Jardín N°406 a ejercer su cargo ” Concluyó la doctora Yapura.

Por segundo día consecutivo, los padres del Jard´n N°406 de Comodoro Rivadavia decidieron cortar el tránsito en la Ruta 3 y 26, en el tramo que une las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Si bien en horas de la tarde del lunes habían decidido levantar el corte que extendieron ayer durante más de 12 horas, este martes definieron volver a la ruta para reclamar la detención del profesor de música, denunciado por abusar de al menos 40 nenes.

 

Mauro Fonteñez, representa un grupo de padres del jardín 406, y explicó en diálogo con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno sobre el avance en la causa.

“El viernes me acerqué voluntariamente a los padres, a explicarles los tiempos que lleva el proceso penal. Yo estoy colaborando y asistiéndolos en forma desinteresada, pero hemos decidido presentarnos formalmente por tres padres, patrocinándolos como victimas para tomar contacto con el legajo de investigación respecto de cada una de las denuncias”, indicó el abogado Mauro Fonteñez en diálogo con LaCienPuntoUno.

“El proceso penal es de instancia privada y se inicia con una denuncia, luego el Ministerio Público Fiscal tiene que recabar otras pruebas a los fines de poder formalizar la investigación ante el pedido del fiscal. Hoy tendré una reunión y a partir de ahí evaluaré el avance de la causa. Hemos ofrecido pruebas y fiscales, para reforzar los que ya tiene el MPF y solicitar una audiencia y pedir alguna medida. Estamos para acompañar y colaborar con el aporte de información”, dijo.

En cuanto al pedido de prisión preventiva al acusado, dijo: “Estoy asesorando a un grupo de padres, no a todos, pero por lo menos la prisión preventiva va a poder solicitarse una vez que se formalice la investigación. Y es una restricción a la libertad que tiene como finalidad una protección para el normal desarrollo penal en base a la existencia de peligros procesales de fuga y de entorpecimiento”.

“Obviamente que los padres están esperando una respuesta, un avance en estas horas con lo cual por lo menos los padres a los que yo represento están abocados al avance que tiene la investigación en la fiscalía. Yo doy fe que la fiscalía ha estado trabajando”, recalcó.

Por supuesto que la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo en principio, puede haber cosas que lo agraven pero estamos en los albores de la investigación”, puntualizó.

Durante la jornada del lunes 14 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew en la que la jueza María Tolomei elevó a juicio oral una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según la acusación del ministerio público fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez los hechos ocurrieron el 2 y 3 de abril de 2021, cuando el imputado utilizando su correo electrónico personal, a cuya cuenta tiene asociado la línea telefónica a su nombre y utilizando un servicio de internet en el domicilio donde su pareja es titular de un comercio en Trelew y por otro proveedor de servicios de internet en el domicilio del acusado , procedió a reenviarse a esa misma casilla de correo electrónico, archivos de video en los que se observa material de abuso sexual infantil (MASI).

El teléfono móvil tenía vinculada la cuenta de correo electrónico del imputado, desde la cual se registró el tráfico de MASI contenido en el reporte que dio origen al caso. Además, durante el allanamiento en el domicilio particular del acusado se encontró una computadora portátil vinculada la cuenta de correo del imputado y además tenía instalada una aplicación denominada TOR que suele ser utilizada que suele ser utilizada para poder acceder al material sobre abuso sexual infantil garantizando el anonimato de los usuarios.

Planteo de la defensa

La defensa representada por el abogado particular Fabián Gabalachis había solicitado una pericia técnica sobre el teléfono celular secuestrado a su representado, pero adelantó que no fue posible por recomendación del cuerpo de peritos técnicos de la fiscalía. El defensor había planteado que esa prueba ubicaría a su representado en mejor posición en cuanto al delito imputado. Agregó que para que esa pericia pudiera ser practicada era necesario una orden judicial para que la prestadora del servicio de telefonía móvil restablezca la línea telefónica que fue bloqueada. Así dejó planteado ese requerimiento ya que de esa manera se podrá demostrar que la conducta de su representado no tuvo dolo alguno sino más bien negligencia.

Delito imputado

El delito imputado por la fiscalía es tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor.

Finalmente, la magistrada resolvió declarar admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal respecto del imputado y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal.