El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 6 de agosto de 2026 dos órdenes ejecutivas destinadas a restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento y frenar el denominado «turismo de maternidad»
La medida se produce pocas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia invalidara en junio una orden previa más amplia.
Durante la firma en el Despacho Oval, el mandatario calificó de «lamentable» el fallo del alto tribunal y argumentó que la administración realizó ajustes técnicos para poner fin a negocios que explotan el sistema migratorio.
Puntos clave de las órdenes ejecutivas
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Restricción al turismo de maternidad: Firma una directiva que instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a endurecer el otorgamiento de visados e impedir el ingreso al país de mujeres extranjeras cuyo objetivo principal sea dar a luz en suelo estadounidense para obtener la ciudadanía de sus hijos.
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Ampliación de excepciones de ciudadanía: Un segundo decreto redefine las categorías de personas cuyos hijos quedarían excluidos del derecho automático a la ciudadanía. La lista incluye a descendientes de miembros de organizaciones terroristas extranjeras, empleados o cabilderos de gobiernos extranjeros, personas que utilicen métodos fraudulentos o transacciones comerciales para dar a luz en el país, y nacidos en determinados territorios donde la ciudadanía no esté ratificada por estatuto federal.
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Argumentación del Ejecutivo: La Casa Blanca y el asesor Stephen Miller sostienen que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de 1868 fue redactada originalmente para los hijos de personas esclavizadas liberadas tras la Guerra Civil y no para extranjeros en situación irregular o visitantes temporales.
Antecedentes y disputa legal
El pasado 30 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó (con un fallo 6-3 en el caso Trump v. Barbara) que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida dentro de la jurisdicción territorial del país.
Diversas organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), anunciaron que acudirán nuevamente a los tribunales. La organización sostuvo que ningún decreto presidencial puede reescribir la Constitución ni sobrepasar la decisión previa dictada por el máximo tribunal de justicia.