Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia sellan un compromiso para frenar el crimen organizado.
Ministros y cancilleres de las cinco naciones se reunieron este jueves en Santiago para coordinar estrategias conjuntas contra las bandas internacionales que golpean la región. El encuentro contó con la apertura del presidente chileno, José Antonio Kast, y culminó con la firma del «Compromiso de Santiago».
En una respuesta política y técnica articulada frente al avance del delito transnacional, delegaciones oficiales de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia se dieron cita en la capital chilena para unificar criterios y optimizar los recursos logísticos en el combate al crimen organizado. La cumbre ministerial concluyó con la firma del Compromiso de Santiago, un documento estratégico que formaliza la creación de un grupo de trabajo enfocado en profundizar la cooperación en seguridad, inteligencia, control migratorio y flujos financieros.
La apertura del cónclave estuvo a cargo del presidente chileno, José Antonio Kast, quien subrayó el impacto directo de las redes delictivas en las dinámicas sociales de Sudamérica. “Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”, sentenció el mandatario, añadiendo que la lucha regional «tiene que pasar de las palabras a los hechos».
Plan de acción en cinco áreas prioritarias
Bajo la coordinación general del canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, las naciones firmantes establecieron un cronograma operativo para diseñar e implementar medidas concretas, medibles y verificables en cinco ejes centrales de la seguridad fronteriza e interna:
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Intercambio de información: Fluidez y reciprocidad de datos sensibles entre los servicios de inteligencia, fuerzas policiales y ministerios públicos fiscales de cada país.
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Coordinación fronteriza: Optimizar los controles físicos y tecnológicos en los pasos legales e ilegales que conectan los territorios.
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Rastreo financiero: Seguir la trazabilidad de los flujos de capitales ilícitos y el lavado de activos derivado de las actividades mafiosas.
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Cooperación técnica: Articulación directa entre organismos técnicos nacionales de seguridad.
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Mecanismos de respuesta: Fortalecimiento de las herramientas regionales para reaccionar ante amenazas comunes de alta complejidad.
“La delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, la estabilidad institucional y el desarrollo. Los esfuerzos nacionales son insuficientes y deben complementarse”, aseveró Pérez Mackenna.
Presencia oficial y diagnóstico de la crisis regional
El encuentro en Santiago congregó a figuras de peso en las carteras de seguridad y diplomacia de las naciones firmantes. La delegación argentina estuvo compuesta por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes destacaron que el acuerdo «ordena prioridades y fija líneas de trabajo para que la cooperación sea una herramienta eficaz». Por el lado de Perú, asistieron el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior, José Zapata, quienes manifestaron su preocupación por la escala del sicariato, las extorsiones y los secuestros en el ámbito local.
| País | Representantes en la Cumbre | Diagnóstico / Situación expuesta |
| Chile | Canciller Francisco Pérez Mackenna | El delito transfronterizo neutraliza las respuestas individuales de los Estados. |
| Argentina | Canciller Pablo Quirno / Min. Seguridad Alejandra Monteoliva | Es necesario pasar de las aspiraciones dispersas a herramientas de seguridad eficaces. |
| Ecuador | Canciller Gabriela Sommerfeld / Vicemin. Seguridad Jorge Rivadeneira | Urgencia de fortalecer capacidades gubernamentales ante la violencia del narcotráfico. |
| Bolivia | Canciller Fernando Aramayo | Tiempos excepcionales cruzados por el crimen y la inestabilidad social que afronta el Gobierno. |
| Perú | Canciller Carlos Pareja / Min. Interior José Zapata | Crecimiento alarmante de delitos violentos y mafias que traspasan fronteras. |
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, expuso la realidad de su país respecto al accionar de los carteles de droga, mientras que el representante boliviano, Fernando Aramayo, contextualizó las dificultades en el marco de las tensiones internas y protestas que comprometen la gestión del presidente Rodrigo Paz. Con las firmas estampadas, los equipos técnicos iniciarán operaciones de intercambio inmediato y fijaron un plazo perentorio de 180 días para volver a reunirse y evaluar los primeros resultados verificables en el terreno.