La Justicia avanza en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina.
Tras casi 12 horas de allanamientos, los efectivos secuestraron documentación clave y se enfocaron en posibles vínculos con contrataciones directas del organismo estatal.
El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, se realizó en la sede de la droguería Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Núñez. Durante más de once horas, la Policía impidió el ingreso y egreso de personal, y los últimos empleados abandonaron el edificio cerca de las dos de la madrugada.
Según C5N, los investigadores se llevaron alrededor de 14.000 comprobantes vinculados a la facturación, con el objetivo de establecer si existieron contrataciones directas con la ANDIS. Además, trabajadores del área de sistemas se negaron a entregar claves de acceso a los servidores y debieron ser trasladados a una comisaría.
Spagnuolo se presentó en la Justicia
En paralelo, Diego Spagnuolo, desplazado titular de la ANDIS, se presentó en los tribunales y designó a Ignacio Rada Schultze como abogado defensor. La causa investiga los audios filtrados en los que Spagnuolo habla de presuntos retornos en la compra de medicamentos, mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Si bien trascendió que podría presentarse como imputado colaborador, aún no definió su estrategia judicial. Spagnuolo dejó entrever que “teme por su vida” y analiza diferentes caminos: desde declarar ante el juez hasta pedir la nulidad del expediente por supuesta irregularidad en el inicio de la causa.
Gobierno y nuevas pruebas
El gobierno nacional anticipó que denunciará al exfuncionario, mientras el presidente Javier Milei lo acusó de mentir y calificó el caso como una “opereta”. Sin embargo, la investigación avanza con pruebas concretas: ya fueron secuestrados los teléfonos de Spagnuolo, de los dueños de la droguería, los hermanos Kovalivker, y documentación obtenida en los allanamientos.
Un informe preliminar reveló además que el celular del exfuncionario tenía mensajes borrados de manera selectiva, lo que genera dudas sobre su intención de colaborar con la Justicia.
El caso ANDIS suma capítulos y presiona al Gobierno, que intenta despegarse del escándalo mientras la Justicia avanza en busca de pruebas que definan responsabilidades políticas y empresariales.