Desde el 1° de marzo, todos los trámites de marcas se gestionarán con notificaciones electrónicas obligatorias. La medida busca acelerar los procesos administrativos y modernizar el sistema de propiedad industrial.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pondrá en marcha un nuevo sistema de notificaciones electrónicas obligatorias para los trámites de registro de marcas a partir del 1 de marzo de 2026. La medida, oficializada a través de la Resolución 63/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, promete revolucionar la gestión de la propiedad industrial en Argentina.
Según Noticias Argentinas , el cambio elimina los plazos de suspensión de 30 días que existían anteriormente, con el objetivo de acelerar los procesos administrativos y hacerlos más eficientes.
El fin de los plazos muertos
Con este nuevo esquema, las actuaciones que antes requerían la consulta de expedientes físicos se gestionarán de forma 100% digital, ya que la totalidad de la información se encuentra disponible en línea. El organismo busca que la modernización del registro sea compatible con los principios de celeridad y economía procesal.
La norma establece que las vistas, traslados y actos intermedios se informarán directamente en la sede electrónica de cada usuario, eliminando la necesidad de notificaciones en papel que ralentizaban los trámites.
Qué cambia para los usuarios
A partir de ahora:
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Las notificaciones se realizarán exclusivamente por vía electrónica.
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La publicación en el Boletín de Marcas quedará reservada únicamente para las resoluciones finales y los casos de falta de mantenimiento de oposiciones.
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Los plazos legales comenzarán a correr al día siguiente de la notificación electrónica o de la publicación en el boletín, según el caso.
Obligación de actualizar el domicilio electrónico
Para asegurar el funcionamiento del sistema, los apoderados y particulares deberán actualizar sus domicilios legales electrónicos de manera obligatoria. Este trámite se realizará a través de la opción «Toma de Intervención» en el portal del INPI y tendrá carácter de declaración jurada.
La medida representa un paso fundamental en la digitalización del Estado y en la simplificación de trámites para empresas, emprendedores y profesionales que necesitan proteger sus marcas y activos industriales.