Tag

Condena

Browsing

Este lunes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que tiene el expresidente Lula da Silva en su contra por la segunda causa de Lava Jato, decisiones tomadas por el 13° Tribunal Federal de Curitiba, y ordenó reiniciar los casos en la Corte Federal de Brasilia, según informó ese organismo en un comunicado.

En una decisión firmada por el ministro Luiz Eson Fachin, el Tribunal Supremo determina que las actuaciones que derivaron en las condenas de Da Silva no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, capital del estado de Paraná, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.

CNN está intentado comunicarse con el equipo legal del exmandatario para obtener su reacción.

La anulación de las condenas se basó en defectos procesales y sin juzgar el fondo de la cuestión. La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: «No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar el bolsonarismo, me pondría a disposición».

El equipo legal de Da Silva indicó, mediante un comunicado, que reciben con “serenidad” la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que anuló este lunes todas las condenas que tiene el expresidente en su contra por la segunda causa de Lava Jato. Para los abogados de Lula, la anulación de las condenas muestra la “incompetencia” del tribunal de Curitiba y es el “reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal”.

En abril de 2018, Lula fue sentenciado a 12 años por delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes, en conexión con la propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, Sao Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de presuntos favores para la obtención de contratos millonarios en la petrolera estatal Petrobras.

En noviembre de ese mismo año, el expresidente fue condenado a 17 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por beneficios irregulares en una finca del municipio de Atibaia, en el estado de Sao Paulo. Lula siempre negó las acusaciones.

La Cámara Penal de Puerto Madryn, confirmó este miércoles la condena de 8 años de prisión efectiva a Juan Luis Ale, ex jefe de Policía de Chubut y Diputado Provincial

Ale, ex Jefe de la Policía Provincial y Diputado Provincial, fue condenado a 8 años de prisión por abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores, por hechos cometidos entre 1998 y 2001. Ale apeló la condena de primera instancia y hoy la Cámara Penal confirmó la sentencia y desestimó de esta manera la revocación de la sentencia del juicio.

Antes de la jornada de este miércoles tanto los familiares de las víctimas como las fiscales advirtieron sobre la posibilidad de que el abusador quede libre. Incluso el 2 de Diciembre las juezas Stella Eizmendi y Mirta del Valle Moreno declararon inadmisible el recurso de impugnación presentado por la fiscal María Alejandra Hernández y por tanto, no ingresaron en el análisis respecto a un pedido de prisión para el exjefe de policía.

 

El miércoles 23 de diciembre la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn resolverá si ratifica el fallo de primera instancia o no, respecto a la condena de ocho años de prisión para Juan Luis Ale, ex comisario de la Policía del Chubut, por abuso de dos menores de edad al momento de los hechos, los cuales se dieron entre 1998 y 2001.

No obstante, este último dato es el que sería clave para definir la libertad o no del también ex diputado provincial. Lo que sucede es que, al igual que lo que ocurrió en primera instancia, la estrategia de la defensa es solicitar la prescripción de los hechos.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn podría hacer lugar al planteo de la defensa, que se sostiene en la cantidad de tiempo que pasó antes de que se radique una denuncia. En el caso de que esto ocurriera, se acabaría el proceso penal y Ale quedaría en libertad.

El dato a resaltar es que el Tribunal de primera instancia no hizo lugar a este pedido, aunque la instancia de revisión podría tener una postura diferente y sí fallar en sintonía con lo que solicita el abogado defensor. No obstante, hasta el momento son solo especulaciones respecto de lo que podría suceder, ya que esto se definirá recién el 23 de diciembre en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

En tanto que el Tribunal de revisión no solo se encargará de analizar este supuesto, sino que también tendrá que definirse respecto a las pruebas presentadas por la defensa, desde donde se argumentó que hasta el momento no se han valorado como debían. Por último, se analizará la pena privativa de libertad, en caso de que esto ocurriera, que tendrá que purgar el ex comisario de la Policía del Chubut, quien fue encontrado culpable en primera instancia de los delitos de abuso deshonesto y de abuso sexual gravemente ultrajante hacia dos menores.

La Cámara Penal demoró el resultado del análisis tras el planteo el abogado defensor, Daniel Sandoval, quien solicitó que se revea la condena en primera instancia dispuesta contra Ale.

Cabe recordar que Juan Luis Ale, ex Jefe de la Policía Provincial y Diputado Provincial, fue condenado a 8 años de prisión por abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores, por hechos cometidos entre 1998 y 2001. Ale apeló la condena de primera instancia y ahora la Cámara Penal deberá confirmar o revocar la sentencia del juicio.

Tanto familiares de las víctimas como las fiscales advirtieron sobre la posibilidad de que el abusador quede libre. Incluso el 2 de Diciembre las juezas Stella Eizmendi y Mirta del Valle Moreno declararon inadmisible el recurso de impugnación presentado por la fiscal María Alejandra Hernández y por tanto, no ingresaron en el análisis respecto a un pedido de prisión para el exjefe de policía.

El planteo de la fiscalía fue rechazado por improcedente, ya que según comunicaron las magistradas, la fiscal equivocó la vía legal escogida por cuanto la resolución adoptada por el tribunal del juicio es inapelable.

En un juicio abreviado, Héctor Omar “Cura” Segundo fue condenado a dos años de prisión en suspenso por evadir impuestos por $ 721.185,37. Deberá fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y no incurrir en el público consumo de alcohol o estupefacientes. El fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo firmó Mario Reynaldi.

La Administración Federal de Ingresos Públicos acusó al exempresario de Puerto Madryn de no haber pagado el Impuesto al Valor Agregado de octubre de 2012. Segundo era socio mayoritario de la empresa de estibaje SOCIA SRL. Primero no presentó esa declaración jurada y luego intentó cumplir con una documentación con datos falsos. Recién después cumplió.

El juicio oral y público era el 24 de noviembre pero el fiscal Teodoro Nürnberg presentó una propuesta de juicio abreviado, en acuerdo con AFIP y el defensor Carlos Pérez Galindo. Se concretó el 20 de noviembre y en esa audiencia Segundo reconoció su delito y aceptó la condena.

La denuncia data de 2014 ante la Fiscalía Federal de Rawson, luego de que la AFIP verificara la falta de presentación de la DD.JJ. del I.V.A. y su posterior presentación con datos falsos. El fiscal Fernando Gélvez impulsó la investigación por el perjuicio económico causado al Estado Nacional.

Según el informe del perito contador Pablo Edgardo Ramón, tras detectar indicios de actividad comercial, la AFIP intimó al contribuyente a regularizar su situación. SOCIA presentó una declaración fuera de tiempo y con datos falsos. “Esta declaración engañosa de infidelidad contable motivó el cuestionamiento del organismo recaudador”, dice la sentencia. La firma presentó una segunda declaración jurada para rectificar la anterior, por un monto a pagar de $ 721.185,37.

Según la pericia contable, “el monto a ingresar en favor de la AFIP resultante de la DD.JJ. rectificativa arroja un importe superior a la presentación de la original, por lo que se desprende que su presentación se debió a un error u omisión en el cálculo”.

El “Cura” no declaró. Era el dueño junto con Juan Domingo Segundo, que fue sobreseído porque sólo hacía trabajo operativo. Omar era socio mayoritario y responsable de las operaciones comerciales y bancarias. Conocía el giro comercial de la empresa, su administración y sus deudas. En los libros es quien informa detalles contables y tributarios que “sólo una persona involucrada en la gestión y administración puede conocer”.

Se probó que Segundo primero omitió presentar en término la DD.JJ, luego lo hizo con datos falsos para eludir pagar. “El accionar demostró su conocimiento de las obligaciones tributarias que debía afrontar y su intención deliberada de evitar pagar”. Eludir primero y luego enumerar datos falaces para lograr una deuda tributaria inferior a la real, “son comportamientos que sólo pueden responder a un propósito deliberado de engañar al organismo recaudador y obtener una ventaja económica”.

El informe pericial advirtió irregularidades en la contabilidad de SOCIA. Por ejemplo, se perdieron las copias de las operaciones de venta, según admitió el mismo personal. “Por lo tanto, al desconocerse los conceptos facturados se vio impedido este perito de evaluar la capacidad económica, productiva y funcional de la empresa para prestar servicios”.

Al decidir la condena, el juez Reynaldi valoró a su favor “la buena impresión” causada por Segundo en la audiencia, su estado de salud y “las experiencias de vida que lo habrían llevado a evadir el impuesto”.

El fallo recuerda que Segundo cursó hasta segundo año como aspirante en la Escuela de Mecánica de la Armada, es divorciado de terceras nupcias, tiene diez hijos (cuatro menores) y está desocupado ya que un ACV le dejó secuelas en la movilidad de sus piernas y su mano izquierda. Lo ayudan económicamente tres de sus hijos y dos hermanos.

Ya tiene una condena por narcotráfico por el Caso Poseidón: cumple prisión domiciliaria, indicó Diario Jornada.

Los cinco miembros del alto tribunal declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

El exvicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa”, señaló la Corte en su decisión.

En ese mismo párrafo, el escrito cita el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La invocación de este artículo implica que los cinco miembros del tribunal no consideran pertinente su intervención y ratifican así lo actuado en las instancias inferiores.

De ahora es más, Boudou podría recurrir a tribunales internacionales para que se revise su condena, a sabiendas de que deberían probarse irregularidades importantes durante el proceso como para que la justicia argentina, a sugerencia del organismo supranacional, reabra el expediente y valore nuevamente la sentencia.

Con esta decisión, la defensa de Boudou buscará ahora que el exvicepresidente permanezca con la prisión domiciliaria, concedida en abril, y que no vuelva a cumplir su condena al penal de Ezeiza.

El lugar en el que cumplirá Boudou su condena será decisión del juez Obligado, que fue el mismo que le habilitó la domiciliaria y ahora podría revocársela si entiende que se modificaron las circunstancias en la que se concedió, sea por el momento sanitario de la pandemia o por la definición de la Corte.

La Cámara Penal de Puerto Madryn declaró la nulidad de una sentencia de primera instancia que rechazaba la suspensión del juicio a prueba en un caso de grooming y ordenó que otro juez repita la audiencia que dio origen al fallo anulado.

El pedido de nulidad fue solicitado por el Dr. Gastón Alfredo Ledesma, funcionario de la defensa pública penal, en contra de la resolución de la jueza penal Stella Eizmendi, quien no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba a favor de un hombre imputado por el delito de grooming.

En el planteo, se explicó que durante la audiencia preliminar realizada el 27 de noviembre de 2019 la defensa del imputado solicitó la resolución del caso a través de la figura de la probation. A tal fin se ofreció la realización de 20 horas de trabajo comunitario, la obligación de realizar un tratamiento psicológico, junto al cumplimiento de las pautas de conductas que establece esa figura, todo por el plazo de un año.

El pedido efectuado en su momento por la defensa del imputado contó con la conformidad prestada por la fiscalía y también por la asesoría de menores, en representación de la víctima del caso, quien ampliaron la petición con una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio de parte del imputado hacia la menor.

El caso se inició con una denuncia sobre episodios ocurridos a principios de abril de 2018 cuando el imputado a través de un perfil falso en la red social Facebook hizo contacto con la víctima, una menor de 13 años que se encontraba institucionalizada al momento de los hechos. Según el relato fiscal, a través de esa cuenta le habría ofrecido realizar una sesión de fotografías “en ropa interior para una supuesta revista que aparecía en boliches y que serían retribuidas con dinero”.

A través de otro perfil falso, en el cual simulaba ser una joven, el victimario habría conseguido ganarse la confianza de la menor para concurrir a un local con el fin de adquirir lencería. Una demora de la menor en volver a la institución en la que estaba alojada habría derivado en la denuncia posterior. El delito se habría confirmado de acuerdo a la acusación por el secuestro de un teléfono celular en poder del acusado, en el cual habría al menos cuatro imágenes de la menor en ropa interior.

El delito por el cual se acusó al hombre fue el de Grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal, que establece: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”

En su voto, la Dra. Flavia Fabiana Trincheri hace un análisis del caso y expresa que la jueza permitió que la audiencia-sin perjuicio de estar fijada como audiencia preliminar – “se convirtiera en una solicitud de suspensión de juicio a prueba sin la presencia de la víctima, ni tampoco conociendo su opinión acerca de la aplicación de este instituto para este caso puntual”.

En ese punto, recuerda que el Art. 49 del Código Procesal Penal que si “cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, el imputado a través de su defensor podrán requerirla …. Si el ofendido no participare o no estuviere representado en el procedimiento, la audiencia se suspenderá para permitir su citación” y considera llamativo que “tanto el fiscal como el representante de la Asesoría de Familia ante la falta de comparecencia de la menor a las reiteradas citaciones de la Asesoría, las interpreten como desinterés en el proceso penal donde ella es víctima al mismo tiempo que les consta que se trata de una niña madre de catorce años que pocos días atrás había dado a luz y está institucionalizada”.

“La magistrada sin perjuicio de su concienzuda resolución, debió detener la audiencia y dar cumplimiento a la manda del Art. 49 del CPP previo a resolver” expresó la jueza de Cámara y agregó que “esta falta de participación o conocimiento expreso de la opinión de la víctima para poder llevar adelante este trámite, siendo que estaba en la ciudad y se podía contar con ella en la audiencia o en su defecto, conocer su opinión, convierten nulo el resolutorio”.

El Juez Rafael Lucchelli en su análisis mencionó que si bien a su entender “la magistrada -como último garante de la legalidad- debió suspender la audiencia a fin de que compareciera la víctima, en este caso en particular es un deber indelegable del Asesor de Familia y del Ministerio Público Fiscal recabar el consentimiento de la misma”, considerando inexcusable la presencia de la joven víctima a fin de poder conocer de manera certera el interés o no del mismo en la resolución del caso.

Por su parte, el camarista Leonardo Marcelo Pitcovsky apuntó a que en su resolución la propia jueza “hace referencia de ello en los considerandos, empero, que no atiende al momento de resolver. Es decir, expresó en su resolutorio que debía reeditarse la audiencia con la presencia de la menor víctima, más luego, rechazó la aplicación del instituto sin atender su propia invocación”, y agrega que “si una auto proposición era que se debía reeditar la audiencia conforme normativa aplicable al caso, esto es, con la presencia de la víctima; dicha consideración no se debió omitir al resolver, lo que torna nula por contradictoria la sentencia atacada”.

El juez de audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, condenó a un hombre de 61 años, a través de un juicio abreviado, a la pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal hacia una nena de tres años que vivía en la casa de al lado.

Boulenaz dio por probado que en enero pasado, el acusado abusó sexualmente de la pequeña estaba sola en la vereda, ya que su madre –vecina del imputado– había ingresado a su domicilio.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la niña a su vivienda para cometer el delito. La menor le contó inmediatamente lo que le había pasado a su progenitora, ella increpó al agresor y este negó el hecho.

Sin embargo, ahora el acusado aceptó la autoría del abuso, ya que para acordar un abreviado es un requisito indispensable admitir la autoría del hecho. El acuerdo fue rubricado por él, el fiscal Marcos Sacco y el defensor oficial Juan José Hermúa.

Por otro lado, Boulenaz le mantuvo la prisión preventiva –ordenada oportunamente– al imputado hasta la finalización del proceso, y dispuso que se cite a la madre de la víctima para saber si quiere ser informada cuando el acusado salga en libertad o reciba algún beneficio antes de que expida el plazo total de la pena.

La mujer, al ser notificada de los alcances del juicio abreviado, mostró su disconformidad con la sanción por entender que, cualquier hubiera sido, no reparará el daño ocasionado a su hija. Sin embargo, el Código Procesal Penal, si bien establece que la víctima debe ser informada de lo resuelto –como así también que el juez no puede imponer penas más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal–, aclara que su opinión no es vinculante con la resolución final.

Boulenaz, al evaluar las pruebas presentadas por las partes, le dio particular importancia al informe pericial psicológico efectuado a la niña, ya que en él se advirtieron “perturbaciones a nivel psicológico” e “indicadores compatibles con una situación de victimización sexual”.

También valoró un informe ampliatorio de una psicóloga forense, cutas conclusiones resultaron “plenamente compatible con lo expuesto por la progenitora al formular la denuncia penal”.

Por último el magistrado, en la parte resolutiva del fallo, ordenó que se cumpla con la ley provincial que prevé que, los condenados por esta clase de delitos sean incorporados al Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual.

Fuente: Diario La Reforma

En diálogo con Radio 3, Sebastián Cuattromo, cofundador de “Adultxs por los derechos de la Infancia” repasó la tarea que desarrollan a nivel nacional y en este sentido, en Chubut.

Destacó la reciente condena por abuso sexual contra dos menores al ex jefe de la Policía y ex Diputado provincial, Juan Luis Ale, además de informar que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver en breve respecto a la sentencia sobre una mujer y su pareja, quienes fueron juzgados por abuso sexual contra el hijo de ella, en Puerto Pirámides.

Asimismo, reiteró la importancia de no callar o invisibilizar este delito como sociedad, alertando que de cada 10 personas, dos han sido víctimas en sus infancias o adolescencias.

De esta forma, Cuattromo se refirió a la reciente condena dictada para el ex jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, quien fue hallado culpable por abusos sexuales cometidos contra dos menores.

El caso, lo “conocemos desde hace años y acompañamos solidariamente a sus víctimas”, reveló, y subrayó que “el fallo que ha condenado a Ale ha sido otro formidable logro de lucha de las víctimas”.

Destacó así la “valentía y coraje llevado adelante en esta búsqueda de reparación y Justicia”, por parte de las víctimas de Ale.

En este sentido, se refirió al impacto que ha tenido la causa ya que “se ha retirado el cuadro de este abusador de la policía provincial –e incluso- se iniciarían trámites para exonerarlo. Con ello vemos que la lucha de las víctimas logran efectos simbólicos y concretos”.

Esto, consideró, es “indispensable para que los distintos poderes del Estado realmente asuman al abuso sexual contra la infancia como una máxima prioridad institucional, planteando cambios de prácticas, mentalidades y políticas para que todos podamos poner a la infancia y la protección de sus derechos en un lugar de máxima prioridad”, sentenció.

Asimismo, se refirió a otro caso de relevancia de la provincia, el de una madre y su pareja que fueron condenados por el abuso sexual de un nene en Puerto Pirámides; caso en el que “acompañamos desde lo solidario y lo vincular”.

Informó así que “estamos esperando y acompañando a la familia protectora de la víctima –ya que- los condenados abusadores apelaron la doble condena que recibieron y estamos esperando que el Superior Tribunal de la Justicia (STJ) dicte un fallo ante esta apelación”.

Asimismo, reveló que la condenada fue beneficiada con la prisión domiciliaria: “Hace poco logró que el juez de Trelew, Cesar Zaratiegui, le dicte domiciliaria –lo cual- nos pareció un fallo lamentable”.

Remarcó que “los abusadores no tienen que volver a tener contacto con los niños y niñas, algo que tenemos que lograr que el Poder Judicial entienda y lleve a la práctica”.

Precisamente, con este antecedente, de esta “bochornosa domiciliaria a una abusadora, las expectativas de todos los que acompañamos esta lucha están puestas en el STJ, que tendrá que fallar y esperemos que ratifique la condena”, expresó Sebastián Cuattromo.

Destacó en este sentido que “tanto el juicio como en la apelación, la condena ha sido un logro formidable para esta causa colectiva, a nivel nacional”, con lo cual esperan que el máximo Tribunal provincial lo ratifique.

En otro tramo de la conversación con Radio 3, Cuattromo se refirió a la necesidad como sociedad de escuchar y no ocultar los abusos sexuales hacia las infancias, “es indispensable la visibilización y difusión, que estos temas estén en la agenda pública y que circule como debate colectivo y social”.

Por eso, como sobrevivientes, “estamos empeñados en compartir una y otra vez, por todo el país, nuestro testimonio y relatos, porque es una forma fundamental de darle voz y aliento a quienes hoy sufren esta injusticia o que han sufrido, hoy son adultos y todavía no han podido ponerlo en palabras”.

Destacó que el esfuerzo y empeño “sirve, es impresionante, tanto que no damos abasto. Todos los días del año recibimos mensajes y comunicaciones de personas de todo el país”, reveló.

Se trata de cientos de personas que “se contactan para compartir sus historias. Muchas veces hablamos de personas que décadas después de haber sido víctimas de esta injusticia sienten que pueden empezar a compartirlo, liberarse y poder transformar su calidad de vida”.

“Las víctimas de abuso sexual infantil tienen que cargar con una pesadísima mochila de vergüenza y culpa”

“Desde hace años, no hay día en que no estén comunicándose personas que lo están necesitando y sienten que al encontrar a sobrevivientes y a protectores, dejan de estar solo”, señaló Cuattromo.

En esta línea, remarcó que nuestra provincia no es ajena a estos delitos, “eso también nos pasa con personas de los más diversos lugares de Chubut –recordando y destacado que- hace una año estuvimos ahí y encontramos a personas de a pie que luchan contra esta injusticia o que se encuentran organizadas, como ‘Red de Infancias Robadas’ o ‘Madres de Víctimas contra la Trata’”.

“Lo maravilloso que encontramos allí es que hay mucha gente y en Trelew fue conmovedor, el ver tanta gente comprometida”, sentenció.

Sobre el final, reiteró las cifras de la Unión Europea que da cuenta que “el abuso sexual contra la infancia lo sufren 1 de cada 5 niños, niños y adolescentes; es decir que de cada 10 personas 2 lo sufren, y de esas 2, 1 es de carácter incestuoso e intrafamiliar, en todos los sectores sociales, culturales y económicos”.

Estas cifras, “esta masividad, nos da cuenta de la magnitud del desafío colectivo que teneos por delante”, y desde Adultxs, “en la práctica, corroboramos esa masividad”, concluyó.

Mañana martes a las 12.30 está previsto que se desarrolle la audiencia en la cual se dará a conocer la condena para el ex Jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale.

El Tribunal encargado de le decisión está integrado por los jueces Marcela Pérez Bogado, Gustavo Castro y Marcelo Orlando.

La lectura del fallo se realizará en los Tribunales de Madryn luego de la audiencia de cesura de pena desarrollada la semana pasada, en la cual la Fiscalía pidió la pena máxima para Ale de 14 años de prisión.

El ex jefe de la Policía fue declarado culpable del abuso sexual de dos menores de edad entre los años 1998 y 2001 cuando él mantenía una relación de pareja con la madre de las víctimas.

La calificación legal por la que fue condenado fue la de “abuso deshonesto en la modalidad de delito continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores”.

Para la jornada de este martes, además, está prevista una movilización en las afueras de los tribunales por parte de vecinos y organizaciones quienes esperarán la lectura del fallo y realizarán un homenaje a aquellas mujeres víctimas de abuso sexual y femicidio.