La Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia clave para el 11 de septiembre que definirá el monto que deberá pagar Cristina Kirchner como decomiso por su condena en la causa Vialidad.
La expresidenta cuestiona la actualización de la deuda y alega que sólo debe abonar el 6% de los $684.990 millones que exige la justicia.
Discrepancia sobre el monto actualizado
Según información de medios nacionales, el tribunal oral federal N° 2 había establecido que la suma actualizada a pagar por todos los condenados ascendía a $684.990.350.139. Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización utilizado y sostiene que su cliente sólo debería pagar el 6% de esa cifra. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos serán los encargados de dirimir esta controversia en la audiencia convocada.
Posibilidad de remate inmediato de bienes
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de la expresidenta y el resto de los condenados, argumentando que el recurso presentado no suspende el trámite de decomiso. En un contundente dictamen de 21 páginas, los representantes del Ministerio Público calificaron el caso como «una de las matrices de corrupción más extraordinarias» de la historia argentina y acusaron a la principal responsable de utilizar «artilugios y excusas» para evitar el pago.
Estrategia defensiva y cuestionamiento de competencia
La defensa de Kirchner, quien cumple condena bajo arresto domiciliario, rechazó la intimación de pago y planteó que el Tribunal Oral Federal Nº2 es incompetente para ordenar el decomiso de sus bienes. Según su argumentación, esta facultad correspondería a la justicia civil y comercial federal, que anteriormente había declarado caduca la demanda del Estado nacional en su contra. Una postura similar adoptó Lázaro Báez, otro de los condenados en la causa.
La audiencia del 11 de septiembre marcará un nuevo capítulo judicial para la expresidenta, mientras los fiscales insisten en que «el decomiso no es una opción sino una obligación». La decisión de Casación llegará en un contexto político delicado, apenas un mes antes de las elecciones legislativas, y podría sentar un precedente significativo para casos de corrupción a gran escala. Información extraída del medio iProfecional.
