El IPV intensifica controles y recupera tres viviendas en Chubut por irregularidades.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut profundizó su política de fiscalización sobre el parque habitacional provincial, logrando la recuperación de tres nuevas unidades tras detectar maniobras irregulares. Bajo la gestión del ingeniero Alejandro Asensio, el organismo reafirma su postura de aplicar estrictamente la normativa vigente para asegurar que los beneficios estatales cumplan su fin social.
Permutas clandestinas en Rawson
En la capital provincial, las auditorías expusieron una maniobra de intercambio de llaves no autorizado entre los titulares de dos propiedades, una ubicada en el barrio 432 Viviendas y otra en el sector de las 32 Viviendas.
El cruce de datos y los relevamientos de campo confirmaron que los adjudicatarios originales llevaban años sin residir en los inmuebles asignados, utilizando las unidades como moneda de cambio al margen de la ley. Como resultado de esta infracción, el IPV procedió a la revocación inmediata de las adjudicaciones para ambos grupos familiares involucrados.
Recuperación en Trevelin por fallecimiento
En paralelo, el organismo llevó adelante un procedimiento en Trevelin, específicamente en el barrio 432 Viviendas, donde se efectuó la baja de un comodato sobre una propiedad del plan FONAVI.
En este caso, la medida fue motivada por el fallecimiento de los beneficiarios originales. Ante la imposibilidad de sostener el acuerdo inicial, el IPV resolvió anular la adjudicación para regularizar el estado ocupacional del inmueble y reincorporarlo al circuito de familias que aguardan por una solución habitacional.
Política de «Estado presente» y control de gestión
Desde la gerencia general del IPV, se enfatizó que las unidades habitacionales entregadas deben ser habitadas exclusivamente por los grupos familiares declarados en las carpetas originales.
La normativa interna es clara al respecto: el incumplimiento de estas condiciones, ya sea por cesiones indebidas, alquileres comerciales o abandono, faculta al Estado para dejar sin efecto el beneficio.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia provincial orientada a erradicar el uso irregular de bienes públicos. Con la recuperación de estas tres unidades, el Instituto busca no solo proteger el patrimonio estatal, sino también garantizar que las viviendas lleguen efectivamente a las familias que cumplen con los requisitos y que realmente necesitan acceder al techo propio.