Un terremoto político e inmobiliario de proporciones impensadas sacude los cimientos del poder en la provincia de Chubut.
Una gravísima presentación comunitaria apunta de manera directa contra la cúpula del Ejecutivo provincial por un presunto y descarado caso de apropiación ilegal de tierras del Estado en beneficio personal. La indignación social crece minuto a minuto en la cordillera ante lo que se perfila como una muestra obscena de privilegios institucionales, donde arterias clave de circulación urbana habrían sido devoradas por el patrimonio privado de los hombres de confianza del gobernador.
La impunidad habitacional encendió las alarmas de toda la comunidad andina. Estalló un verdadero escándalo en Chubut: denuncian que el Escribano de Gobierno Juan Cruz Lagos usurpó una Avenida pública en Esquel. Las familias afectadas ya no toleran el silencio de las delegaciones oficiales y exigen la inmediata restitución de los trazados viales que figuran aprobados en los registros catastrales del municipio pero que, en la realidad, están bloqueados por alambres de púas.
El mapa de la infamia: la Avenida Irigoyen quedó dentro de un campo privado
La presentación formal fue impulsada con firmeza por la familia Ellis en compañía de numerosos residentes del sector que conecta la traza urbana con la reconocida zona de la Laguna La Z. Los denunciantes comprobaron, planos oficiales en mano, que un tramo proyectado para la continuidad de la Avenida Hipólito Irigoyen fue anexado de forma clandestina y quedó atrapado dentro de una estancia vinculada directamente a la figura del escribano de Gobierno, Juan Cruz Lagos. La maniobra no solo bloquea el desarrollo urbanístico de la localidad, sino que expone una ingeniería de favores cruzados.
Lo que más furia genera en la ciudadanía es la parálisis absoluta de los estamentos de control. Pese a las reiteradas denuncias, no se ha registrado ningún tipo de intervención de la Municipalidad de Esquel, de la Justicia de Faltas ni de la Fiscalía local. «¿Qué habría ocurrido si en lugar de un funcionario provincial el involucrado fuera un vecino común?», se preguntan con justa razón los habitantes de la zona, trazando un paralelismo directo con los salvajes y veloces operativos de desalojo que el Estado ejecuta de forma inmediata cuando familias vulnerables ocupan de manera precaria tierras fiscales en las laderas de los cerros.
Renuncias por pedidos incómodos y los lazos ocultos con el poder
Esta denuncia penal y administrativa no representa un hecho aislado en la carrera del funcionario, quien ya arrastra un frondoso historial de polémicas asociadas a oscuros negocios inmobiliarios en la Patagonia. La tensión interna en los pasillos gubernamentales es total: en los ámbitos políticos locales circula con fuerza la versión de que la reciente renuncia del ex Director de Catastro, Rodrigo Fernández, se produjo debido a reiteradas presiones y «pedidos incómodos» para otorgar tratamientos diferenciales y excepciones dominiales por fuera de las reglamentaciones vigentes.
El caso reactivó el descontento social sobre el entramado de negocios privados, loteos VIP e inversiones inmobiliarias que salpican de forma constante a funcionarios, familiares y amigos cercanos al entorno del gobernador Ignacio «Nacho» Torres. La comunidad cordillerana exige auditorías urgentes y transparencia total para erradicar la sospecha de que existen ciudadanos de primera y de segunda ante la ley. Mientras la intendencia mira para otro lado, el alambrado sigue en pie y la Avenida Irigoyen continúa secuestrada por el poder político.