La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un paso decisivo en la internacionalización de su estrategia judicial tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
En las últimas horas, la exmandataria incorporó a su equipo de defensa al jurista brasileño Rafael Valim, reconocido por haber asesorado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Valim se sumará a la articulación de los recursos con los que la defensa buscará impugnar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina.
El especialista brasileño trabajará en forma conjunta con el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ya colabora en la elaboración de las presentaciones ante organismos y tribunales internacionales.
Quién es Rafael Valim y cómo será la estrategia judicial
Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional y es considerado un referente en el estudio del fenómeno del lawfare. De hecho, es coautor de la obra Lawfare: una introducción junto a Cristiano Zanin —actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil— y Valeska Teixeira Zanin Martins.
En declaraciones vertidas al medio brasileño Metrópoles, el jurista adelantó que viajará a la Argentina para formalizar los siguientes pasos de la defensa:
«En los próximos días presentaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que seguiremos en esta nueva etapa del caso», confirmó Valim.
Asimismo, el abogado fue categórico al fundamentar el reclamo que llevarán ante las cortes internacionales, al sostener que la expresidenta fue víctima de «graves violaciones de derechos humanos fundamentales» durante el trámite de la causa.
El escenario de la causa Vialidad tras los fallos de la Corte
La incorporación de los letrados internacionales se produce en un momento determinante de la causa. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner para frenar la actualización del decomiso.
Con esa resolución, quedó ratificada la obligación de restituir al Estado la suma de $685.000 millones, cifra fijada por el tribunal como resarcimiento por el perjuicio económico derivado de las maniobras de administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz.
Agotadas las instancias de revisión en el fuero ordinario nacional, el equipo de letrados centrará su acción en los tribunales internacionales para cuestionar la validez del proceso.