La iniciativa del gobernador Ignacio Torres busca resolver las limitaciones operativas generadas por la sedimentación del Río Chubut y asegurar condiciones adecuadas de navegabilidad.
El Gobierno de Chubut presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley N° 004/2026 que propone crear una tasa específica para financiar el dragado y mantenimiento del canal de acceso en Puerto Rawson. La iniciativa busca resolver las limitaciones operativas generadas por la sedimentación del Río Chubut y asegurar condiciones adecuadas de navegabilidad.
Según se detalla en la propuesta, el último dragado integral se realizó en 2003 y el intento iniciado en 2023 quedó inconcluso, lo que redujo progresivamente el calado disponible. El proyecto apunta a eliminar cuellos de botella, optimizar la operatoria portuaria y mejorar la calidad del producto pesquero.
Desde el punto de vista técnico, la tasa será retributiva por la prestación del servicio de dragado y se aplicará por la disponibilidad permanente de la infraestructura, independientemente del uso efectivo por parte de cada buque. El monto total a recaudar tendrá un tope: no podrá superar el Costo Total de la obra y su mantenimiento. De acuerdo con Revista Pesca y Radio 3 Cadena Patagonia.
La distribución del tributo se realizará mediante un sistema de Unidades de Participación (UP), calculadas según la cantidad de cajones autorizados por marea de cada embarcación. De esta forma, los buques con mayor capacidad operativa aportarán proporcionalmente más, garantizando un esquema equitativo y transparente.
La iniciativa también establece la creación de una cuenta especial con afectación específica, donde se depositarán los fondos recaudados. La autoridad de aplicación deberá publicar mensualmente ingresos, egresos y avances de obra para asegurar mecanismos de control público y transparencia activa.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la prohibición de trasladar la tasa al salario de las tripulaciones. La medida busca preservar la intangibilidad del sueldo “a la parte” y evitar que el costo de la infraestructura recaiga sobre los trabajadores, mientras la propuesta avanza ahora hacia su debate legislativo.