La Justicia de Chubut logró desarticular una organización delictiva familiar y de confianza que se dedicaba a la sustracción, faena ilegal y posterior comercialización de animales ovinos en la región cordillerana
A través de un juicio abreviado, los tres involucrados reconocieron su autoría en el delito de abigeato, evitando el debate oral tras las contundentes pruebas recolectadas por las autoridades fiscales y policiales.
La investigación judicial desbarató una red de abigeato que operaba en la Estancia La Elvira
La causa penal estuvo liderada por el procurador de fiscalía Ismael Cerda, en un trabajo conjunto con la División de Asuntos Rurales de la Policía de la Provincia. A lo largo del proceso investigativo, los sabuesos lograron acumular evidencia irrefutable mediante el uso de escuchas e intervenciones telefónicas, registros de geolocalización de dispositivos móviles, tareas de seguimiento de campo y operacionales de entrega vigilada.
Toda la maniobra delictiva damnificó de forma directa al propietario del establecimiento rural «La Elvira», una histórica estancia patagónica ubicada sobre la Ruta Provincial 14, en el trayecto que conecta los parajes de El Pescado y la localidad de Gualjaina. El perjuicio económico y la vulneración de la propiedad privada rural motivaron el rápido accionar de las fuerzas policiales de la provincia.
El puestero del campo faenaba los corderos y los enviaba en encomiendas hacia la terminal
El engranaje delictivo funcionaba a partir de una traición laboral interna. El encargado del cuidado de las ovejas, Juan José Penchulef, de 38 años, aprovechaba el acceso irrestricto y la total confianza de sus patrones para seleccionar y apoderarse de los animales. De acuerdo con el expediente, Penchulef sustrajo al menos 17 corderos en dos tandas organizadas, registrándose la primera de ellas en noviembre de 2023 y la segunda exactamente un año después.
El mecanismo de comercialización estaba previamente pactado con Pamela Gisel Del Rio, también de 38 años. El puestero realizaba la faena clandestina dentro de la estancia, acondicionaba los cuerpos doblados en cajas de cartón y los sacaba a caballo hasta la ruta. Allí los despachaba en colectivos de línea hacia Esquel. Del Rio los recibía en la terminal cordillerana para su distribución en el mercado negro local, dividiendo los dividendos económicos de las ventas ilegales. Asimismo, se detectó un envío paralelo a la pareja del puestero, Ana Beatriz González, destinado tanto a la reventa como al consumo de su núcleo familiar.
Justicia de Esquel dictó prisión condicional y multas millonarias para los implicados
Frente a la solidez de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal, las partes involucradas arribaron a un acuerdo de juicio abreviado antes de ingresar a las audiencias comunes. El juez interviniente ratificó las condenas de dos años de prisión de ejecución condicional para el empleado infiel Juan José Penchulef y para su cómplice de distribución Pamela Gisel Del Rio, sumado al pago obligatorio de una multa económica impuesta que asciende a los 2.100.000 pesos para costear los daños ocasionados.
Por otro lado, la situación procesal de la tercera implicada, Ana Beatriz González, se resolvió a través de una salida alternativa del conflicto judicial por el cargo menor de encubrimiento. La mujer debió realizar una petición de disculpas formales ante el damnificado del campo y las autoridades pertinentes en sede judicial, y recibió adicionalmente la obligación de cumplir un total de 20 horas de trabajos y tareas comunitarias en beneficio de la sociedad.