La Libertad Avanza impulsa ley para prohibir celulares en cárceles y frenar el crimen organizado.
En un movimiento legislativo que busca revertir las flexibilizaciones adoptadas durante la pandemia, el bloque de La Libertad Avanza presentó este lunes un proyecto de ley para prohibir de forma estricta el uso de teléfonos celulares y dispositivos inalámbricos en los penales de todo el país. La iniciativa, encabezada por la diputada Silvana Giudici, apunta a desarticular las terminales operativas que bandas narco y redes de estafadores mantienen activas desde el interior de los pabellones.
Reforma de la Ley de Ejecución Penal: fin a la «conectividad» delictiva
El proyecto propone reformar la Ley 24.660 para establecer una restricción general que impida la tenencia, comercialización o facilitación de cualquier dispositivo apto para la transmisión de voz y datos, incluyendo tarjetas SIM, módems y routers. Según los fundamentos, la medida busca subsanar el vacío legal y la falta de control que se generó a partir de 2020 bajo la gestión de María Laura Garrigós en el Servicio Penitenciario Federal.
“El uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal”, sostuvo Giudici. La legisladora enfatizó que esta tecnología permite a los reclusos liderar bandas criminales, planificar atentados y acceder a billeteras virtuales de manera ilícita, impactando directamente en la seguridad de los ciudadanos en el exterior.
Casos de extorsión y estafas virtuales como detonantes
La fundamentación del proyecto menciona un incremento alarmante en las denuncias por delitos cometidos desde las cárceles entre 2020 y 2025. Giudici recordó un caso reciente y trágico de finales de 2025: el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos, cuya investigación derivó en la detención de hombres que operaban redes de extorsión desde los penales de Magdalena y Olmos.
“Se ha detectado que desde las cárceles se realizan estafas virtuales, simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero”, señaló la diputada. El proyecto establece que los internos solo podrán utilizar equipamiento informático autorizado por la autoridad penitenciaria exclusivamente para programas educativos o laborales, bajo condiciones de uso estrictamente controlado.
Instalación de inhibidores y apoyo legislativo
La propuesta retoma el espíritu de la modificación realizada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que disponía la instalación de inhibidores de señal en los pabellones. Con esta ley, los libertarios buscan que la prohibición no dependa de resoluciones judiciales aisladas, sino que sea una norma de carácter general y complementaria del Código Penal.
La iniciativa cuenta con un amplio respaldo dentro del bloque oficialista y aliados, llevando las firmas de los diputados Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, César Treffinger y Alejandro Bongiovanni, entre otros. El debate ahora se trasladará a las comisiones de la Cámara Baja, donde se espera una fuerte discusión sobre los derechos de comunicación de los internos frente a la necesidad de seguridad pública.
