Causa Vialidad: Cristina Kirchner presentó nuevos recursos para frenar el decomiso de sus bienes tras el fallo de la Corte.
La batalla legal en torno a la ejecución de la condena por la causa Vialidad sumó un capítulo de altísima tensión patrimonial. Un día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la actualización del monto del decomiso, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner movió sus fichas judiciales e interpuso un recurso de queja con el objetivo de frenar la ejecución, el embargo y el eventual remate de sus activos. Se trata de una estrategia coordinada que también adoptó de forma simultánea el empresario patagónico Lázaro Báez.
La resolución del Máximo Tribunal, que rechazó de plano los planteos de nulidad de las defensas, dejó en firme una cifra millonaria que los condenados deberán afrontar de manera solidaria, trasladando el conflicto directamente al terreno de la ejecución económica.
Sideral actualización de la cifra a recuperar
El núcleo de la disputa radica en el valor económico del daño patrimonial estipulado por la Justicia. La Corte convalidó la indexación de los montos, lo que elevó el decomiso a la histórica cifra de $684.990 millones.
Este número surge de actualizar los aproximadamente $85.000 millones que habían sido determinados originalmente en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, cuando se condenó a la ex mandataria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tras comprobarse irregularidades en 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
Los activos en la mira y el blindaje a Máximo y Florencia
Con el fallo adverso de la Corte, la Justicia se encuentra en condiciones de avanzar sobre una importante estructura de bienes inmuebles y comerciales. Entre los activos de Cristina Kirchner que podrían quedar alcanzados por las órdenes de ejecución figuran:
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Propiedades residenciales ubicadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Santa Cruz.
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Complejos hoteleros vinculados directamente a las firmas comerciales de la familia Kirchner.
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Cuentas bancarias y otros activos financieros identificados a lo largo de la década de instrucción de la causa.
Por su parte, la defensa técnica de la ex vicepresidenta, liderada por el abogado Carlos Beraldi, busca trazar una línea de contención legal para excluir del proceso los bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner. El argumento central de la defensa sostiene que no existen pruebas fehacientes dentro del expediente que demuestren que dichos activos provengan de los ilícitos investigados.
Sin efecto suspensivo automático y con fuerte impacto político
A pesar de la celeridad de los abogados defensores para presentar los recursos de queja, especialistas en derecho constitucional advierten que este tipo de presentaciones no tienen efecto suspensivo automático. Esto significa que la presentación del recurso no paraliza el accionar de la Justicia ordinaria, la cual está técnicamente habilitada para avanzar en la identificación, tasación y peritaje de los bienes sujetos a embargo.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó formalmente tomar intervención en la administración y custodia de los bienes decomisados, bajo la premisa de que los activos provenientes o vinculados a delitos de lavado de dinero deben quedar bajo la estricta órbita de organismos estatales especializados.
Mientras la ex mandataria insiste en denunciar una campaña de persecución judicial en su contra, la ratificación de las condenas y el inicio del recupero de bienes es interpretado por el arco político oficialista como un hito clave en la lucha contra la impunidad en la obra pública argentina.