El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) de Chubut logró la recuperación formal de una casa en Comodoro Rivadavia tras constatar que no estaba cumpliendo con el fin habitacional para el cual había sido adjudicada.
La unidad, identificada como la número 8 del complejo 16 Viviendas del barrio Ciudadela, quedó nuevamente bajo el dominio del organismo provincial y será entregada a un grupo familiar que cumpla con los requisitos del registro de inscriptos.
La medida se alcanzó tras completar el correspondiente trámite legal de desalojo y recupero de la propiedad, en el marco de las auditorías e inspecciones permanentes que lleva adelante el IPV en distintos barrios de la provincia para garantizar el uso efectivo de las viviendas sociales.
Proceso legal y reasignación prioritaria
Desde la cúpula del IPV explicaron que el procedimiento se inició al verificar que el inmueble permanecía deshabitado de forma prolongada, vulnerando el reglamento del sistema habitacional público mientras numerosas familias continúan aguardando una respuesta en la ciudad petrolera.
Al concluir las actuaciones administrativas y judiciales, la vivienda fue reincorporada al circuito formal administrado por el Estado provincial, lo que permitirá asignarla en el corto plazo a una familia postulante que cuente con toda la documentación en regla.
Normativa sobre el uso de viviendas sociales
En relación con el operativo en Ciudadela, desde el IPV emitieron una advertencia sobre las condiciones obligatorias que rigen para los beneficiarios de los programas habitacionales públicos.
El organismo recordó que las propiedades entregadas deben ser utilizadas de manera exclusiva como residencia permanente del grupo familiar adjudicado. En tal sentido, ratificaron que los inmuebles no pueden ser prestados, cedidos ni destinados a alquileres temporarios mientras la propiedad no se encuentre cancelada en su totalidad.
Asimismo, remarcaron que, ante la detección de desocupación, alquileres informales u ocupaciones irregulares, el organismo notifica formalmente a los titulares e inicia los procesos sancionatorios o legales correspondientes para recuperar la vivienda y ponerla a disposición de la comunidad.