Una feroz batalla económica y legislativa se desató en la Argentina tras conocerse la letra chica del nuevo andamiaje normativo que busca reconfigurar el mapa productivo nacional.
La aprobación en la Cámara Baja encendió las alarmas en el sector empresarial local debido a las asimetrías extremas que consolida este esquema. Mientras los gigantes multinacionales se frotan las manos ante un escenario de ganancias extraordinarias, los industriales nacionales denuncian un estado de desprotección total frente a los capitales globales.
La polémica iniciativa legal avanza a paso firme hacia el Senado, respaldada por la sólida mayoría que el oficialismo logró consolidar en el recinto. El polémico proyecto de ley cosechó fuertes resistencias en las provincias debido al violento recorte de potestades tributarias que impone, confirmándose abiertamente que el Súper RIGI: beneficios extraordinarios para megainversores y poco margen para empresarios argentinos avanza hacia una sanción definitiva que cambiará las reglas del juego por tres décadas.
Exenciones impositivas VIP y estabilidad por 30 años: Los detalles del blindaje
La normativa fija un piso de ingreso colosal de USD 1.000 millones por proyecto, obligando a los adjudicatarios a desembolsar al menos el 20 por ciento de esa cifra durante los primeros dos años. Para calificar, los pulpos internacionales deberán canalizar sus capitales a través de los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas a medida de cada emprendimiento que permiten la participación directa de firmas constituidas en el exterior. El blindaje político y económico es total: el texto consagra una estabilidad normativa absoluta por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, permitiendo además que cualquier conflicto con el Estado argentino sea dirimido en tribunales de arbitraje internacionales.
El paquete de privilegios fiscales otorgado por la Casa Rosada no tiene precedentes en la historia reciente de la región. Los megainversores gozarán de una alícuota reducida del 15 por ciento en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen marginal del 3,5 por ciento sobre dividendos, y la eliminación inmediata y total de los derechos de exportación (retenciones). A esto se suma la exención absoluta de aranceles para las importaciones de insumos y bienes de capital, una reducción de las contribuciones patronales al 10 por ciento para nuevos empleos y la libre disponibilidad progresiva de divisas, que alcanzará el 100 por ciento de los dólares generados a partir del tercer año de vigencia.
El desprecio a la industria nacional y el fuerte golpe a las cajas provinciales
La contracara del Súper RIGI es el desolador panorama que deja para el entramado productivo argentino. El proyecto excluye explícitamente cualquier iniciativa destinada a la ampliación, modernización o reconversión de instalaciones industriales preexistentes. Al fijar una vara de ingreso tan ridículamente alta, el régimen deja afuera a la inmensa mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas locales que sostienen el empleo en el país. Cámaras empresariales y bloques opositores advierten con dureza que se está entregando un trato preferencial escandaloso a corporaciones de afuera mientras se asfixia y margina a las firmas locales que ya operan en el territorio.
La presión oficialista también golpea directamente al federalismo fiscal. Para poder recibir estas megainversiones en sectores clave como inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores e infraestructura digital, las provincias se verán forzadas a firmar pactos de estabilidad fiscal que destruyen sus autonomías. La ley impone un tope del 0,50 por ciento para el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos a estos emprendimientos y prohíbe de forma tajante la aplicación de tasas o tributos locales sobre los actos, contratos y operaciones vinculadas a las inversiones del régimen.