La Justicia de Chubut dictó tres meses de prisión preventiva para Alan Germino, Lautaro Germino y Carlos Santiago Hazarabedian, imputados por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa en el marco de una investigación por una red de falsas plataformas de inversión.
La decisión fue tomada por la jueza María Alejandra Hernández, luego de una audiencia que se extendió por más de cuatro horas y en la que se analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal.
Una investigación federal por ciberdelitos complejos
El caso es impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), con intervención del fiscal general Fernando Rivarola, la fiscal general Eugenia Domínguez y la licenciada en Criminalística Anneris Morales.
De manera virtual también participaron fiscales de distintas jurisdicciones del país, ya que la maniobra delictiva tendría alcance federal con múltiples víctimas bajo un mismo esquema de fraude.
La jueza consideró acreditados los peligros procesales y la complejidad del expediente para justificar la prisión preventiva.
Allanamientos y fuerte secuestro de pruebas
Las detenciones se concretaron el sábado tras un operativo simultáneo en diez domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Durante los allanamientos se secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y 7.400 dólares.
El procedimiento contó con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se complementa con diligencias iniciadas el 28 de abril tras una denuncia radicada en Puerto Madryn.
Cómo operaba la supuesta red de inversión fraudulenta
La hipótesis fiscal sostiene que la organización habría creado una “academia de negocios” que funcionaba como fachada para captar víctimas.
Bajo promesas de inversiones y ganancias extraordinarias, las personas eran inducidas a transferir dinero que luego era canalizado a través de sociedades y cuentas digitales.
El fiscal Rivarola informó que el monto investigado hasta el momento asciende a unos 90 millones de pesos. Incluso se detectó que uno de los titulares de una de las empresas sería una persona en situación de calle.
Una causa con alcance nacional e internacional
La investigación incluye la participación de fiscales de distintas provincias, con víctimas identificadas en múltiples jurisdicciones.
El trabajo conjunto se encuadra en los lineamientos de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, que establece cooperación internacional en delitos informáticos.
Posturas de las defensas y situación de los imputados
Las defensas solicitaron alternativas a la prisión preventiva. El abogado de Hazarabedian argumentó que no existen riesgos procesales y propuso prisión domiciliaria por edad y problemas de salud.
Por su parte, la defensa de los hermanos Germino sostuvo que no hay elementos suficientes para justificar la medida de encierro.
Los imputados también denunciaron supuestas condiciones irregulares durante su detención previa al traslado, motivo por el cual la jueza ordenó revisión médica.
Con la prisión preventiva ya dictada y una investigación declarada compleja, la causa avanza sobre una presunta estructura delictiva que habría operado a nivel nacional mediante estafas digitales millonarias.