La jornada escolar de este lunes 3 de agosto arrancará bajo una profunda incertidumbre en todo el país.
La convocatoria a un paro nacional de docentes decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) amenaza con paralizar de forma dispar las aulas en las distintas provincias, abriendo un escenario de dudas para millones de familias sobre si los colegios abrirán sus puertas o si habrá dictado de clases normal.
Reclamos salariales, Fonid congelado y la postura de los gremios de la CGT
La medida de fuerza impulsada por CTERA responde a un paquete de demandas salariales y laborales motivadas por la congelación del haber mínimo del sector en 500.000 pesos durante el último año. Entre las exigencias se destacan la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una ley de financiamiento educativo, además de rechazar la reforma previsional y la «Ley de Libertad Educativa».
Los sindicatos docentes integrados en la Confederación General del Trabajo (CGT) optaron por un plan de lucha sin suspensión de clases, con jornadas a reglamento y charlas informativas. Asimismo, la central obrera brindará una conferencia este lunes a las 14:00 en Azopardo 802 para anunciar una marcha hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
El Gobierno fiscalizará las escuelas para exigir un 75% de presencialidad
Por su parte, el Poder Ejecutivo anunció que desplegará inspecciones en todo el territorio nacional para garantizar el funcionamiento escolar. La Secretaría de Trabajo, dependiente de la cartera conducida por Sandra Pettovello, realizará una fiscalización muestral para comprobar el cumplimiento del artículo 101 de la Ley N.º 27.802, norma que declara la educación como servicio esencial y exige asegurar una prestación mínima del 75% durante las huelgas.
Pese a existir un trasfondo de disputa judicial —luego de que una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendiera la esencialidad educativa mientras se evalúa la cuestión de fondo—, el Gobierno sostuvo que la apelación presentada mantiene la validez de la norma y confirmó que aplicará sanciones a los sindicatos o establecimientos que incumplan la reglamentación.