La crisis desatada por el cese de actividades en las salas de juego de Esquel, Trevelin y Rada Tilly ha escalado al ámbito político provincial.
Este lunes, la diputada Tatiana Goic formalizó un exhaustivo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, buscando esclarecer la situación de las cesantías, la legalidad de las indemnizaciones y el estado de las concesiones vigentes.
Un conflicto que trasciende lo empresarial
El escenario actual combina la incertidumbre de los trabajadores con denuncias por ofertas indemnizatorias que no cumplirían con los mínimos establecidos por ley. Según el planteo de Goic, la explotación del juego es una “competencia exclusiva de la Provincia a través del IAS”, lo que obliga al Estado a supervisar que los concesionarios asuman sus “obligaciones laborales, previsionales y de policía”.
El pedido de informes pone la lupa sobre dos actores centrales: el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Trabajo, exigiendo precisiones sobre los controles efectuados ante el cierre de las salas.
El foco en las concesiones: Trewelyn S.A. y Casino Club
La situación varía según la firma y la localidad, pero en ambos casos las dudas legales son profundas:
Esquel y Trevelin (Trewelyn S.A.): La diputada busca determinar si el cierre de estas salas configura un “cese de actividad” o “incumplimiento” que habilite la extinción de los contratos de concesión.
Rada Tilly (Casino Club S.A.): Aquí el trasfondo es político-económico. La sala está amparada por la prórroga de 15 años de la Ley I-N° 833, vinculada a un millonario aporte para obras públicas. Goic cuestiona si este cierre permite aplicar la “Cláusula Séptima” del convenio para anular la extensión del beneficio otorgado por la Legislatura.
La desprotección de los trabajadores
Uno de los puntos más críticos del documento es el reclamo por el poder de policía laboral. Se solicita información sobre si se constataron las versiones de indemnizaciones del “50%” en Esquel y si se dictaron conciliaciones obligatorias.
Goic advierte que, ante el incumplimiento de intimaciones, los empleados tendrían derecho a “percibir sus remuneraciones íntegras”. Además, se exige un detalle de la recaudación neta de las salas en el último año y el estado de los aportes de Casino Club al “Fondo Especial para Obras”.
Responsabilidad Social en entredicho
Finalmente, la legisladora apela a la Ley VII-N° 96 sobre Responsabilidad Social Empresarial, la cual define un compromiso con el “fomento de un empleo digno y estable”. Para Goic, el accionar de las empresas choca frontalmente con este espíritu normativo, por lo que exige verificar si las firmas están adheridas a dicho régimen y qué acciones de protección del empleo han reportado fehacientemente.
