La tensión política suma un nuevo capítulo en el Gobierno nacional. El PRO, a través de la legisladora porteña Laura Alonso, le reclamó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que brinde explicaciones públicas ante la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El planteo no solo apunta a la situación judicial del funcionario, sino también al impacto político que genera dentro de la gestión de La Libertad Avanza.
Desde el espacio opositor consideran que el tema debe resolverse con rapidez para evitar consecuencias mayores en la gobernabilidad.
“La sociedad necesita respuestas claras”
Laura Alonso fue contundente al referirse al caso: sostuvo que la ciudadanía espera explicaciones concretas sobre el patrimonio del funcionario.
En esa línea, remarcó que la situación debe aclararse cuanto antes para que el Gobierno pueda continuar su gestión “sin sobresaltos”, marcando así la preocupación por el impacto institucional del escándalo.
Internas en el Gobierno agravan el escenario
Además del frente judicial, Alonso puso el foco en las disputas internas dentro del oficialismo. Señaló que las tensiones entre sectores cercanos a Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo debilitan al Gobierno.
Según su visión, estas diferencias desvían la atención de problemas de fondo y pueden poner en riesgo los resultados que la administración busca consolidar.
Incluso advirtió que este contexto podría ser aprovechado por el kirchnerismo para capitalizar políticamente la situación y erosionar al oficialismo.
La causa judicial y posibles avances
El panorama judicial de Adorni podría complicarse en las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo analiza la posibilidad de convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.
La investigación no solo abarca un presunto enriquecimiento ilícito, sino también vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse, empresa con contratos en la TV Pública.
Un conflicto que impacta en la gestión
Desde el PRO insisten en que el Gobierno debe “bajar los decibeles” y ordenar su frente interno para sostener el rumbo político.
En este contexto, el caso Adorni se convierte en un punto sensible que combina presión judicial, internas políticas y expectativas sociales de transparencia.
El reclamo del PRO pone en evidencia la fragilidad del equilibrio político dentro del oficialismo. Mientras avanza la investigación judicial, crece la presión para que el Gobierno dé respuestas claras y evite que el caso escale en medio de un escenario ya cargado de tensiones.