En una resolución que marca un precedente en el control farmacéutico nacional, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este viernes la baja de los laboratorios HLB Pharma Group S.A y Laboratorios Ramallo S.A
La medida, publicada bajo la disposición 1848/2026 en el Boletín Oficial, pone fin a un extenso proceso administrativo y judicial iniciado el año pasado debido a graves fallas operativas.
Irregularidades críticas y falta de responsables
La decisión del organismo sanitario no es aleatoria, sino que responde a un historial de incumplimientos normativos detectados desde mayo de 2025. En aquel entonces, inspecciones técnicas revelaron desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación. A este escenario se sumó una situación de acefalía técnica: actualmente, ninguna de las dos firmas cuenta con un director responsable que garantice la seguridad de los procesos.
Además, desde la ANMAT señalaron que las empresas no presentaron planes de adecuación para revertir las inhibiciones previas ni apelaron las sanciones impuestas anteriormente. El expediente judicial federal que envuelve a ambas compañías también aportó elementos determinantes para proceder con la cancelación de sus legajos y la prohibición definitiva de comercializar sus productos.
El destino de los certificados y la causa judicial
A pesar de la baja de las habilitaciones comerciales, existe una particularidad legal respecto a los certificados de los productos. En cumplimiento de una orden judicial vinculada a la causa penal en trámite, el organismo dispuso que estos certificados se reinscriban automáticamente a su vencimiento. Esto no significa que los productos puedan volver al mercado, sino que se preservan como activos legales dentro del expediente federal.
La ANMAT ya ha iniciado las comunicaciones correspondientes a las autoridades sanitarias de todas las provincias y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para asegurar que la prohibición de uso y distribución sea total en todo el territorio argentino, protegiendo así la salud de la población frente a productos que no cuentan con respaldo de calidad.