Casino de Esquel: la Legislatura exige respuestas a la Justicia por las indemnizaciones de los despedidos.
La Legislatura de Chubut aprobó un pedido de informes dirigido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para conocer en detalle el estado de las causas judiciales vinculadas con Trewelyn S.A., la empresa concesionaria de las salas de juego que operaban en Esquel y Trevelin.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Aquino, establece un plazo de cinco días hábiles para que la circunscripción judicial de Esquel informe sobre las medidas cautelares, los bienes embargados y las perspectivas de cobro para los trabajadores afectados por el cierre de los establecimientos.
Puntos clave del pedido de informes
El requerimiento aprobado por los legisladores busca clarificar el panorama patrimonial y procesal de la firma, detallando aspectos fundamentales:
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Situación de los inmuebles: Se solicita conocer el estado, alcance y vigencia de las restricciones que pesan sobre los edificios donde funcionaban las salas, ubicados en avenida Ameghino 2009 (Esquel) y avenida San Martín 1155 (Trevelin).
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Inventario de activos: El cuerpo legislativo pidió un detalle sobre el equipamiento tecnológico destinado a los juegos, bienes muebles y otros activos registrados a nombre de Trewelyn S.A. o de sus responsables directos.
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Plazos para las indemnizaciones: El objetivo central del reclamo es determinar los tiempos procesales estimados para que los exempleados puedan percibir los montos indemnizatorios correspondientes tras meses de incertidumbre y falta de respuestas.
El reclamo de los trabajadores
El conflicto, que lleva varios meses sin resolución definitiva, ha dejado a numerosas familias sin sustento y sin el cobro de sus liquidaciones tras la baja de la concesión. Ante la falta de avances, los trabajadores han debido recurrir a diversas instancias legales e incluso organizar actividades solidarias, como un mate bingo, para recaudar fondos y sostenerse económicamente.
Con este pedido de informes, la Legislatura busca presionar y transparentar el avance de las causas, exigiendo a la Justicia precisiones sobre las garantías y los bienes que deberán responder ante las obligaciones salariales e indemnizatorias pendientes.