Una masiva reacción del arco opositor y civil busca generar profundos cambios institucionales tras el crimen de la adolescente.
Representantes de nueve bloques opositores de la Legislatura de Córdoba confirmaron este lunes el pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, quienes intervinieron en la investigación por el femicidio de Agostina Vega.
Además, solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al considerar que existe una responsabilidad política por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. Otro de los apuntados fue el concejal Ricardo Moreno, acusado de haber sido el responsable por ingresar al sistema público a Claudio Barrelier, único detenido por el caso.
La iniciativa fue impulsada en conjunto por legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos. Al reclamo de los legisladores se sumó la organización Ni Una Menos de Córdoba. Durante una conferencia de prensa, los dirigentes opositores sostuvieron que buscan “defender Córdoba ante el descalabro político judicial que sacudió a la provincia” y reclamaron que se investigue el accionar de los funcionarios judiciales que participaron en la causa.
Las posturas y denuncias de los bloques opositores
El debate en la sede parlamentaria expuso fuertes cuestionamientos sobre los supuestos vínculos entre el Poder Ejecutivo local, el Concejo Deliberante y los despachos judiciales:
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Frente Cívico (Walter Nostrala): “La connivencia entre el poder político y la Justicia es lo que estamos viendo en Córdoba. Después de 27 años del peronismo en el poder esta es la Justicia que tenemos. Nos avergüenza y nos duele”. Cuestionó la anterior liberación del imputado por el crimen perpetrado entre la noche del 23 de mayo y la madrugada siguiente: “En 2025, (Barrelier) cometió delitos atroces, estuvo preso apenas 20 días y el fiscal Iván Rodríguez lo liberó. Miren lo que sucedió después”.
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Juntos por el Cambio (Alejandra Ferrero): Explicó que se recurrió a las herramientas formales de la provincia. “Queremos que se abra una investigación para establecer si hubo procedimientos tardíos, omisiones o algún mal desempeño que pudiera haber entorpecido la continuidad de la causa”.
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Encuentro Vecinal (Gerardo Grosso): Apuntó de lleno a la trama de influencias. “Los cordobeses deben examinar el accionar y los dichos del concejal Ricardo Moreno, de los fiscales intervinientes y los vínculos de Barrelier con el poder peronista. Pediremos en la Legislatura el jury para los fiscales y espero la expulsión del concejal”.
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Bloque Liberal (Gregorio Hernández Maqueda): Vinculó al fiscal Rodríguez con su reciente nombramiento como procurador adjunto. “¿Será el nombramiento de Rodríguez como procurador Penitenciario Adjunto un pago por este y otros favores al peronismo cordobés? Lo queremos saber y se lo vamos a preguntar”. Además, sentenció: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr la expulsión de Ricardo Moreno, jefe político y abogado del presunto asesino de Agostina, del Concejo Deliberante”.
Organizaciones feministas se sumaron al pedido de jury
La movilización popular y los colectivos de género sumaron volumen al reclamo institucional en la capital alterna:
La Asamblea Ni Una Menos, junto a organizaciones sociales, representantes sindicales y legisladoras provinciales, formalizó este lunes un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón por su actuación en la investigación del femicidio de Agostina Vega. La presentación fue anunciada durante la conferencia de prensa realizada en la Legislatura de Córdoba, donde las organizaciones cuestionaron el accionar judicial y político en torno al caso.
Declaraciones del colectivo de género: Soledad Díaz García, vocera de la convocatoria, aseguró que el crimen de la adolescente debe analizarse en un contexto más amplio de responsabilidades estatales: “La desaparición y el posterior femicidio de Agostina Vega no es otra cosa que un crimen del poder político”.
Las referentes denunciaron que tras la desaparición de la joven, ocurrida el 23 de mayo, no se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda ni la Alerta Sofía. Además, acusaron la existencia de una “política flagrante de encubrimiento” en favor de Claudio Barrelier, de 33 años, principal acusado por el femicidio y actualmente detenido.
Cuestionamientos estructurales y de fondo
Durante la jornada también se recordó el rol del edil Ricardo Moreno, quien admitió haber defendido previamente al imputado y gestionado su contratación en el municipio. Ante esto, colectivos feministas exigirán que se formalice su salida del cuerpo deliberativo.
Las expositoras extendieron sus críticas tanto al gobierno de Córdoba como a la administración nacional, al sostener que el caso se produce en un contexto de retroceso de las políticas de género y crecimiento de los discursos violentos. Por su parte, la legisladora Noelia Agüero, del Frente de Izquierda, vinculó el femicidio con una problemática estructural y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante distintas protestas sociales.
Finalmente, los movimientos sociales remarcaron que el desenlace de Agostina forma parte de un entramado de negligencias que se repite. En ese sentido, reclamaron también por la aparición con vida de Delicia Mamani Mamani, desaparecida en Córdoba desde noviembre de 2025, y denunciaron reiteradas falencias judiciales y policiales en distintas investigaciones vinculadas a violencia de género.