Chubut prohíbe el uso de celulares en las cárceles para frenar estafas y extorsiones.
En una sesión marcada por un fuerte respaldo político, la Legislatura del Chubut aprobó este jueves por amplia mayoría la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles a los internos de los establecimientos penitenciarios de la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, busca desarticular las redes delictivas que operan desde los centros de detención.
Seguridad pública frente a centros de operaciones clandestinas
El proyecto fue defendido por el bloque oficialista como una herramienta esencial para proteger a la ciudadanía de delitos como estafas y extorsiones. La diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, fue tajante al presentar la norma: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas”, sentenció.
Aguilera subrayó que la ley no vulnera los derechos fundamentales, sino que reordena las prioridades del Estado. “El Estado tiene que estar para brindar seguridad y brindarles el derecho a la comunicación a quienes están privados de libertad, pero también para proteger a las víctimas de delitos”, remarcó, señalando que existe un sinnúmero de ciudadanos acechados por redes delictivas que operan tras las rejas.
Un debate con matices y reparos en la oposición
Si bien la ley contó con el acompañamiento de bloques como Arriba Chubut, el Pich y Chubut Unido, el debate no estuvo exento de críticas. Desde la oposición, el diputado Juan Pais valoró las reuniones informativas pero cuestionó la celeridad del tratamiento. Asimismo, enfatizó que el Estado debe asegurar que la prohibición no afecte la formación de los internos: “Los reclusos deben poder estudiar y formarse, y en este sentido el acceso a Internet debe estar garantizado”, planteó.
Por otro lado, la diputada Andrea Toro (Pich) adelantó que solicitará informes sobre el estado de la infraestructura de comunicaciones en las cárceles para asegurar que el régimen de comunicaciones controladas —previsto en la ley para garantizar el derecho al contacto familiar— sea efectivamente realizable.
Los votos en contra y el rechazo de la izquierda
La normativa no fue unánime. En el bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra, argumentando que el discurso oficial tiende a la estigmatización. “Las personas que están privadas de su libertad ya están pagando. Guarda con los discursos de odio”, advirtió Goic, quien además citó observaciones del procurador Jorge Miquelarena sobre la falta de estadísticas precisas que vinculen directamente el uso de celulares con la tasa de delitos.
En la misma línea, el diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, rechazó la ley por considerar que se basa en conjeturas y no aborda las raíces sociales de la delincuencia. Ambos legisladores hicieron hincapié en las deficientes condiciones de infraestructura que atraviesan los centros de detención de la provincia.
Pese a estas disidencias, el oficialismo logró imponer su visión de defensa de los «ciudadanos que trabajan y cumplen», ratificando que la ley es el «principio de una solución» para ordenar el sistema penitenciario chubutense.
