El escenario político nacional entra en una etapa de definiciones ambientales de alto impacto
La gestión de Javier Milei ha puesto fecha al tratamiento de la polémica reforma de la Ley de Glaciares, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 15 de abril. Tras obtener media sanción en el Senado, la iniciativa avanza en medio de una fuerte resistencia de organizaciones civiles y un ajustado poroteo legislativo.
Audiencias públicas y controversia por la participación
Para validar el proceso, el oficialismo ha convocado a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo. Estas jornadas, que se desarrollarán bajo un esquema mixto y horario extendido, no han estado exentas de críticas. Diversas organizaciones ambientalistas denunciaron limitaciones en la participación ciudadana, aunque la Justicia Federal ya respaldó la continuidad del cronograma al rechazar los pedidos de suspensión presentados por entidades como Greenpeace y la FARN.
Desde La Libertad Avanza, figuras como Nicolás Mayoraz defienden la legalidad del mecanismo, mientras que el presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a Gabriel Bornoroni, intensifican las negociaciones con bloques aliados y representantes de las provincias cordilleranas para asegurar el quórum de 129 legisladores necesarios para la sesión.
El eje del conflicto: ¿Protección o explotación de recursos?
El núcleo de la disputa radica en las modificaciones a la normativa vigente desde 2010. El proyecto oficialista propone flexibilizar los controles sobre las zonas periglaciales, otorgando a las provincias una mayor autonomía para decidir qué áreas proteger. Esto, según los sectores productivos, permitiría destrabar inversiones millonarias en minería e hidrocarburos que hoy se encuentran limitadas por la ley actual.
Sin embargo, para los sectores opositores y científicos, esta delegación de facultades podría poner en riesgo reservas de agua dulce estratégicas. El debate que se avecina en el Congreso no solo pondrá a prueba la cohesión de los bloques dialoguistas, sino que definirá el equilibrio entre el desarrollo económico extractivo y la preservación ambiental en la zona andina.