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La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos Florencia Papaiani se refirió esta mañana al proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio sobre las indemnizaciones y aseguró: “La postura que tenemos como sector político es que el Estado facilite el empleo, y no que facilite los despidos, tenemos que trabajar en medidas para que se puedan tomar más empleados”.

“Cuando lo hablamos con el sector empresario lo que nos han explicitado es la necesidad de bajas en la presión fiscal, en que los beneficios por zona desfavorable puedan verse reflejados en crédito fiscal para abonar otros impuestos nacionales”, detalló Papaiani.

En ese sentido, la candidata afirmó: “Creo que hay muchas medidas que se tienen que tomar para mantener el empleo y para generar más puestos de trabajo. Jamás trabajaríamos para que sea más fácil despedir a la gente. Lo que tenemos que trabajar desde el Estado es para que haya un Estado presente que ayude a que las empresas puedan tomar cada vez más empleados”.

Además, Florencia Papaiani brindó detalles sobre la reunión con el presidente Alberto Fernández que mantuvieron el martes pasado en Casa Rosada junto a los candidatos Carlos Linares, Rafael De Bernardi y Eugenia Alianello, e intendentes .

“Charlamos sobre temas que hacen a la provincia de Chubut y que es necesario trabajar con el gobierno nacional, como es la necesidad de tarifas sociales en los servicios públicos, la reducción del precio final a los combustibles, la necesidad de mayor conectividad aérea para la industria turística, así como los beneficios que fuimos perdiendo en la Patagonia con el gobierno anterior”, explicó Papaiani.

El Gobierno nacional resolvió la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones «sin justa causa» o por «fuerza mayor», ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, según informaron fuentes oficiales.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional dispuso prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la «prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor».

También estableció la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de «fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».

Negocia con el Gobierno la extensión del decreto que prohíbe las cesantías y prevé renovar con la UIA el acuerdo de 2020 que fija un límite a los recortes salariales.

De manera preventiva, como una primera reacción ante un horizonte que se anticipa incierto, la cúpula de la CGT reactivó negociaciones a dos bandas con el Gobierno y las principales cámaras empresariales para evitar que la segunda ola de coronavirus impacte con fuerza en el empleo. Temen en los gremios que las restricciones ante el rebrote se traduzcan en despidos, suspensiones y en la alteración del calendario de paritarias, que avanza por ahora en línea con la pauta inflacionaria del 29 por ciento anual que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los sindicalistas renovaron sus gestiones con el Gobierno para garantizar la continuidad del decreto que prohíbe los despidos, que vence el 24 del mes en curso, así como también el mecanismo de doble indemnización por cesantías sin causa. Ambos temas sobrevolaron ayer la reunión que mantuvo el gabinete económico, aunque no hubo una resolución oficial al respecto.

En paralelo, distintos referentes de la CGT abrieron conversaciones informales con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para prever una eventual renovación del acuerdo para fijar una suerte de piso del porcentaje salarial a pagar en caso de suspensiones en actividades que estén paralizadas por la pandemia. Como en 2020, el trato sería que los recortes no superen el 25% del salario neto, según confiaron fuentes gremiales. La intención sería mantener los niveles de empleo y proteger las fuentes de trabajo en caso de que se detenga el músculo productivo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está al tanto de las negociaciones, aunque sabe que aún no se concretó el apretón de manos, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

“Aspiramos a que no se pare la producción ni haya cierre de plantas. Vayamos paso a paso”, planteó un jerárquico de la UIA ante las versiones sobre la renovación del acuerdo con la CGT por las suspensiones. Otro empresario de peso de la entidad fabril dio por hecho que el acuerdo se renovará, aunque no precisó cuándo. Dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el curso de la pandemia.

Los gremios, en tanto, esperan expectantes el impacto de las restricciones y las eventuales nuevas medidas que puedan implementarse en caso de que la situación sanitaria no mejore y no se logre el amesetamiento de los contagios. Se teme un parate transitorio en algunas industrias que mostraron incluso un leve repunte, como es el caso de la construcción.

Envueltos en esa incertidumbre, que se potencia por el alza inflacionaria, los delegados de la CGT reabrieron gestiones con empresarios y funcionarios del gabinete de Alberto Fernández. Y pidieron, además, retomar el régimen de audiencias cada 45 días con el Presidente, una práctica que se aceitó a fines del año pasado, pero que no duró más de tres encuentros en cadena.

Audiencia en Olivos
La CGT aspira a que el encuentro con Fernández se concrete en el corto plazo, ni bien le otorguen el alta médica por su contagio de Covid. La urgencia tiene un motivo: el vencimiento de la normativa que restringe los despidos e insistir en la necesidad de no interrumpir la actividad económica más allá de lo que depare la pandemia. “Si mantenemos los protocolos no habría razones para frenar la actividad. Necesitamos que se siga trabajando”, dijo un dirigente de un gremio industrial.

Recién llegado a la Casa Rosada y casi tres meses antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, Fernández dispuso en 2019 que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrían derecho a percibir la doble indemnización. La medida, que sirve para blindar el empleo, se podría prorrogar hasta el primer semestre de este año, según aventuró un sindicalista antes de la reunión que tuvo ayer el gabinete económico.

El vaticinio sindical no tuvo por ahora correlato en los despachos oficiales en los que se cocinaría la posible prórroga. Moroni, por ejemplo, evitó ayer dar precisiones sobre el futuro de la medida que blinda el empleo. El jefe de la cartera laboral, sin embargo, suele repetir que se trata de una “medida excepcional”, por lo que no sería extraño que se anunciara una nueva extensión del decreto.

En paralelo, la CGT negocia con el Gobierno los reintegros a las obras sociales sindicales. El supuesto retraso en los pagos ya generó cortocircuitos con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Los gremialistas reconocen que unas 30 obras sociales están en estado crítico, con una “inviabilidad absoluta”, y que el déficit mayor se dio por las coberturas de las prestaciones de alta complejidad. Estimaron una pérdida del sistema de unos 1000 millones de pesos por mes, según advirtieron dos dirigentes que conocen desde hace años el rubro.

Lo aseguró el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo de la ciudad Hugo Schvemmer, que dio detalles de las reuniones mantenidas la semana pasada en Buenos Aires por el Intendente. Repasó los proyectos con los que se pretende avanzar en breve y sobre la promoción que se ha hecho del Parque Industrial. “El objetivo es recuperar parte del empleo que fue perdiendo Trelew”, apuntó.

Los detalles los brindó a Radio 3 el titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Productivo y Economía Social de Trelew, Hugo Schvemmer, quien hizo un repaso de los encuentros que mantuvo la semana pasada el intendente Adrián Maderna con diferentes sectores en Buenos Aires.

Destacó así que “seguramente ha sido de las visitas y viajes más productivos que hemos tenido”, ya que “visitamos el Parque Industrial más grande la Latinoamérica -y- nos reunimos con autoridades y empresarios”.

Confirmó que allí “llevamos la propuesta a las empresas para que se instale acá”, repasando que se podría tratar del “mismo proceso que se hizo cuando se visitó Mar del Plata. Después se instaló una empresa y en este año posiblemente se instale otra”.

Repasó así que la política del Ejecutivo local apunta a “recuperar parte del empleo que fue perdiendo Trelew en los últimos año”, principalmente en lo vinculado al Parque Industrial.

Destacó en este sentido que “paramos los despidos que teníamos. Veníamos de muchos años de pérdida de fuentes de trabajo y eso se detuvo y comenzamos a recuperar”, señaló.

Repasó que “se instalaron empresas pesqueras y hay otros que están reactivando sus proyectos”, reconociendo que la ocupación de mano de obra “no se da en un volumen importante, pero sí de a poco”.

En cuanto a las reuniones mantenidas con Nación y los proyectos a emprender, el titular del área de Economía Social sentenció que “plantemos profundizar el proceso productivo -porque- tenemos mucha producción de alimentos pero vinculadas a las hortalizas y queremos profundizar”.

“Eso lo tenemos que complementar con carne y leche. Hoy ya nos vamos a poner a trabajar para armar pequeñas granjas de animales chicos comogallinas, conejos, algo de ovinos y caprinos”, detalló.

Destacó que para ello “tenemos las tierras, en las parcelas del INTA todavía hay una buena parte para instalar granjas”; a lo que también se puede incorporar “a los productores del valle que quieran formar parte de esta red”.

Sobre la producción de leche, Schvemmer remarcó que “lo que necesitamos es el financiamiento, porque el resto de la condiciones están dadas”.

Finalizó dando detalles del proyecto de cría de peces en cautiverio, manifestando que la intención es comenzar “a hacer algunas experiencias”. Explicó que esto “no solo mejora la alimentación sino que hay un mercado muy importante de las especies de nuestro río”.

“Muchos de los mercados buscan estos peces -y- queremos empezar a hacer experiencias de cría en cautiverio de truchas u otras especies”, lo cual estimó “seguramente en el corto plazo lo podamos hacer”, cerró.

Lo hizo a través del Decreto 961/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Previamente, ya había prorrogado la prohibición de despidos y suspensiones.

Luego de haber prorrogado la prohibición de suspensiones y despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y razones de fuerza mayor, el Gobierno también extendió “hasta el 25 de enero de 2021″ la doble indemnización. Lo hizo a través Decreto 961/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, continuará vigente la medida que fue implementada por el presidente Alberto Fernández poco después de asumir al frente de la Casa Rosada y que, tras sucesivas prórrogas, vencía el próximo 17 de diciembre.

A diferencia de las veces anteriores, en esta ocasión la ampliación no fue por 180 días, sino hasta el 25 de enero del año que viene. Esta decisión ya había sido anunciada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante una reunión que mantuvo a mediados de este mes con dirigentes de la CGT, en medio de tensiones entre las autoridades nacionales y la central obrera.

En ese encuentro, el funcionario también había confirmado que se iba a mantener la prohibición de los despidos y las suspensiones, que junto a la doble indemnización fueron los principales reclamos que le hicieron los dirigentes gremiales.

El Decreto de este lunes, firmado por el propio Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, estableció la extensión de esta última medida que se enmarca dentro de la “emergencia pública en materia ocupacional”, declarada el 13 de diciembre de 2019.

Por lo tanto, durante este periodo “en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización” que le correspondería normalmente.

En el texto, al igual que las veces anteriores, el Gobierno aclaró que este beneficio no aplica para aquellas personas que hayan sido contratadas “con posterioridad a la entrada en vigencia” de la norma original ni para el Sector Público Nacional, “con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

Entre los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo coronavirus”, por lo que la situación “exige prorrogar la oportuna adopción de medidas” tendientes a garantizar “que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo” a las personas.

Entre otros puntos, las autoridades remarcaron que esta decisión se toma ” en el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social”.

“Resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia”, sostuvo el Gobierno.

Por último, se destacó que, “tal como sucedió en el momento del dictado de la medida original y de su ampliación”, esta normativa busca “atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras formales”.

En su momento, Moroni explicó por qué habían prorrogado la doble indemnización cuando ya estaban prohibidos los despidos: “Quedaban una serie de situaciones como el despido indirecto, cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador. En ese caso si no prorrogábamos la doble indemnización iba a tener una indemnización simple”, indicó.

“Se da el caso también de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. Entonces para completar la protección teníamos que mantener la doble indemnización”. “Lo que estamos protegiendo son esas situaciones que no quedaban alcanzadas por la prohibición de despidos”, agregó.

Prorrogan la prohibición de despidos y la doble indemnización. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el gobierno nacional prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y hasta fines de febrero la doble indemnización.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro del área, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según indicaron a Télam fuentes de la cartera de Trabajo, donde prorrogan la prohibición de despidos y la doble indemnización.

En declaraciones radiales, Moroni sostuvo además que el Estado «no se retira» de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que «readecua» esa ayuda, al tiempo que señaló que «los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos» con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno.

«Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor», sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red.

«Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor»

CLAUDIO MORONI

La doble indemnización -que vence el 25 de este mes- será prorrogada hasta «fines de febrero» prorrogan la ley , según precisó Moroni sobre el decreto que ya fuera anteriormente extendido tres veces en el marco de las medidas para morigerar el impacto económico del aislamiento social para frenar el avance del coronavirus.

El funcionario explicó que la medida buscó desde un primer momento «proteger los contratos» en un contexto de pandemia, por lo cual «desde marzo suspendimos los despidos sin causa y las suspensiones sin pago de salario, y ahora seguimos con esta prórroga, por lo que no hay ninguna novedad».

«Si bien estamos entrando en una etapa importante de recuperación económica, consideramos que no hemos salido plenamente (de las consecuencias de la pandemia) por lo que mantenemos estas medidas», indicó.

Por otra parte, sobre la generación de empleo, el titular de la cartera laboral consideró que «necesitamos llevar adelante un plan de desarrollo como el que impulsa el Gobierno» y remarcó que existe una «vocación» de ir hacia adelante en ese tema porque la generación de trabajo «no es un hongo que crece solo».

También dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es «una herramienta extraordinaria» que dejará de ser implementada porque «estamos modificando los mecanismos de ayuda económica ya que se empieza a reactivar la actividad».

«Dijimos que el IFE era una medida extraordinaria en un contexto de parate de la economía, que ahora vemos, está repuntando. Creció el trabajo registrado en monotributistas y eso quiere decir que crece mucho el sector informal», argumentó.

Moroni afirmó que «esto, junto a otros indicadores, muestran que no es necesaria una asistencia tan extraordinaria como el IFE, pero sigue el Ministerio de Desarrollo, sigue la AUH y otros programas» y agregó: «Es decir que se readecua la asistencia, no es que el Estado se retira».

El ministro añadió que «no tiene sentido mantener el mismo grado de asistencia cuando estaba totalmente parada la economía que cuando uno ve que hay actividad» y dijo que esto «tiene que ver con la racionalidad», por ende prorrogan la ley .

Sobre la CGT

Moroni fue consultado también sobre el comunicado emitido esta semana por la CGT, donde la central sindical expresó su preocupación por las medidas «que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales».

En el texto, los sindicalistas sostuvieron que ante la continuidad de la pandemia «no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales».

Según Moroni, la relación con la CGT es «perfecta, como siempre, está bien» y añadió: «Es razonable que hayan canalizado sus inquietudes en un momento donde estamos entrando en una nueva etapa (de la pandemia) y donde estamos modificando los mecanismos de asistencia. Eso genera inquietudes».

No obstante, consideró que «en algunas cosas hay ansiedades o falta de información, como que se le podía cobrar las vacunas a las obras sociales, cuando nosotros dijimos claramente que las va a proveer el Estado. Por eso, yo creo que es una mezcla de cosas».

Jubilaciones

Por otro lado, dijo que «los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos» y argumentó que como «la jubilación es un sustituto de ingreso de la etapa activa, lo más justo, lo más razonable y lo más adecuado es que evolucione al mismo ritmo».

Esta semana, la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional avanzó en la firma de la propuesta impulsada por el oficialismo sobre movilidad jubilatoria, que contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández.

«A su vez, le agregamos un componente que es la recaudación tributaria que de algún modo muestra si hay incremento en la riqueza global de la Argentina», completó en declaraciones a CNN radio.

El titular de la cartera laboral puntualizó que «ninguna fórmula funciona en el vacío» porque «funcionan dentro de un marco de política económica» que, en este caso, está orientada a que «el ingreso de los trabajadores crezca». prorrogan .

El Gobierno nacional anunció que volverá a extender la prohibición de despidos, que rige en el contexto de pandemia, hasta enero de 2021 y que prorrogará la doble indemnización.

Así, lo confirmaron esta tarde funcionarios del Gobierno a la CGT. Entre el lunes o martes se publicarían los decretos correspondientes.

La imposibilidad de interrumpir el vínculo laboral de manera unilateral continuará al menos por otros 60 días, hasta enero de 2021, mientras que la duplicación indemnizatoria podrá seguir vigente hasta mediados del año próximo aunque en el Ejecutivo analizan cambios en su instrumentación para focalizar la protección en los trabajadores más desprotegidos.

La doble indemnización fue impuesta por Alberto Fernández en diciembre del año pasado, pocos días después de asumir, por 180 días y como coletazo de la puesta en vigor de la emergencia pública en materia sanitaria, y se prorrogó hasta fin de año. Mientras que la prohibición de cesantías y suspensiones sin causa fue motivada por la cuarentena, en marzo pasado, se implantó por 60 días y fue extendida cada bimestre desde entonces. Los dos mecanismos fueron instrumentados por decreto.

En tanto, el Gobierno oficializó hoy la creación de una segunda versión del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), a cargo del Ministerio de Trabajo, por el que pagará a los trabajadores de las empresas adheridas una suma a cuenta de sus correspondientes remuneraciones de hasta 9.000 pesos mensuales.

En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea menor a 9.000 pesos, el subsidio será igual a la remuneración neta, según la Resolución 938/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El beneficio se extenderá por dos meses, aunque la inscripción será mensual, y las empresas a las que alcanzará «se determinará considerando la cantidad de empleadoras y empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, las condiciones imperantes de la economía nacional y el presupuesto asignado al Programa», según detalla la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Fuente: Ámbito

Lo aseguró la propietaria de un gimnasio en medio de la marcha que realizaron este viernes para manifestarle a las autoridades municipales contra el cierre de sus espacios de trabajo. “No están escuchando las necesidades que tiene la población” aseguraron.

En diálogo con FM La Petrolera, Alejandra Pylipczuk del Gimnasio Pylypz Gym de kilómetro 8 dijo que “es urgente la apertura necesitamos trabajar ya hace 7 meses que estamos inactivos con parates de 15 días, y no se puede sostener la economía ni la salud qué es lo que nosotros estamos pidiendo la gente necesita hacer actividad física para no desarmarse más”.

En este sentido, dijo “Creo que se tienen que sentar a escuchar a la población, qué es lo que no están haciendo, sentarse y escuchar de verdad las necesidades que tiene el pueblo que son básicas ellos pueden revertir la situación, simplemente tiene que animarse a ser lo que es lo que no hacen”.

Asimismo la propietaria del gimnasio de km. 8 indicó que “cada gimnasio, cada institución debe tener alrededor de 15 o más personas, multiplícalo por 70 gimnasios y me estoy quedando afuera de lugares de danzas o de otras instituciones que de beber más de 150 son 500 personas capaz, que me quedo corta que se están quedando sin puestos de trabajo”.

Finalmente, sobre la posibilidad de ser atendidos por autoridades municipales, aseguró “ojalá alguien, se anime a contactarnos y a resolvernos la situación porque estamos esperando una respuesta concreta y no discursos que sea los venimos escuchando desde hace mucho para resolver esto lo más pronto posible”.

El gobierno decidió extender la prohibición de los despidos y las suspensiones de personal por otros 60 días, por lo que la medida estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. El decreto correspondiente seria publicado mañana en el Boletín Oficial.

Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1 de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.

El decreto renovará la prohibición de despedir con exactamente las mismas condiciones en que viene rigiendo hasta ahora. Así, las empresas seguirán sin poder echar a sus trabajadores sin justa causa, por los motivos de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

Con esta decisión, el Gobierno sostener los puestos de trabajo existentes en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. No obstante, la pérdida de puestos de trabajo es importante. De acuerdo con la información del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Cabe destacar que estos datos no comprenden a los trabajadores del sector informal.

A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700, despidos con o sin causa). En ese período, las suspensiones alcanzaron las 568.000.

Según la Cámara de Comercio, durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El decreto 624/2020, que mantiene la prohibición hasta el 30 de septiembre dispone en su artículo 4° que “los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. Ese principio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, se aclaró.

Los fundamentos de la medida de el Gobierno, sostenidos a lo largo de las renovaciones, enfatizan que la decisión se toma “en el marco de la emergencia pública” generada por la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. “Esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”, expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 624. Y agregó: “Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.

Oposición empresarial

Desde que se sancionó el decreto original, el 1° de abril, las empresas siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no cumplen con su objetivo, ya que los despidos se producen de todas maneras. “La realidad es que por más que por ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, señaló días pasados a Infobae el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

“Esta norma no ayuda para nada porque el Gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo” apuntó Grinman, quien destacó que según las estimaciones de la CAC durante la cuarentena se cerraron en forma definitiva entre 25.000 y 30.000 comercios.

El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, apuntó que las empresas “están reorganizándose” y enfrentando el problema de “digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el directivo. La industria perdió en estos meses unos 40.000 trabajadores (4% de 1 millón), una cifra similar a los del período 2015-2019.

Fuente: Infobae

Frente a una «crisis excepcional», el decreto prorrogó la medida tomada al inicio de la cuarentena para asegurar a los trabajadores «que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo».

Este miércoles, entró en vigor el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández donde se prorroga por 60 días la prohibición de despidos. De esta forma, la medida de emergencia seguirá vigente hasta el 31 de septiembre próximo.

La medida fue extendida por primera vez a través del decreto 487 firmado por el Presidente el 19 de mayo, que finaliza este 31 de julio, y comprende trabajadores dependientes y a los que disponen de regímenes especiales, como la construcción o trabajadoras de casas particulares, que también sufrieron importantes desvinculaciones.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno consideró que «esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo».