El Palacio San Martín fijó una postura contundente frente al reciente incidente fronterizo que involucró a una comitiva de dirigentes de izquierda y sindicalistas de nuestro país
El canciller argentino, Pablo Quirno, respaldó públicamente la decisión del gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, de denegar el ingreso a su territorio de una misión humanitaria que pretendía fiscalizar presuntas violaciones a los derechos humanos. Para la administración de Javier Milei, el Ejecutivo boliviano actuó bajo el estricto uso de sus «facultades soberanas».
«Inconsistencias» migratorias y el retorno forzado de la delegación
A través de sus canales oficiales en la red social X, Quirno detalló los motivos técnicos que fundamentaron el rechazo migratorio en el aeropuerto internacional de El Alto durante la madrugada de este lunes. «Se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana», argumentó el canciller, confirmando además que las sedes consulares en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia de rutina.
La comitiva rechazada estaba integrada por figuras de alto perfil opositor, entre ellos el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biasi, legisladora porteña por el Partido Obrero (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; y Alejandrina Barry, referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. A los dirigentes les retuvieron la documentación y se los obligó a abordar un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra para emprender el inmediato regreso a la Argentina.
Denuncias de «secuestro» y acusaciones de dictadura militar
Al arribar de regreso al país, los integrantes de la frustrada misión humanitaria lanzaron durísimas acusaciones contra las fuerzas de seguridad del vecino país y cuestionaron la inacción cómplice de la Cancillería argentina. Vanina Biasi denunció públicamente que el grupo fue «secuestrado con represión policial» en la pista de aterrizaje, asegurando que el régimen político actual en Bolivia se transformó en «una verdadera dictadura militar» que busca criminalizar la protesta social e instalar el Estado de sitio.
Por su parte, Alejandrina Barry corroboró la gravedad de los hechos relatando que las autoridades fronterizas «no los dejaban bajar del avión» y que montaron un operativo de amedrentamiento permanente. La activista denunció además que el personal de migración boliviano intentó obligarlos a firmar un acta oficial con «causas truchas» sobre los verdaderos objetivos del viaje, abriendo un nuevo foco de conflicto ideológico y político entre los bloques de izquierda locales y la política exterior del Gobierno nacional.