El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cargó con dureza contra la jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez, luego de que la magistrada resolviera flexibilizar el régimen de detención en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.
La medida judicial establece que los internos pasen progresivamente de una hora diaria a casi seis horas fuera de los calabozos, lo que provocó una fuerte reacción de la conducción del Poder Ejecutivo provincial.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una rueda de prensa en el marco de los actos oficiales por el aniversario de Aldea Beleiro. En ese contexto, Torres enmarcó la resolución en un choque doctrinal con el «garantismo judicial».
«Es una tomada de pelo más. Lamentablemente, yo lo dije no hace tanto, hace un mes aproximadamente, cuando nos querían obligar a darle asado a los presos. Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes», aseveró Torres.
Criticas al garantismo judicial y foco en las víctimas
En su intervención, el titular del Ejecutivo provincial relacionó el fallo con las discusiones pendientes sobre las condiciones de encierro y el rol de las instituciones judiciales frente a los hechos de inseguridad.
«Estamos hablando de gente que cometió un delito y parecen estos jueces garantistas estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas. La verdad que es triste, indigna, es frustrante, pero hay que decirlo», enfatizó.
Asimismo, Torres sostuvo que cuenta con el respaldo ciudadano para apelar decisiones judiciales de esta índole.
«El acompañamiento de la gente que entiende que ese garantismo hizo un daño enorme a toda la Argentina y también particularmente a Chubut es ratificante porque nos permite apelar con la firme convicción de que nosotros tenemos que cuidar a los ciudadanos de bien, a los chubutenses de bien», agregó.
El origen del planteo judicial y el antecedente de la magistrada
La resolución firmada por Suárez no otorga el beneficio de forma masiva ni inmediata, sino que dispone un esquema paulatino supeditado a la conducta y condición individual de cada recluso. La medida surgió tras un hábeas corpus presentado por seis internos, quienes alegaron que la hora disponible resultaba insuficiente para la higiene personal y el orden de los calabozos.
Desde la Defensa Pública, el defensor Julián Pulgar argumentó que los reos permanecían encorralados hasta 23 horas al día en habitáculos de tres por cuatro metros, contraviniendo las directrices internacionales de resocialización.
El caso cobra mayor resonancia pública por el historial institucional de la jueza. En 2023, Suárez fue destituida por el Tribunal de Enjuiciamiento tras viralizarse imágenes filmadas en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew junto al condenado Cristian «Mai» Bustos. No obstante, en junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió restituirla en sus funciones tras detectar irregularidades en el debido proceso del jury, lo que le permitió asumir la subrogancia en los fueros de Ejecución Penal.