En medio de las intensas discusiones por el proyecto del Presupuesto 2027, el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se encamina a firmar este miércoles los dictámenes sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Frente a la controversia generada por el articulado original enviado por el Poder Ejecutivo, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados trabajan a contra reloj en una propuesta alternativa que busca desactivar el conflicto parlamentario.
El plenario de comisiones, encabezado por los legisladores libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, fue el escenario donde quedaron al descubierto los contrapuntos en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del Presupuesto presentados por el ministro de Economía, Luis Caputo, los cuales desalinearon el trabajo legislativo que venía desarrollando el oficialismo.
Los puntos de la controversia y las reformas en análisis
El texto enviado por el Ejecutivo establecía la derogación del artículo 8° de la Ley de Emergencia en Discapacidad —que garantiza la cobertura y el programa médico obligatorio para los titulares de pensiones no contributivas— y del artículo 9 de la ley de 1948, norma que regula las pensiones inembargables por invalidez y vejez. Asimismo, planteaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas.
Frente al rechazo de varios bloques, el oficialismo aceptó revisar la letra chica e impulsar una ley permanente que reemplace el esquema de emergencia. Entre los principales cambios en estudio, se evalúa mantener la actualización periódica del nomenclador mediante ajustes automáticos atados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
En relación con las pensiones no contributivas, si bien el Gobierno insiste en reforzar las auditorías y exigir la evaluación socioeconómica junto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cedió en un punto neurálgico: la propuesta revisada admitirá la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado. En paralelo, bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales reclaman incluir un esquema para saldar deudas con prestadores de servicios por atrasos acumulados en 2024.
Durante el plenario, la diputada Silvana Giudici enfatizó la búsqueda de consensos dentro del cuerpo legislativo:
«Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones», afirmó la diputada Silvana Giudici.
Por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) remarcó el cambio de enfoque normativo que impulsa el bloque oficialista:
«Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos que algunos he escuchado hoy surgen recientemente pero que viene históricamente relegada de las políticas públicas en la Argentina», sostuvo la diputada Laura Rodríguez Machado.
La postura de la oposición y la firma de dictámenes
De manera paralela, la oposición encabezada por Unión por la Patria junto a bancadas provinciales y de la izquierda firmará un dictamen de minoría que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El texto opositor cuenta con las firmas de Juan Marino, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (UxP), Natalia de la Sota, Gisela Scaglia y Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad, Yolanda Vega y Yamila Ruiz (Argentina Federal), Nicolás del Caño (FIT), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).
Sin embargo, la mirada política permanece fija en la posición final que adoptarán los diputados de Argentina Federal referenciados en los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes mantienen negociaciones abiertas con el Gobierno nacional para definir el curso del proyecto integral.