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Despidos

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La fría indiferencia empresarial se manifestó en CPC, en Chubut, donde más de 70 trabajadores fueron notificados de sus despidos al llegar al obrador. Este acto, lejos de ser un caso aislado, ilustra la avaricia rampante en algunas empresas de construcción en la provincia.

Esta situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también pone de manifiesto la falta de supervisión y control en las prácticas laborales de ciertas constructoras.

Estas empresas de construcción han encontrado en la obra pública una fuente inagotable para enriquecerse, sin mostrar el más mínimo interés por el bienestar de los trabajadores ni por la calidad de las obras.

En lugar de ser socios en el desarrollo de la provincia, las empresas solo ven al Estado como su proveedor perpetuo. Criticando al mismo Estado del cual dependen, cuando se producen variables económicas, utilizando las licitaciones de obras públicas como un medio para obtener beneficios económicos sin asumir riesgos.

Los despidos son una de las dos caras de esta realidad que revela una mentalidad empresarial centrada únicamente en las ganancias, sin importar las consecuencias para los trabajadores ni para la comunidad, que necesita de las obras púbicas. El hecho de que estas compañías puedan operar de esta manera sin consecuencias severas es un indicador de una falta de regulación y supervisión adecuada.

La falta de un enfoque integral en el desarrollo económico y social de Chubut, especialmente en el sector de la construcción, es evidente en la ausencia de programas de empleo y desarrollo establecidos por estas empresas. En lugar de generar oportunidades laborales y contribuir al progreso sostenible, prefieren contratar mano de obra temporal y carecer de un plan de contingencia ante instancias económicas adversas. El Estado siempre paga, siempre pierde y la sociedad no puede aprovechar una planificación ordenada de las obras.

El Estado y la sociedad deberán exigir responsabilidad a estas empresas. La obra pública no debe ser un terreno de juego para la avaricia y la explotación. Es una herramienta para el desarrollo colectivo, y las empresas que no están dispuestas a contribuir de manera justa y ética deben ser señaladas y sancionadas.

Es por eso, que la manifestación de los trabajadores de CPC, bloqueando la Ruta 3, en el sur de Chubut, es un nuevo llamado de atención ante estas reiteradas maniobras que comprometen la estabilidad laboral y la continuidad de las obras sin siquiera apelar al tiempo y la realidad por la que transita el País y la Provincia a días del comienzo de una nueva gestión política, que no deberá tener este tipo de acciones como norte de relación con este tipo de empresarios sino que deberá exigir cambios significativos en la regulación de las empresas de construcción para garantizar un entorno laboral justo y la finalización de las obras para todos.

Faltan 10 días para que asuma la presidencia Javier Milei pero ya comenzaron los despidos. La poderosa Nissan Renault abrió el registro para retiros voluntarios de trabajadores en su planta de la provincia de Córdoba. La automotriz, en medio de la actual crisis y con el anuncio en mano de que se vienen dos años de «estanflación», espera que se inscriban 450 operarios.

La intención de Nissan-Renault es achicar la planta de empleados, tanto para los contratados como los efectivos con antigüedad.

Las modalidades para quienes se quieran ajustar serán dos: En un caso, los monotributistas o con contrato por plazos, en caso de aceptar van a cobrar una indemnización y tres meses de haberes.

En tanto, los operarios efectivos recibirán la indemnización más seis sueldos.

Desde la automotriz indicaron que «estamos analizando distintos escenarios y evaluando aquellos que generen el menor impacto tanto para la planta como para los equipos.

Trabajamos para mantener nuestra planta operativa al máximo de su capacidad, preservando los empleos tanto como sea posible y adaptándonos a las condiciones del mercado».

En caso que alcancen a la totalidad de los despidos, implicaría un achicamiento del 15% en su actual plantel de empleados en el país.

Mercedes Benz ya recortó Otro de los actores centrales del mundo automotriz, Mercedes Benz, decidió retiros voluntarios para su personal e inició un programa de retiros en octubre para sus trabajadores de la planta bonaerense de Virrey del Pino.

Jorge Ávila, secretario general del Sindicato, dijo que Tecpetrol dejaría gente sin trabajo en Comodoro Rivadavia. Pese a los avances con el Gobierno nacional, la movilización sigue en pie a menos que se evite la desafectación de trabajadores.

Meta Platforms, firma matriz propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció hoy el despido de cerca de 10.000 empleados, que se suma al recorte de 11.000 que realizó en noviembre último.

Los despidos buscan reducir los gastos y mejorar la eficiencia –según informó la empresa tecnológica- e incluirán el cierre de 5.000 puestos vacantes congelando así las nuevas contrataciones por el momento.

El director ejecutivo de Meta y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizó la necesidad de priorizar determinados proyectos cancelando aquellos de “baja prioridad” tras subrayar durante la publicación del último balance que 2023 será “el año de la eficiencia”.

Parte del proceso de reestructuración interna se concentra en eliminar algunos puestos de gerencia intermedia y, en otros casos, solicitar que regresen a un rol de contribución en lugar de dirigir a otros empleados, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Meta registró una ralentización de sus ganancias en publicidad de la mano del retorno a las actividades pre pandemia y la menor dinámica en la economía mundial: en 2022 la empresa publicó su primera caída anual en ingresos de un 42%.

Zuckerberg en los últimos años viró el foco de Meta a la tecnología de realidad virtual y el llamado “metaverso”, aunque diversos analistas subrayaron su escepticismo sobre si esta tecnología representará verdaderamente el próximo “boom”.

Al igual que otras empresas tecnológicas que anunciaron despidos recientemente como Amazon, la planta de Meta se expandió dramáticamente durante la pandemia de la mano del alza de las ventas pensando que estas se sostendrían en el tiempo.

El total de empleados se expandió en un 30% en 2020 y, luego, un 23% en 2021, llegando a totalizar más de 87.000 empleados a noviembre pasado, antes de iniciarse los despidos.

Se espera que los despidos se completen a fines de abril en los sectores tecnológicos de Meta y para fines de mayo en los roles empresariales, aunque en algunos casos se podrían extender hasta fin de año.

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos Florencia Papaiani se refirió esta mañana al proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio sobre las indemnizaciones y aseguró: “La postura que tenemos como sector político es que el Estado facilite el empleo, y no que facilite los despidos, tenemos que trabajar en medidas para que se puedan tomar más empleados”.

“Cuando lo hablamos con el sector empresario lo que nos han explicitado es la necesidad de bajas en la presión fiscal, en que los beneficios por zona desfavorable puedan verse reflejados en crédito fiscal para abonar otros impuestos nacionales”, detalló Papaiani.

En ese sentido, la candidata afirmó: “Creo que hay muchas medidas que se tienen que tomar para mantener el empleo y para generar más puestos de trabajo. Jamás trabajaríamos para que sea más fácil despedir a la gente. Lo que tenemos que trabajar desde el Estado es para que haya un Estado presente que ayude a que las empresas puedan tomar cada vez más empleados”.

Además, Florencia Papaiani brindó detalles sobre la reunión con el presidente Alberto Fernández que mantuvieron el martes pasado en Casa Rosada junto a los candidatos Carlos Linares, Rafael De Bernardi y Eugenia Alianello, e intendentes .

“Charlamos sobre temas que hacen a la provincia de Chubut y que es necesario trabajar con el gobierno nacional, como es la necesidad de tarifas sociales en los servicios públicos, la reducción del precio final a los combustibles, la necesidad de mayor conectividad aérea para la industria turística, así como los beneficios que fuimos perdiendo en la Patagonia con el gobierno anterior”, explicó Papaiani.

El Gobierno nacional resolvió la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones «sin justa causa» o por «fuerza mayor», ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, según informaron fuentes oficiales.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional dispuso prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la «prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor».

También estableció la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de «fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».

Negocia con el Gobierno la extensión del decreto que prohíbe las cesantías y prevé renovar con la UIA el acuerdo de 2020 que fija un límite a los recortes salariales.

De manera preventiva, como una primera reacción ante un horizonte que se anticipa incierto, la cúpula de la CGT reactivó negociaciones a dos bandas con el Gobierno y las principales cámaras empresariales para evitar que la segunda ola de coronavirus impacte con fuerza en el empleo. Temen en los gremios que las restricciones ante el rebrote se traduzcan en despidos, suspensiones y en la alteración del calendario de paritarias, que avanza por ahora en línea con la pauta inflacionaria del 29 por ciento anual que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los sindicalistas renovaron sus gestiones con el Gobierno para garantizar la continuidad del decreto que prohíbe los despidos, que vence el 24 del mes en curso, así como también el mecanismo de doble indemnización por cesantías sin causa. Ambos temas sobrevolaron ayer la reunión que mantuvo el gabinete económico, aunque no hubo una resolución oficial al respecto.

En paralelo, distintos referentes de la CGT abrieron conversaciones informales con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para prever una eventual renovación del acuerdo para fijar una suerte de piso del porcentaje salarial a pagar en caso de suspensiones en actividades que estén paralizadas por la pandemia. Como en 2020, el trato sería que los recortes no superen el 25% del salario neto, según confiaron fuentes gremiales. La intención sería mantener los niveles de empleo y proteger las fuentes de trabajo en caso de que se detenga el músculo productivo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está al tanto de las negociaciones, aunque sabe que aún no se concretó el apretón de manos, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

“Aspiramos a que no se pare la producción ni haya cierre de plantas. Vayamos paso a paso”, planteó un jerárquico de la UIA ante las versiones sobre la renovación del acuerdo con la CGT por las suspensiones. Otro empresario de peso de la entidad fabril dio por hecho que el acuerdo se renovará, aunque no precisó cuándo. Dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el curso de la pandemia.

Los gremios, en tanto, esperan expectantes el impacto de las restricciones y las eventuales nuevas medidas que puedan implementarse en caso de que la situación sanitaria no mejore y no se logre el amesetamiento de los contagios. Se teme un parate transitorio en algunas industrias que mostraron incluso un leve repunte, como es el caso de la construcción.

Envueltos en esa incertidumbre, que se potencia por el alza inflacionaria, los delegados de la CGT reabrieron gestiones con empresarios y funcionarios del gabinete de Alberto Fernández. Y pidieron, además, retomar el régimen de audiencias cada 45 días con el Presidente, una práctica que se aceitó a fines del año pasado, pero que no duró más de tres encuentros en cadena.

Audiencia en Olivos
La CGT aspira a que el encuentro con Fernández se concrete en el corto plazo, ni bien le otorguen el alta médica por su contagio de Covid. La urgencia tiene un motivo: el vencimiento de la normativa que restringe los despidos e insistir en la necesidad de no interrumpir la actividad económica más allá de lo que depare la pandemia. “Si mantenemos los protocolos no habría razones para frenar la actividad. Necesitamos que se siga trabajando”, dijo un dirigente de un gremio industrial.

Recién llegado a la Casa Rosada y casi tres meses antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, Fernández dispuso en 2019 que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrían derecho a percibir la doble indemnización. La medida, que sirve para blindar el empleo, se podría prorrogar hasta el primer semestre de este año, según aventuró un sindicalista antes de la reunión que tuvo ayer el gabinete económico.

El vaticinio sindical no tuvo por ahora correlato en los despachos oficiales en los que se cocinaría la posible prórroga. Moroni, por ejemplo, evitó ayer dar precisiones sobre el futuro de la medida que blinda el empleo. El jefe de la cartera laboral, sin embargo, suele repetir que se trata de una “medida excepcional”, por lo que no sería extraño que se anunciara una nueva extensión del decreto.

En paralelo, la CGT negocia con el Gobierno los reintegros a las obras sociales sindicales. El supuesto retraso en los pagos ya generó cortocircuitos con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Los gremialistas reconocen que unas 30 obras sociales están en estado crítico, con una “inviabilidad absoluta”, y que el déficit mayor se dio por las coberturas de las prestaciones de alta complejidad. Estimaron una pérdida del sistema de unos 1000 millones de pesos por mes, según advirtieron dos dirigentes que conocen desde hace años el rubro.

Lo aseguró el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo de la ciudad Hugo Schvemmer, que dio detalles de las reuniones mantenidas la semana pasada en Buenos Aires por el Intendente. Repasó los proyectos con los que se pretende avanzar en breve y sobre la promoción que se ha hecho del Parque Industrial. “El objetivo es recuperar parte del empleo que fue perdiendo Trelew”, apuntó.

Los detalles los brindó a Radio 3 el titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Productivo y Economía Social de Trelew, Hugo Schvemmer, quien hizo un repaso de los encuentros que mantuvo la semana pasada el intendente Adrián Maderna con diferentes sectores en Buenos Aires.

Destacó así que “seguramente ha sido de las visitas y viajes más productivos que hemos tenido”, ya que “visitamos el Parque Industrial más grande la Latinoamérica -y- nos reunimos con autoridades y empresarios”.

Confirmó que allí “llevamos la propuesta a las empresas para que se instale acá”, repasando que se podría tratar del “mismo proceso que se hizo cuando se visitó Mar del Plata. Después se instaló una empresa y en este año posiblemente se instale otra”.

Repasó así que la política del Ejecutivo local apunta a “recuperar parte del empleo que fue perdiendo Trelew en los últimos año”, principalmente en lo vinculado al Parque Industrial.

Destacó en este sentido que “paramos los despidos que teníamos. Veníamos de muchos años de pérdida de fuentes de trabajo y eso se detuvo y comenzamos a recuperar”, señaló.

Repasó que “se instalaron empresas pesqueras y hay otros que están reactivando sus proyectos”, reconociendo que la ocupación de mano de obra “no se da en un volumen importante, pero sí de a poco”.

En cuanto a las reuniones mantenidas con Nación y los proyectos a emprender, el titular del área de Economía Social sentenció que “plantemos profundizar el proceso productivo -porque- tenemos mucha producción de alimentos pero vinculadas a las hortalizas y queremos profundizar”.

“Eso lo tenemos que complementar con carne y leche. Hoy ya nos vamos a poner a trabajar para armar pequeñas granjas de animales chicos comogallinas, conejos, algo de ovinos y caprinos”, detalló.

Destacó que para ello “tenemos las tierras, en las parcelas del INTA todavía hay una buena parte para instalar granjas”; a lo que también se puede incorporar “a los productores del valle que quieran formar parte de esta red”.

Sobre la producción de leche, Schvemmer remarcó que “lo que necesitamos es el financiamiento, porque el resto de la condiciones están dadas”.

Finalizó dando detalles del proyecto de cría de peces en cautiverio, manifestando que la intención es comenzar “a hacer algunas experiencias”. Explicó que esto “no solo mejora la alimentación sino que hay un mercado muy importante de las especies de nuestro río”.

“Muchos de los mercados buscan estos peces -y- queremos empezar a hacer experiencias de cría en cautiverio de truchas u otras especies”, lo cual estimó “seguramente en el corto plazo lo podamos hacer”, cerró.

Lo hizo a través del Decreto 961/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Previamente, ya había prorrogado la prohibición de despidos y suspensiones.

Luego de haber prorrogado la prohibición de suspensiones y despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y razones de fuerza mayor, el Gobierno también extendió “hasta el 25 de enero de 2021″ la doble indemnización. Lo hizo a través Decreto 961/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, continuará vigente la medida que fue implementada por el presidente Alberto Fernández poco después de asumir al frente de la Casa Rosada y que, tras sucesivas prórrogas, vencía el próximo 17 de diciembre.

A diferencia de las veces anteriores, en esta ocasión la ampliación no fue por 180 días, sino hasta el 25 de enero del año que viene. Esta decisión ya había sido anunciada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante una reunión que mantuvo a mediados de este mes con dirigentes de la CGT, en medio de tensiones entre las autoridades nacionales y la central obrera.

En ese encuentro, el funcionario también había confirmado que se iba a mantener la prohibición de los despidos y las suspensiones, que junto a la doble indemnización fueron los principales reclamos que le hicieron los dirigentes gremiales.

El Decreto de este lunes, firmado por el propio Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, estableció la extensión de esta última medida que se enmarca dentro de la “emergencia pública en materia ocupacional”, declarada el 13 de diciembre de 2019.

Por lo tanto, durante este periodo “en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización” que le correspondería normalmente.

En el texto, al igual que las veces anteriores, el Gobierno aclaró que este beneficio no aplica para aquellas personas que hayan sido contratadas “con posterioridad a la entrada en vigencia” de la norma original ni para el Sector Público Nacional, “con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

Entre los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo coronavirus”, por lo que la situación “exige prorrogar la oportuna adopción de medidas” tendientes a garantizar “que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo” a las personas.

Entre otros puntos, las autoridades remarcaron que esta decisión se toma ” en el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social”.

“Resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia”, sostuvo el Gobierno.

Por último, se destacó que, “tal como sucedió en el momento del dictado de la medida original y de su ampliación”, esta normativa busca “atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras formales”.

En su momento, Moroni explicó por qué habían prorrogado la doble indemnización cuando ya estaban prohibidos los despidos: “Quedaban una serie de situaciones como el despido indirecto, cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador. En ese caso si no prorrogábamos la doble indemnización iba a tener una indemnización simple”, indicó.

“Se da el caso también de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. Entonces para completar la protección teníamos que mantener la doble indemnización”. “Lo que estamos protegiendo son esas situaciones que no quedaban alcanzadas por la prohibición de despidos”, agregó.

Prorrogan la prohibición de despidos y la doble indemnización. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el gobierno nacional prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y hasta fines de febrero la doble indemnización.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro del área, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según indicaron a Télam fuentes de la cartera de Trabajo, donde prorrogan la prohibición de despidos y la doble indemnización.

En declaraciones radiales, Moroni sostuvo además que el Estado «no se retira» de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que «readecua» esa ayuda, al tiempo que señaló que «los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos» con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno.

«Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor», sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red.

«Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor»

CLAUDIO MORONI

La doble indemnización -que vence el 25 de este mes- será prorrogada hasta «fines de febrero» prorrogan la ley , según precisó Moroni sobre el decreto que ya fuera anteriormente extendido tres veces en el marco de las medidas para morigerar el impacto económico del aislamiento social para frenar el avance del coronavirus.

El funcionario explicó que la medida buscó desde un primer momento «proteger los contratos» en un contexto de pandemia, por lo cual «desde marzo suspendimos los despidos sin causa y las suspensiones sin pago de salario, y ahora seguimos con esta prórroga, por lo que no hay ninguna novedad».

«Si bien estamos entrando en una etapa importante de recuperación económica, consideramos que no hemos salido plenamente (de las consecuencias de la pandemia) por lo que mantenemos estas medidas», indicó.

Por otra parte, sobre la generación de empleo, el titular de la cartera laboral consideró que «necesitamos llevar adelante un plan de desarrollo como el que impulsa el Gobierno» y remarcó que existe una «vocación» de ir hacia adelante en ese tema porque la generación de trabajo «no es un hongo que crece solo».

También dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es «una herramienta extraordinaria» que dejará de ser implementada porque «estamos modificando los mecanismos de ayuda económica ya que se empieza a reactivar la actividad».

«Dijimos que el IFE era una medida extraordinaria en un contexto de parate de la economía, que ahora vemos, está repuntando. Creció el trabajo registrado en monotributistas y eso quiere decir que crece mucho el sector informal», argumentó.

Moroni afirmó que «esto, junto a otros indicadores, muestran que no es necesaria una asistencia tan extraordinaria como el IFE, pero sigue el Ministerio de Desarrollo, sigue la AUH y otros programas» y agregó: «Es decir que se readecua la asistencia, no es que el Estado se retira».

El ministro añadió que «no tiene sentido mantener el mismo grado de asistencia cuando estaba totalmente parada la economía que cuando uno ve que hay actividad» y dijo que esto «tiene que ver con la racionalidad», por ende prorrogan la ley .

Sobre la CGT

Moroni fue consultado también sobre el comunicado emitido esta semana por la CGT, donde la central sindical expresó su preocupación por las medidas «que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales».

En el texto, los sindicalistas sostuvieron que ante la continuidad de la pandemia «no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales».

Según Moroni, la relación con la CGT es «perfecta, como siempre, está bien» y añadió: «Es razonable que hayan canalizado sus inquietudes en un momento donde estamos entrando en una nueva etapa (de la pandemia) y donde estamos modificando los mecanismos de asistencia. Eso genera inquietudes».

No obstante, consideró que «en algunas cosas hay ansiedades o falta de información, como que se le podía cobrar las vacunas a las obras sociales, cuando nosotros dijimos claramente que las va a proveer el Estado. Por eso, yo creo que es una mezcla de cosas».

Jubilaciones

Por otro lado, dijo que «los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos» y argumentó que como «la jubilación es un sustituto de ingreso de la etapa activa, lo más justo, lo más razonable y lo más adecuado es que evolucione al mismo ritmo».

Esta semana, la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional avanzó en la firma de la propuesta impulsada por el oficialismo sobre movilidad jubilatoria, que contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández.

«A su vez, le agregamos un componente que es la recaudación tributaria que de algún modo muestra si hay incremento en la riqueza global de la Argentina», completó en declaraciones a CNN radio.

El titular de la cartera laboral puntualizó que «ninguna fórmula funciona en el vacío» porque «funcionan dentro de un marco de política económica» que, en este caso, está orientada a que «el ingreso de los trabajadores crezca». prorrogan .