El Gobierno nacional formalizó este miércoles una actualización en la estructura de ingresos de las Fuerzas Armadas, orientada a reconocer de manera directa la capacitación académica y el nivel técnico alcanzado por los integrantes de las distintas dependencias militares
La medida busca jerarquizar los haberes del sector en un contexto de readecuación del sistema de Defensa.
A través de una normativa de necesidad y urgencia dictada por el Poder Ejecutivo, se introdujo una modificación en el esquema de haberes que impactará de forma positiva en los ingresos mensuales de los uniformados. De acuerdo con los lineamientos oficiales, este esquema representa una reconfiguración interna orientada a incentivar la formación continua dentro de las filas.
Creación de un beneficio adicional remunerativo
La adecuación salarial se instrumentó formalmente bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026. La medida legal lleva la rúbrica del presidente Javier Milei, junto con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la de los restantes ministros que componen el gabinete nacional.
La parte central del decreto dictamina la creación de un beneficio adicional que reviste carácter estrictamente remunerativo. Este suplemento, según detalla la letra de la norma, alcanzará hasta un máximo de un 25% de los haberes mensuales del personal militar en actividad. Al tener naturaleza remunerativa, el impacto de este porcentaje se trasladará de forma directa al cálculo de los aguinaldos y otros componentes previsionales.
Reconocimiento técnico y académico militar
El espíritu del incremento salarial radica en establecer un escalonamiento diferenciado basado en la preparación profesional de los uniformados. Desde el seno del Ejecutivo nacional señalaron que la arquitectura de este adicional busca premiar el esfuerzo de formación continua, la especialización operativa y los títulos técnicos y académicos que los agentes aportan al cumplimiento de sus tareas estratégicas.
Con este incremento, las autoridades apuntan a reducir las brechas históricas que afectaban el poder adquisitivo del sector de defensa nacional, en sintonía con las reestructuraciones presupuestarias previstas para el ejercicio vigente.