El vertiginoso desembarco de las plataformas digitales de transporte encendió una intensa polémica en Puerto Madryn, donde la política local busca saldar una discusión que lleva más de dos años de estancamiento.
Desde el Concejo Deliberante advierten sobre los riesgos de operar sin regulación estatal y buscan consensuar un marco normativo que garantice condiciones de seguridad para los pasajeros frente a la irrupción de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify.
Defensa del sistema tradicional y la propuesta para integrar aplicaciones
En medio de las distintas posturas legislativas, el concejal del Partido Justicialista, Federico Garitano, enfatizó la prioridad de resguardar a quienes prestan servicio en el esquema municipal regulado. Detrás del sector de taxis y remises se encuentran más de 600 familias portuarias. La alternativa promovida desde el bloque peronista plantea habilitar el uso de las plataformas digitales, pero limitando su operatividad exclusivamente a los vehículos habilitados del sistema tradicional.
Esta propuesta apunta a evitar la competencia desleal y asegurar que los viajes solicitados, por ejemplo por turistas que arriban a la ciudad en cruceros, sean ejecutados por unidades que cumplan con la antigüedad y las inspecciones requeridas, cobrando las tarifas fijadas por la app. Garitano citó antecedentes de otras jurisdicciones del país como Buenos Aires y Mendoza, donde los controles sobre autos particulares suelen resultar ineficaces en la práctica.
Seguridad de los pasajeros, vacíos legales y el pedido de bloqueo
Otro de los ejes críticos en la discusión gira en torno a la responsabilidad civil y laboral ante posibles siniestros. La falta de sedes físicas o representación comercial en la ciudad por parte de las multinacionales complica la canalización de reclamos frente a eventuales incidentes. Además, se abordó la solicitud impulsada por representantes del sector de taxis para aplicar un bloqueo tecnológico a las aplicaciones dentro del municipio, una medida que, según anticiparon las autoridades, indefectiblemente derivará en un escenario de judicialización como ocurrió en otros puntos del país.
El debate se desarrolla en paralelo al nuevo marco de la reforma laboral sobre plataformas y continúa en comisiones a la espera de un proyecto unificado que equilibre la modernización tecnológica con la fiscalización municipal.