Milei envía al Congreso el proyecto para cancelar deuda remanente del default de 2001.
En un paso clave para normalizar la situación financiera internacional de la Argentina, el presidente Javier Milei firmará entre hoy y mañana el envío de un proyecto de ley al Congreso para habilitar el pago a los fondos que aún litigaban por la deuda en default del año 2001. El texto, que ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, busca darle sustento institucional y solidez política a un acuerdo que pondría fin a reclamos históricos en los tribunales de Nueva York.
Un acuerdo estratégico para blindar activos estatales
La iniciativa oficial apunta a resolver los litigios mantenidos por Bainbridge Fund y el grupo de acreedores encabezado por Attestor. Estos fondos contaban con fallos firmes contra el país por una cifra cercana a los 600 millones de dólares, aunque fuentes cercanas al caso indican que el monto final negociado sería inferior.
Uno de los mayores beneficios inmediatos de este entendimiento es el congelamiento de medidas de ejecución que amenazaban activos críticos del Estado. Hasta hace poco, los acreedores intentaban avanzar sobre las acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, un frente de conflicto que ahora queda en pausa a la espera de la ratificación legislativa del convenio.
Aval parlamentario para evitar impugnaciones
A diferencia de otras gestiones que optaron por resoluciones administrativas, la administración libertaria ha decidido que el acuerdo pase por el filtro del Poder Legislativo. Según explican desde la Casa Rosada, esta vía reduce drásticamente el margen para futuras impugnaciones judiciales y otorga una mayor seguridad jurídica al cierre definitivo del capítulo del default de 2001.
La estrategia, coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, ya fue informada a la jueza Loretta Preska en Estados Unidos. El pasado 10 de abril, los abogados de la Argentina notificaron al juzgado neoyorquino que las partes ya firmaron un acuerdo definitivo, sujeto únicamente a la aprobación del Congreso argentino.
El frente internacional tras el fallo de YPF
Este movimiento se inscribe en una estrategia diplomática y legal más amplia. Mientras el Gobierno celebra la reciente victoria en la apelación por la expropiación de YPF, busca desactivar simultáneamente los focos de conflicto que considera encaminados hacia una salida negociada.
Con el envío de este proyecto, el Ejecutivo pretende mostrar ante los mercados internacionales una voluntad de cumplimiento y ordenamiento de las cuentas públicas, eliminando deudores remanentes que han condicionado la calificación crediticia del país durante más de dos décadas. El oficialismo confía en que el Congreso acompañará la medida para dar previsibilidad a la política de deuda externa.