Corrupción en Chubut: Casación ratificó la condena a Torres Otarola.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia desestimó las impugnaciones de las defensas y dejó firme la sentencia por la causa “Ñoquis calientes”. La exministra de Desarrollo Humano y Familia recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de quedar inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de concusión y fraude.
El máximo tribunal provincial ratificó el fallo de la Cámara Penal de Trelew y confirmó que la exfuncionaria exigía dinero a sus asesores directos y nombró estructuras jerárquicas que jamás prestaron servicios en el territorio chubutense. La resolución judicial rechaza de manera unánime los recursos extraordinarios presentados por los abogados defensores y convalida integralmente la Sentencia N° 78/2025 dictada el 12 de junio de 2025.
El fallo definitivo del Superior Tribunal llevó las firmas de los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidán, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto al camarista Martín Roberto Montenovo, cerrando el expediente de la Carpeta Judicial N° 7308 de la Oficina Judicial de Rawson. La investigación penal preparatoria y el debate oral estuvieron liderados por el fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Trelew.
Exigencia de retornos a legisladores y nombramientos fantasmas
La causa denominada mediáticamente como “Ñoquis calientes” destapó dos maniobras delictivas bien diferenciadas ejecutadas por Cecilia Torres Otarola en sus diferentes etapas dentro del Estado provincial:
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Retornos salariales: Durante su mandato como diputada provincial, la funcionaria implementó un sistema de recaudación donde exigía a sus asesores el embolso de aproximadamente el 50% de sus haberes mensuales. El dinero era recolectado por Silvana Cañumil y transferido a las cuentas de la legisladora. El tribunal encuadró este accionar en el delito de concusión, determinando que no se trataba de aportes voluntarios sino de una imposición ilegal basada en su posición de poder.
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Fraude ministerial: En su posterior gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, Torres Otarola designó formalmente a Mara Lorena Rodera como directora general, y a Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles en cargos de directores provinciales. La pesquisa judicial acreditó que los tres implicados residían en la provincia de Buenos Aires y percibían los sueldos del Estado de Chubut sin haber cumplido jamás un solo día de funciones efectivas.
Penas de ejecución condicional e inhabilitación perpetua
Con la desestimación de los planteos de los defensores particulares Romano Cominetti y Florencia Ana Aida Barba, las condenas adquirieron el carácter de cosa juzgada, imponiéndose además las costas del proceso a las partes vencidas. De este modo, quedó ratificada la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso para la exministra Torres Otarola.
Por su parte, los coimputados Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles recibieron penas de dos años de prisión de ejecución condicional como coautores de fraude a la administración pública. El fallo del máximo organismo de justicia remarcó el grave perjuicio económico ocasionado al erario público provincial mediante el uso ilegítimo de los recursos del Estado, aplicando a la totalidad de los involucrados la inhabilitación especial perpetua para el desempeño en la función pública.