El máximo tribunal provincial consideró «prematuro» el cierre del expediente que involucra a tres imputados por el presunto manejo irregular de más de 109 millones de pesos de la mutual de empleados de la Cooperativa 16 de Octubre. Los magistrados advirtieron que existe una «hipótesis razonable de fraude» y ordenaron retomar la investigación. La Fiscalía busca llevar el caso a juicio.
La causa por presunta corrupción y administración fraudulenta en la Asociación Mutual Aonik Kenk dio un giro inesperado. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó por unanimidad los sobreseimientos que habían dejado fuera del expediente a tres imputados, argumentando que la decisión del juez de Esquel fue «prematura» y que el cierre del caso se realizó sin analizar en profundidad los elementos que señalaban la existencia de un posible fraude.
El caso: 109 millones de pesos con destino incierto
De acuerdo a la acusación impulsada por la Fiscalía de Esquel y un grupo de asociados, entre 2019 y 2022 se habría montado una estructura para manejar fondos de la mutual por fuera de los controles legales. El expediente sostiene que quien se desempeñaba como administrador de hecho habría dispuesto de más de 109 millones de pesos, provenientes de créditos y ayudas económicas a afiliados. De ese total, unos 25 millones de pesos en intereses no habrían sido depositados ni registrados, quedando con un «destino incierto».
Según la investigación, la maniobra habría contado con la colaboración de la tesorera de la Cooperativa, acusada de cambiar cheques por efectivo por más de 70 millones de pesos, lo que habría permitido entregar dinero en mano al administrador, quien lo guardaba en una caja fuerte personal. A su vez, el contador de la mutual está imputado por confeccionar balances presuntamente falsos para ocultar estas operaciones tanto a los afiliados como a los organismos de control.
El sobreseimiento que fue revocado
En septiembre de 2024, el juez penal de Esquel, José Luis Ennis, había dictado el sobreseimiento de los tres imputados. En su resolución, consideró que los hechos no encuadraban en las figuras legales planteadas por la Fiscalía. Entre sus argumentos, sostuvo que uno de los acusados no podía ser considerado autor de administración fraudulenta porque no tenía un cargo formal vigente durante el período investigado.
La postura del STJ: «No se puede cerrar la causa antes de tiempo»
Los ministros del Superior Tribunal —Ricardo Napolitani, Mario Vivas, Andrés Giacomone y Javier Raidan— rechazaron ese criterio y remarcaron que el análisis del caso no puede limitarse a cuestiones formales. En ese sentido, plantearon que el manejo efectivo de dinero ajeno y el posible abuso de confianza son elementos centrales, independientemente de si existía o no un cargo formal.
Además, señalaron que para dictar un sobreseimiento antes del juicio debe existir una certeza absoluta de que no hay delito, algo que —según indicaron— no ocurre en este caso, donde existe una «hipótesis razonable de fraude» . También recordaron que, si hay dudas sobre la calificación legal elegida por la Fiscalía, el juez debe evaluar si los hechos pueden encuadrarse en otra figura penal, en lugar de archivar la causa.
Qué pasará ahora
Con esta decisión, el expediente volverá a la Oficina Judicial de Esquel y continuará su trámite. Se deberá retomar la audiencia preliminar, donde se debatirán la acusación fiscal, la postura de la querella y las defensas. El objetivo de la Fiscalía es llevar el caso a juicio para que sea en ese ámbito donde se determine la culpabilidad o inocencia de los acusados por el manejo de los fondos pertenecientes a trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.
Un fallo que reactiva una causa emblemática
La resolución del STJ representa un duro revés para los imputados, que habían logrado el sobreseimiento en primera instancia. Ahora, la causa vuelve a estar en pleno proceso y los acusados vuelven a estar en la antesala de un juicio oral. Para los denunciantes y la Fiscalía, la decisión del máximo tribunal es un respaldo a la existencia de elementos suficientes para continuar con la investigación.
El caso Aonikenk se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la provincia, involucrando a una mutual que agrupa a empleados de una de las cooperativas más importantes de la región. La reapertura de la causa mantiene en vilo a los implicados y abre la puerta para que la Justicia determine si hubo o no un desvío de fondos destinados a los trabajadores.
