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El abuelo de Lucio Dupuy pidió este martes que la madre de su nieto y la pareja reciban «una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios».

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa y por cuyo crimen se conocerá el jueves próximo el veredicto del juicio, pidió este martes que la madre de su nieto y la pareja reciban «una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios» y reclamó que «sean separadas», ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal.

«Tengo muchas ansias, no pasan las horas para que llegue el día jueves. Para muchos es pasado mañana, para nosotros es eterno lo largo que se nos hacen los días para saber la culpabilidad de estas asesinas. Las expectativas son que, para que esto no vuelva a suceder, tiene que ser una condena ejemplar», dijo Ramón Dupuy en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.

El hombre reclamó que ambas sean condenadas «a prisión perpetua, sin beneficios y que sean separadas de una vez por todas», aunque admitió que lo que resuelva la justicia «no reparará nada, porque a Lucio no me lo devuelven con ninguna condena, no me lo devuelve más nadie por más que reciban condena, a Lucio lo asesinaron».

En declaraciones a Radio Con Vos, el abuelo de Lucio explicó que, a su criterio, «la sociedad está pidiendo que ilumine a los jueces para que no vuelvan a suceder casos como el de Lucio. Es lo más lógico, porque no se espera que un ser humano haga las atrocidades que hicieron estas asesinas con el cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver un chiquito asesinado».

Luego, el hombre volvió a recordar el hecho y se lamentó: «Hasta el día de hoy me sigo preguntando el por qué, por qué lo asesinaron».

También Ramón Dupuy reclamó a la Justicia por no haber intervenido a tiempo y haberle entregado la tenencia de su nieto a la madre y a su pareja.

«No entiendo por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó (a la madre Espósito Valenti y a su pareja Páez), por qué nos revocó la tenencia si Lucio había nacido acá en General Pico, se había criado durante cuatro años acá, tenía todo acá, no le encuentro explicación hasta el día de hoy».

Al respecto, Ramón indicó que todavía no sabe si presentará una demanda contra el Estado luego de que el sistema de salud de La Pampa omitió las numerosas lesiones que sufrió el menor durante los meses previos a su fallecimiento.

«Eso te lo tendría que responder mi abogado, es muy técnico. Estamos abocados solamente para el 2 de febrero, ese es el pensamiento que tenemos», manifestó.

Por otro lado, el abuelo de Lucio hizo referencia a la imputada Espósito y dijo que «el título de madre le queda enorme».

«Para cualquier ciudadano común, madre es una palabra sagrada, ella es una progenitora o la que lo pario digamos así nomás», dijo, quien insistió en que su nieto «no era un auto que vos chocas y haces un acuerdo para arreglar los daños, Lucio era una vida, un ser humano, si esta jueza hubiese actuado acorde a la ley… ella se basa en que hubo un acuerdo y se lo reconozco que hubo, pero…¿por qué sucedió? Por seis falsas denuncias y una amenaza por teléfono, comprobadas eh, no lo digo yo, está comprobado en el expediente».

«Si hubiese actuado acorde a la ley, a Lucio tendrían que haberle hecho por lo menos a estas asesinas un socio ambiental; preguntarles donde lo iban a llevar a vivir a Lucio, con qué le iban a dar de comer a Lucio, con quién iba a estar Lucio, lo sacaron de acá de General Pico y me lo llevaron a 140 kilómetros, al año y 3 meses me lo trajeron muerto», recordó.

Por último, el abuelo del niño asesinado le pidió a la gente «que sea más empática» ante casos de violencia infantil y «que se comprometa más cuando vea un niño golpeado».

«Es importante para poder salvarle la vida a la criatura. Los niños, siempre se dice lo mismo, son el futuro de Argentina, y los están matando», concluyó.

Sobre las agresiones previas que sufrió Lucio, uno de los fiscales de la causa, Máximo Paulucci, señaló a la prensa que el niño «presentaba lesiones de larga data», las cuales coinciden a partir del momento en el que fue a vivir con su madre.

«Coincidimos en que es un hecho en el que hubo distintos tipos de agresiones hacia el niño, que fueron gravísimas y terminaron como corolario con su muerte», afirmó Paulucci en diálogo con el canal de noticias TN.

Al respecto de la sentencia esperada para el próximo jueves, el fiscal aseguró que durante el debate se logró probar la teoría del caso del Ministerio Público, lo cual «debería dar como resultado la condena a prisión perpetua» para las acusadas.

«Las pruebas más importantes que tuvimos fueron la autopsia y pericias realizadas en el lugar de los hechos: allanamientos y cámaras de seguridad», precisó.

Finalmente, Paulucci opinó que las intervenciones de las imputadas durante el juicio «tuvieron como objetivo posicionarse mejor frente al proceso».

El jueves próximo, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».

La pena no se dará a conocer el jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF) la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Fuente: Télam.

Los ochos rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell asisten todos los días al juicio oral en su contra. Mientras se conocen más detalles de como sucedieron los hechos.

Se dio a conocer a través del material de archivo de cada acusado, cuantos años aproximadamente tendrían al salir de la cárcel si recibieran la pena máxima. Los imputados tienen entre 20 y 23 años, por lo que saldrán en libertad cuando tengan cerca de 60 años.

Se espera que para fines de enero se conozca la sentencia definitiva para el grupo de rugbiers. Están siendo juzgados por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”; y también por “lesiones leves” por las heridas que sufrieron los amigos de Fernando cuando intentaron defenderlo.

Después de vencer por 5-0 a Emiratos Árabes Unidos, la Selección Argentina a Doha, la capital de Qatar.

Desde el aeropuerto, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se trasladó a la Universidad de Qatar, el bunker de concentración en la Copa del Mundo. Los jugadores de la selección se mostraron de buen ánimo en su llegada a la capital qatarí.

Según informó La Nación, casi 300 hinchas – argentinos y extranjeros – esperaban a los jugadores en el predio de la Universidad de Qatar. Hay allí 86 camas, dos canchas y un estadio para 10.000 personas. Será la casa del equipo argentino para este mundial de fútbol.

Argentina debutará en el Mundial Catar-2022 el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C que completan México y Polonia.

 

Una de las abuelas de los niños del jardín 406 se expresó en plena interrupción del tránsito en Ruta 3 y 26 y solicitó tanto el apoyo de la clase política como la de los sindicatos para agrandar el reclamo.

«Pedimos respuestas y que alguien se haga cargo. Queremos ver a los políticos por acá, tanto que andan buscando votos… Necesitamos saber qué va a pasar, nosotros no vamos a dejar esta lucha por nuestros hijos», comentó en El Comodorense Radio.

Al momento de ir a buscar la ayuda correspondiente ante estos violentos casos, la anciana sorprendió al revelar algo que le sucedió: «mi hija sacó el turno en el psicólogo y ella le respondió que, como ya había atendido a tres o a cuatro, no la iba a poder atender».

En este sentido, la señora solicitó el apoyo de distintos sindicatos para agrandar aun más el reclamo y «acelerar una resolución». «Pensamos seguir acá y no vamos a levantar el corte. Esperamos que los sindicatos se nos unan y podamos despertar de una vez. Hay un violador suelto, no podemos andar por todos lados buscándolo».

En testimonios con otros padres, la mujer aseguró que hay decisiones divididas ante la posibilidad de encontrar al presunto violador en algún sitio. «Hay un grupo que lo quiere matar y otro que lo quiere ver preso. Sabemos qué está mal lo que estamos haciendo, pero, ¿qué otra cosa tendríamos que hacer?», se preguntó.

«Esperamos la condena directa y listo: que le den perpetua. Nada de demorar cuatro o cinco años», finalizó.

Pocos políticos pueden ubicarse por estos días más lejos de las posiciones y aspiraciones de Cristina Kirchner que Miguel Angel Pichetto. Convertido desde su salto al macrismo antes de las elecciones de 2019 en el ejemplo más cabal del llamado «peronismo defensor del establishment» —una denominación a la que la inmensa mayoría de los peronistas dejaría sólo en «defensor del establishment»—, nadie podría sospechar en él simpatías kirchneristas.

Sin embargo hasta el propio fallido candidato a vicepresidente de Macri tuvo que aceptar que la acusación de los fiscales por asociación ilícita contra Cristina Kirchner no respeta los más mínimos estándares de la jurisprudencia.

Fiel a su estilo, lo dijo con cuidado. Cuando le preguntaron sobre las «contundentes pruebas presentadas por los fiscales respondió que «va a ser complejo y difícil porque lo es de acuerdo a la jurisprudencia, cerrar el esquema probatorio en orden a la figura de asociación ilícita calificada».

Y explicó Pichetto ante sus desolados interlocutores de la La Nación+ que «hay precedentes de la Corte Suprema que en su momento tuvo el caso Yoma que involucraba también al presidente Menem, el 210 es una figura difusa y difícil de acreditar».

Por si no había quedado claro se explayó. «Yo lo que no veo es elementos contundentes que puedan cerrar la figura porque no es concebible considerar a un gobierno democrático desde el primer día como una organización delictiva, me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir», concluyó.

Con un fuerte descargo, la vicepresidenta de la Nación salió al cruce con Diego Luciani, tras el pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida en el juicio por la causa Vialidad.

En breve, Cristina Kirchner cuestionará en la etapa de alegatos, la incorporación de pruebas de otros casos que no habían sido discutidos con anterioridad, según publica TN.

En relación al cruce con Diego Luciani, la respuesta de la vicepresidenta de la Nación tendrá un fuerte condimento político y buscará desacreditar los chats del exsecretario de Obras Públicas, José López.

La fiscalía, en este sentido, utilizó las conversaciones como prueba en el proceso. El titular del Senado planteará que existe una persecución judicial y política en su contra.

Luego de que el exsecretario General de Atech, Santiago Goodman, fuera condenado por la justicia a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir 50 horas no remuneradas en la biblioteca de Legislatura, entre otras pautas de conductas, al considerarse coautor responsable por el incendio en el Parlamento en septiembre del 2019, los trabajadores legislativos rechazaron la determinación judicial. «Sentimos impotencia. Es como que entren a robar a mi casa, la destrocen, y el acusado pague la pena con arreglos en el jardín de mi vivienda; lo voy a tener en mi espacio», dijo el secretario General de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos del Chubut, Angel Sierra.

La jueza María Tolomei condenó al exdirigente del gremio de los educadores a la pena de 3 años de prisión, de ejecución condicional, accesorias legales y costas del proceso. El fallo contrarió lo solicitado por Fiscalía, quien entendió que correspondían 5 años de prisión contra el exlíder de Atech por su intervención en los hechos del 2019.

La Justicia resolvió que Goodman cumpla las siguientes pautas de conductas: fijar domicilio y mantenerlo actualizado; concurrir a la oficina de control de ejecución en forma trimestral; realizar en un plazo de dos años un curso de derechos humanos y/o de derecho constitucional, de al menos, 30 horas de duración, ya sea virtual o presencial que deberá hacer debidamente acreditado ante la oficina de control de ejecución.

Goodman también debe realizar, en el plazo de un año, 50 horas de tareas no remuneradas en la biblioteca de la Legislatura del Chubut. Este último punto alteró los ánimos entre los trabajadores del Parlamento, que no esperaban que los considerandos de la pena incluyeran para el acusado tareas comunitarias en el edificio que el propio sujeto dañó.

RECHAZO

«Desde el sindicato, y más teniendo presente lo que opinan los empleados de Legislatura, rechazamos y repudiamos este fallo arbitrario que tomó la jueza. Y decimos arbitrario porque entiendo que, después de lo conversado con las autoridades del Poder Legislativo, esta determinación no fue charlada con nadie» de este sector, apuntó Sierra.

«Nos sorprende que alguien sentenciado, si bien el fallo no está firme, pero fue acusado por su participación en el incendio a la Legislatura, cumpla funciones en el mismo lugar que atacó. Esto es lo mismo que entren a robar a mi casa, la destrocen, y para que pague la pena el acusado lo manden a arreglar mi jardín, o sea, lo voy a seguir teniendo en mi vivienda. No lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Veremos qué decisión toman las autoridades del Poder Legislativo respecto a esto que dictó la jueza», agregó el mandamás de Apel.

Sierra dijo que aún «no hablé con las autoridades de la casa, sí con algunos, pero entiendo que esto los tomó por sorpresa».

«En principio veremos qué determinación adoptan las autoridades del Poder Legislativo; porque no somos los dueños del Parlamento, acá deciden quienes conducen el sector. Somos empleados y representante de los trabajadores, no somos los que definimos quién entra o sale de la casa de las leyes. Veremos qué dicen, y en consecuencia nosotros, si no satisfacen lo que hagan las autoridades, veremos qué hacer», añadió el secretario General del gremio legislativo.

En diálogo con EL CHUBUT, Sierra expresó que «tomé con mucha angustia e impotencia el fallo que impone a Goodman cumplir 50 horas en la biblioteca, me genera un dolor muy grande, porque no podemos hacer absolutamente nada. Lo sucedido lo viví en carne propia de los hechos estuve acá, y realmente es una situación muy fea, no se la deseo a nadie».

DIFERENCIAS

«Estas actitudes que tuvo Goodman, cuando participábamos de la Mesa de Unidad Sindical, fueron las que obligaron a mi apartamiento, porque no comparto para nada esa manera de manifestarse. Uno puede peticionar, pero con límites, sin dañar a nadie», sostuvo Sierra, al diferenciar que en el caso de Apel «tuvimos muchos conflictos dentro del Poder Legislativo, pero nunca dañamos nada; tomamos casa de Gobierno, pernoctamos allí, y jamás rompimos bienes. Insisto, no comulgo con esas formas».

El pasado 4 de agosto, la jueza María Tolomei declaró al ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, co-autor penalmente responsable del delito de incendio en relación a los hechos ocurridos la noche del 17 de septiembre de 2019 en la explanada e inmediaciones de la puerta de ingreso de la Legislatura de esa provincia. El miércoles 10 se llevó adelante la audiencia de cesura de pena en la oficina judicial de Rawson, en la cual la fiscalía y la querella pidieron 5 años de prisión para el docente. La defensa solicitó un mínimo de pena y subsidiariamente tres años de prisión condicional. La sentencia se conocerá el jueves 18 de agosto.

El paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el día miércoles tuvo un alto acatamiento. Un contundente no a la criminalización de la protesta social se reprodujo en distintos lugares del país. La Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, dijo desde Chubut: «Termina una marcha multitudinaria pidiendo por la absolución de Santiago Goodman. Lo que nosotros estamos planteando es que no se avance en este proceso de criminalización de la protesta. Nosotros vemos una línea de continuidad en hechos recientes: detuvieron a un compañero de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en una protesta pacífica en Mendoza en un paro provincial; detuvieron a un compañero de Camioneros en San Nicolás, ahora este hecho de Santiago (Goodman)», enumeró.

Centrando sus palabras sobre lo sucedido con Goodman, contextualizó: «La protesta social tiene un origen. En este caso, en la provincia de Chubut estuvimos varias veces por el no pago de salarios. Ese conflicto escaló, producto de que los docentes tuvieron salarios bajos, tuvieron situaciones muy complejas, donde nuestras compañeras y compañeros no llegaban a fin de mes y tenían salarios adeudados. Parejas de docentes o de un docente y un estatal que no cobraban sus salarios», enmarcó. Agregó que «en los medios, en muchísimos lugares, no se cuenta en qué contexto en 2019 se dio este plan de lucha. Fue en el marco también de una pueblada en contra de la mega-minería, porque no puedo separar los casos, ni tampoco puedo separar aquí lo que pasó con Santiago Goodman».

También la titular de CTERA se refirió concretamente al proceso judicial y señaló que «las fuerzas de seguridad declararon en el juicio que habían espiado, habían fotografiado a Santiago y a otros dirigentes. Sabemos que hubo zona liberada en la Legislatura. No sabemos quiénes son los autores. Da la casualidad que el único coautor elegido en la causa es Santiago Goodman, un dirigente conocido». Además, Alesso expresó «que hubo muchas cosas muy oscuras que nunca se esclarecieron: los bomberos llegaron en la madrugada, hubo situaciones verdaderamente complejas. Es importante puntualizar que cuando hay conflictos de no pago de salarios o de retraso salarial y el conflicto escala, hay una responsabilidad de las autoridades políticas que tienen que resolverlo».

Y esto se da en una provincia rica. «Chubut estaba entre una de las provincias que pagaba el salario más alto de la Argentina», recordó la titular de CTERA. «Compañeras y compañeros se venían a Chubut, a Río Negro, por los buenos salarios. Salarialmente, Chubut se estancó y tuvo que ver con este proceso de ajuste que se vivió acá y un proceso feroz de endeudamiento del gobierno de (Mariano) Arcioni durante el macrismo, que luego continuó». Alesso concluyó que así como estuvieron movilizados en Chubut el miércoles, lo volverán a estar el próximo jueves 18, «cuando la jueza fije la sentencia, que vamos apelar», anticipó.

El juicio y sus incongruencias

Santiago Goodman declaró que el día de los hechos tiró dos cubiertas al fuego, que ya estaba iniciado y llevaba horas sin que ninguna autoridad policial del lugar alertara a los bomberos para apagarlo. Goodman también dijo que accionó bajo amenaza de tres compañeras y un compañero de Comodoro Rivadavia, que le dijeron: «Habilitá las gomas, trae pallets, lo que sea para quemar. Habilitá las gomas porque te vamos a quemar a vos y a tu familia». La jueza Tolomei comparó sus dichos con otras declaraciones testimoniales que avalaron esa versión y no descartó su existencia, pero interpretó que esas amenazas no eran concretables.

No se pudo determinar quién fue el autor del incendio, solamente se describió que era alguien que portaba una campera roja. Pero sí se lo culpó a Goodman de haber avivado el fuego, aunque tampoco hubo prueba documental de daños. El juicio apuntó al docente y gremialista.

Como parte de la prueba, se utilizó la filmación ilegal aportada por la policía. Es una práctica habitual del espionaje ilegal, justificada en el juicio por el subinspector de la Brigada de Investigaciones de Rawson, Michael Barrera. Su «labor» parece ser la de llevar un registro audiovisual de manifestaciones y de la protesta social, «porque en caso de que existiera un delito, estas filmaciones nos servían para individualizar bien a las personas, observar bien las vestimentas y después hacer imágenes comparativas, en las cuales damos cuenta del accionar de cada persona», describió el uniformado con naturalidad ante la Justicia. Salir a la pesca porque, si hay manifestación, seguro es seguida de delito, es lo que les dice el olfato policial en Chubut para justificar su tropelía.

La defensa solicitó que se rechace la prueba policial que Barrera llamó «práctica habitual» de la policía, invocando que se vieron afectados por esa práctica los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La Fiscalía expresó que la policía actuó según la ley, que no correspondía la nulidad de la prueba y que debía rechazarse la petición de la defensa. La jueza Tolomei indicó que la policía estaba violando la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que en su artículo cuarto, inciso segundo, establece que ningún organismo de inteligencia puede «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». La jueza dijo que no era admisible esa práctica porque más allá que Barrera señaló que no fue un seguimiento personalizado, se estaba violando esa ley.

Sin embargo, la jueza decidió que se podía utilizar una parte de esa filmación, en la cual comienzan los incidentes. Tolomei no aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que es la exclusión del elemento probatorio obtenido en violación de garantías constitucionales. Decidió avalar una parte de esa filmación cuando tenía en sus manos otro registro fílmico por parte de un canal de televisión. De esa manera, incorporó parte de una prueba obtenida por la ilegalidad policial y así lo explicó:

Pero hay otras aberraciones que se conocieron en el juicio oral, que dan cuenta de lo injusta -más allá de la pena que dicte en su sentencia la jueza- que ya es la condena al docente Santiago Goodman:

El bombero Franco Messina declaró que en el grupo WhatsApp oficial de Bomberos llegó la directiva de no asistir a apagar el fuego, aunque decidió ir al lugar a sacar fotos a los manifestantes.

El policía Miguel Colpi, que estaba prestando servicios esa noche, declaró que al momento de los disturbios se encontraban cinco policías en las puertas de la Legislatura, formando un cordón para evitar el ingreso de manifestantes. Dijo que, junto a un compañero, intentó apagar el fuego con matafuegos del edificio, pero recibió la orden del comisario Néstor Gómez Ocampo de «dejar que se queme lo que se tenga que quemar y dejar que entren quienes quieran entrar». Colpi también señaló que solicitó refuerzos y que alrededor de 12 efectivos de tareas especiales se hicieron presentes, estuvieron cinco minutos y nuevamente recibieron la orden de abandonar el lugar. Su declaración evidenció la decisión policial de liberar la zona. También declaró que bomberos voluntarios llegaron al lugar cerca de las cuatro de la madrugada, cuando el fuego estaba ya extinguido.

En los registros de las cámaras de seguridad de la Legislatura del día 17 de septiembre de 2019, se pudo apreciar que dentro de la casa legislativa había solamente humo. Que el fuego nunca ingresó al edificio.

El testimonio de la arquitecta Vicciara se basó en el costo de los daños. Según ella, la tarea de limpieza del lugar que ascendía a 12 millones de pesos actuales. Ese testimonio puede ser objetado, ya que nunca se realizó un informe de daños. El ingeniero Oscar Moreno sugirió a la arquitecta, que estaba a cargo del mantenimiento, que se hiciera un análisis de la estructura y su respuesta fue que no se hiciera dicho estudio.

Los bomberos tuvieron la orden de no actuar ante los dos focos de incendio que se habían producido, uno en la explanada de la Legislatura y el otro en cercanías de la puerta; la policía, con mucha anterioridad, concurrió a filmar desde el inicio de la protesta, como declaró en el juicio el oficial subinspector Barrera. Pero, ¿no era acaso su deber proteger esos bienes públicos? ¿Cómo es posible que la jueza decida ante tanta evidencia expuesta en el juicio oral solamente apuntar como responsable a Goodman? La explicación de Tolomei fue que «eventualmente, la responsabilidad por un obrar ineficaz del Estado en la protección de bienes es harina de otro costal». La jueza parece no solamente presentar problemas en la aplicación de dichos acorde a su exposición, sino también dificultades en la aplicación del derecho, que claramente en esta causa le sale torcido.

Fuente: El cohete a la Luna

Dentro del enfrentamiento que mantienen los maestros por su reclamo salarial, a lo que se suma la condena contra Santiago Goodman, quien fue encontrado penalmente responsable por el incendio a la Legislatura provincial, la mayoría de las regionales de la ATECh anunciaron un nuevo paro de actividades para el jueves próximo, 18 de agosto, día coincidente con el momento en que la Oficina Judicial de Rawson dará a conocer la pena impuesta al exsecretario general del sector docente.

En lo que es observado como “una presión” a la justicia, ATECh también anunció una movilización de los maestros para esa jornada a la sede judicial, en la que volverán a reclamar con una absolución de Goodman y en repudio de la criminalización de las protestas sociales, reclamo que motivó que el gremio nacional de CTERA realizara un paro docente en todo el país.

Cabe destacar que en el juicio realizado contra el exsecretario general, la fiscalía pidió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo contra el inculpado, pena que finalmente se conocerá el 18 de agosto cuando la jueza María Tolomei dé la pena dispuesta por el delito de incendiar la Legislatura en septiembre de 2019.

Por ello es que el consejo directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut decidió, por mayoría, un paro para el jueves próximo para pedir la absolución del dirigente gremial y exigir también la reapertura de la paritaria salarial.

En el documento de la convocatoria, y bajo el lema “Exigimos la absolución de Santiago Goodman y el cese de la criminalización de la protesta”, diferentes delegaciones de la ATECh anunciaron que se movilizarán el jueves 18 hacia la oficina judicial de Rawson, donde el exsecretario general del sindicato conocerá la pena resuelta por la jueza Tolomei luego de haber escuchado los argumentos correspondientes.

Sindicatos docentes marcharán hoy a Rawson para repudiar el fallo judicial contra el exlíder de Atech, Santiago Goodman, hallado culpable la semana pasada por el incendio en la explanada de la Legislatura, ocurrido el 17 de septiembre del 2019. Coincidentes al rechazo de «criminalizar las protestas», dirigentes y afiliados a diferentes gremios estatales exigirán la absolución de quien durante el proceso reconoció haber avivado las llamas que consumieron parte del edificio público.

La corriente sindical concentrará hoy a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson, cuando se inicie la audiencia de cesura de pena contra Goodman. La jueza María Tolomei expondrá los años que le corresponden al sindicalista por su activa participación en el siniestro. El Ministerio Público Fiscal adelantó hace unos días que pedirá 5 años de cárcel para el exrepresentante de la Asociación de los Trabajadores de la Educación del Chubut.

La Justicia lo halló culpable como coautor de incendio sucedido en septiembre del 2019.

Según los fundamentos de la magistrada, el exreferente de Atech «actuó con autodeterminación y consciente de las consecuencias». Más allá de los argumentos esgrimidos y su intervención en el Parlamento, la Justicia «no probó su participación en los hechos registrados en Casa de Gobierno» durante esa misma jornada.

La jueza, en la descripción de los episodios, manifestó haber quedado probado que Goodman trasladó cubiertas y arrojó algunas de ellas al fuego que antes había iniciado un sujeto no identificado y descripto solo como que vestía una campera roja. Incluso el mismo imputado «luego reconoció esta acción», señaló la magistrada.

Después de la audiencia, los gremios marcharán por las calles de la capital provincial para exponer otros reclamos como mejoras salariales, laborales y otras consideraciones que esperan una respuesta del Gobierno provincial.

La marcha también será para honrar la memoria de Jorgelina Ruiz Díaz (52) y María Cristina Aguilar (55), quienes murieron en un accidente de tránsito en la ruta, cuando regresaban a Comodoro Rivadavia de una manifestación en Rawson por la crisis salarial. El siniestro ocurrió el 17 de septiembre del 2019.

El reclamo con epicentro en Rawson tendrá su réplica en otros rincones del país, en respuesta a la convocatoria de Ctera de paro nacional. La medida, conocida la semana pasada, es para repudiar la situación del exdirigente de Atech, Santiago Goodman.

La marcha será contra la «criminalización y judicialización de la protesta social».

También ratificó la continuidad del plan de lucha, a través de los sindicatos educativos, para reclamar la apertura de paritarias, donde Chubut mantiene la discusión.

Absueltas 

En el mismo proceso fueron absueltas Mariana Castro y Marcela Ancaleo, que habían sido imputadas por ese delito en carácter de coautores.

El incendio y los daños ocasionados en la Legislatura fueron valuados en 12 millones de pesos al momento de las pericias ordenadas por las autoridades del Parlamento, a través de profesionales idóneos.