El RIGI bajo la lupa: cuántos proyectos fueron aprobados, el ingreso de divisas y los interrogantes sobre el costo fiscal.
A dos años de la promulgación de la Ley Bases y la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a mediados de 2024, el balance oficial y los reportes de organizaciones de la sociedad civil exponen el impacto y las dudas persistentes en torno a la herramienta clave de atracción de capitales impulsada por la administración de Javier Milei.
Proyectos presentados, aprobados y montos en juego
De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio del RIGI en base a información oficial, el flujo de iniciativas muestra un volumen significativo de anuncios, aunque con un porcentaje importante de carpetas todavía bajo análisis:
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Total presentado: Entre agosto de 2024 y abril de 2026 se registraron 35 proyectos por un monto global que asciende a US$ 81.104 millones.
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Proyectos aprobados: Hasta abril de 2026 se aprobaron formalmente 15 iniciativas por un total de US$ 29.025 millones (14 de ellas ya cuentan con su respectiva resolución ministerial). El único rechazo formal registrado hasta el momento recayó sobre el proyecto presentado por la minera china Ganfeng Lithium.
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En evaluación: Los 19 proyectos restantes —que representan unos US$ 51.099 millones— continúan bajo revisión en el Ministerio de Economía, lo que significa que aproximadamente el 64% de los capitales anunciados todavía no cuenta con la aprobación definitiva.
Cuánto dinero ingresó al país
La trazabilidad sobre los desembolsos concretos continúa siendo un terreno opaco debido a la falta de una plataforma de monitoreo sistemática. No obstante, según una presentación realizada por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington DC, los proyectos aprobados generaron hasta marzo de 2026 un flujo neto de divisas de US$ 762 millones, producto de ingresos brutos por US$ 1.205 millones y egresos por US$ 452 millones.
En paralelo, en respuesta a pedidos de acceso a la información pública, el Ejecutivo especificó que para los primeros 12 proyectos aprobados se proyectan desembolsos por US$ 1.920 millones durante sus primeros dos años de ejecución.
Concentración sectorial y origen de los capitales
El perfil del régimen mantiene una marcada concentración en actividades extractivas de rápida generación de divisas pero de baja intensidad en la creación de empleo directo a largo plazo:
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Sectores predominantes: Más del 95% de los proyectos y de los montos comprometidos se concentran en las industrias de minería e hidrocarburos, con epicentro en provincias como San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.
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Inversores: Las empresas de capital nacional tienen una fuerte presencia en el segmento de petróleo y gas, mientras que los desembolsos mineros provienen fundamentalmente de firmas de Suiza, Reino Unido, China, Canadá y Australia.
Desde el ámbito académico, investigadores del Observatorio advierten que el esquema no exige contraprestaciones estrictas en materia de industrialización local, agregación de valor o transición energética.
Empleo: expectativas versus realidad
Durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estimó que los proyectos aprobados generarían más de 36.873 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Sin embargo, los informes técnicos aclaran que estas proyecciones provienen de estimaciones de las propias empresas y deben analizarse distinguiendo las etapas del proceso:
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Gran parte del empleo proyectado se concentra en la fase inicial de construcción (con estimaciones privadas de más de 15.000 empleos directos y 50.000 indirectos).
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La etapa operativa permanente reduce considerablemente la demanda de mano de obra (calculada en unos 8.196 puestos directos y 17.575 indirectos), dado el carácter intensivo en capital y tecnología de las industrias extractivas.
Las dudas sobre el costo fiscal y el impacto del «Súper RIGI»
Uno de los puntos más debatidos es el costo fiscal potencial derivado de los beneficios fiscales que otorga el régimen —tales como la estabilidad fiscal por 30 años, la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exenciones aduaneras y eliminación de retenciones—.
Hasta el momento, el Gobierno no difundió una estimación oficial integral sobre la recaudación a la que el Estado renunciará. En contraste, estimaciones privadas como las del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculan que el costo fiscal anual podría alcanzar los US$ 1.069 millones una vez que los proyectos alcancen su plena operatividad (entre 2029 y 2033). Asimismo, informes del sector señalan que al menos siete de las inversiones aprobadas ya habían sido anunciadas con anterioridad a la creación del régimen, por lo que el esquema podría estar subsidiando iniciativas que de todos modos se habrían ejecutado.
Este escenario se da en paralelo al avance legislativo del denominado “Súper RIGI”, anunciado por Luis Caputo y Manuel Adorni a mediados de mayo, una versión ampliada orientada a captar capitales por un piso mínimo de US$ 1.000 millones en sectores tecnológicos avanzados como inteligencia artificial, centros de datos y refinado de cobre.