Un día histórico y de profunda emoción se vivió en los pasillos legislativos de la provincia de Buenos Aires.
En una sesión marcada por la unanimidad política y tras años de intensos debates y reclamos vecinales, se saldó una deuda interna fundamental con aquellos héroes que regresaron de las islas con heridas invisibles y que habían quedado totalmente desamparados por la estructura estatal.
La Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto que incorpora a 400 veteranos de Malvinas a un régimen jubilatorio especial
La política provincial unificó posturas en un acto de estricta justicia social. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una ampliación clave. De esta manera, La Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto que incorpora a 400 veteranos de Malvinas a un régimen jubilatorio especial, modificando el marco legal del «Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas» para dar amparo a quienes habían quedado marginados del sistema durante más de cuatro décadas.
La votación cerró con un contundente tablero de 66 votos afirmativos y cero rechazos. La ley se enfoca específicamente en aquellos excombatientes que solicitaron la baja o el retiro efectivo entre los años 1983 y 1985 debido a las graves secuelas físicas o psicológicas derivadas directamente de las acciones bélicas de 1982. Asimismo, la normativa rescata del olvido previsional a los veteranos de Malvinas que no continuaron con su carrera de armas y que tampoco consiguieron ser derivados a puestos administrativos dentro del Estado bonaerense tras la finalización del conflicto en el Atlántico Sur.
Filtros contra represores, detalles del haber y consenso total
La estructura económica del beneficio establece que el monto mensual a percibir equivaldrá al 80% de la mejor remuneración registrada en la administración pública bonaerense, sumando la totalidad de los subsidios mensuales vigentes. Para acceder a dicho cobro ante el Instituto de Previsión Social (IPS), los beneficiarios deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al organismo. El texto definitivo sufrió cambios vitales respecto a su borrador original: se incorporaron cláusulas estrictas que impiden de forma taxativa el acceso al beneficio a cualquier persona que haya sido condenada por delitos de lesa humanidad o militares que cuenten con sanciones firmes por incumplimiento de deberes durante la guerra. Esta modificación surgió tras las severas alertas del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que advirtió sobre el peligro de beneficiar a represores de la dictadura, obligando a que el texto volviera al Senado el mes pasado antes de su sanción en la Cámara Baja este lunes.
La iniciativa, redactada originalmente por los senadores oficialistas de Unión por la Patria, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli (que contaba con media sanción desde el año pasado), cosechó el respaldo explícito de todo el arco opositor, incluyendo a La Libertad Avanza. A través de un comunicado oficial, el espacio liberal catalogó la jornada como una verdadera «reparación histórica». En sintonía, el diputado y vicepresidente del cuerpo, Juanes Osaba, remarcó la importancia de saldar este reclamo por el que tanto se peleó, enfatizando que el reconocimiento y el sacrificio realizado por la patria trasciende por completo a cualquier color político.