El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por montar un entramado delictivo.
La organización se dedicaba a extorsionar a imputados por narcotráfico, fraguar procesos judiciales y apoderarse de cargamentos de droga para su posterior comercialización.
La sentencia, dictada tras casi dos años de debate oral, desmontó el accionar sistemático de agentes que prestaban funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Los involucrados utilizaron recursos del Estado para controlar el mercado ilegal y seleccionar de forma arbitraria los blancos de la persecución penal.
El caso «Leones blancos» y el apoderamiento de cocaína
Uno de los episodios centrales juzgados en el proceso fue la maniobra denominada «Leones blancos», un procedimiento fraguado en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno que pertenecía al clan Loza. En aquella oportunidad, la banda policial simuló el secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una falsa denuncia anónima, mientras que se apoderó de otra media tonelada de estupefacientes que se encontraba a bordo de un vehículo de la organización criminal.
La droga sustraída, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladada a la localidad de Santa Clara del Mar para su distribución en la costa atlántica y en el circuito internacional a través de envases termosellados.
Por este hecho, el tribunal aplicó severas sanciones a la cúpula de la delegación Quilmes:
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Marcelo Roberto Di Rosa (Comisario): Recibió una de las penas más elevadas al ser hallado coautor de uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
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Juan José Magraner (Subcomisario): Condenado con las penas más altas bajo las mismas imputaciones.
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Adrián Gonzalo Baeta (Subteniente): Sancionado con las penas máximas del proceso.
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Otros efectivos: Los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco fueron sancionados con 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca recibió una pena de 11 años de cárcel.
La red en San Isidro y la complicidad en el sistema penal
La investigación puso al descubierto un patrón de actuación repetido en otras causas conexas denominadas «Bustamante», «Basaldúa», «Acosta» y «Santellán». En esos expedientes se acreditaron maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, exigencias de dinero para evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales con la presunta complicidad de funcionarios del sistema penal.
Respecto a la estructura que operaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita, en tanto el sargento Santiago Ignacio Cabré y el teniente Mario Alberto de Armas recibieron penas de 14 y 12 años de prisión, respectivamente.
El veredicto también alcanzó al plano profesional y civil. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli resultaron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía tras ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.
Evaluaciones de la fiscalía e impacto institucional
En su alegato, el equipo fiscal integrado por Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly enfatizó el carácter sistémico de las maniobras al señalar que no se trató de hechos aislados de corrupción, sino de la utilización coordinada de las facultades estatales para administrar de manera ilegal el tráfico de estupefacientes en la provincia.
Por su parte, el tribunal absolvió a seis de los imputados y ordenó la remisión de las constancias de la causa a la etapa de instrucción a fin de profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales involucrados.
En atención a la gravedad institucional de los hallazgos, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez dispusieron remitir los fundamentos del fallo al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial para la adopción de medidas preventivas.