A pocas horas de vencerse el plazo de investigación, la querella presentó la acusación formal contra Roxana Ortega, docente de la Escuela 201 de Trelew, por el presunto abuso de tres alumnos menores.
La penalista Glady Olavarría, representante de las familias, solicitó que el caso se dirima en juicio por jurados y pidió una pena de 16 años de prisión.
Según Diario Jornada, los hechos habrían ocurrido en el ámbito escolar, donde Ortega aprovechaba momentos de recreo para quedarse sola con los niños. La imputación incluye tres hechos de abuso simple en concurso real, agravados por su rol como educadora.
Testimonios, secuelas y un informe clave
El viernes se notificó el resultado del psicodiagnóstico realizado por el Cuerpo Médico Forense al tercer menor involucrado, quien inicialmente figuraba como testigo. El informe concluyó que su relato fue genuino, no inducido, y que presenta secuelas traumáticas compatibles con abuso.
La madre del niño insistió en que fuera escuchado, y el menor relató dos episodios de tocamientos. “Era imposible que su maestra no supiera de su vulnerabilidad”, señaló Olavarría, quien también advirtió que podrían existir más casos no denunciados.
Las secuelas incluyen pesadillas, estrés físico y miedo persistente a la figura de la docente. Uno de los chicos consulta con frecuencia si Ortega volverá a enseñar en la escuela, lo que refleja el impacto emocional que aún persiste.
Audiencia preliminar y posible prórroga de la causa
La querella considera que el monto de pena solicitado es proporcional a la gravedad de los hechos y al daño causado. “Lo debatimos con las familias y concluimos que 16 años era lo adecuado”, explicó Olavarría.
Este viernes se definirá si la investigación se prorroga, lo que permitiría a la defensa reunir evidencia a favor de Ortega y a la Fiscalía sumar elementos, como el testimonio ampliado de la tercera víctima. Mientras tanto, los menores continúan asistiendo al mismo establecimiento educativo.
Un proceso judicial que interpela a la comunidad
El caso conmociona a Trelew y plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección en el ámbito escolar. Las familias afectadas atraviesan momentos de profunda angustia, y la querella insiste en que el juicio por jurados permitirá una mirada más amplia y representativa sobre lo ocurrido.
La investigación sigue abierta, y la comunidad educativa espera respuestas claras y medidas que garanticen la seguridad de los niños.